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LA REAL ACADEMIA TIENE VARIAS acepciones para sanguijuela: la primera es la de anélido que vive en las lagunas, pozos y arroyos y se alimenta con la sangre que chupa a los animales de los que se agarra.
Otra es la persona que va poco a poco sacándole a uno el dinero, alhajas y otras cosas. Las sanguijuelas a las que se refiere este artículo son de cuello blanco y en vez de chupar la sangre de los animales, lo que pretenden —y en innumerables casos logran— es apoderarse con impunidad de los recursos del Estado, o más concretamente, de los contribuyentes.
Los carteles de sanguijuelas usualmente están conformados por peritos, jueces, notarios y abogados operando bajo la dirección de ingenieros litigantes y políticos corruptos. ¿Y cómo operan estos nuevos carteles para obtener con pasmosa frecuencia fallos adversos a la Nación? En esencia, como lo señalábamos en reciente artículo, son profesionales y auxiliares del derecho (abogados y peritos) que en manguala con algunos jueces (principalmente de poblaciones pequeñas y medianas) han copiado e implementado astutas y novedosas estrategias jurídicas. El modus operandi de algunos carteles es relativamente sencillo: el cartel acude ante un juez promiscuo o penal, quien admite con sorprendente rapidez la tutela y otorgando sólo 48 horas para responder, ordena embargar las cuentas de alguna entidad estatal. Plata en mano, el juez divide el botín por mitades entre los accionantes y los abogados. Un juez penal en Montería, en nombre de unos accionantes en Boyacá, recientemente repartió la no despreciable suma de $1.527 millones de esa manera.
Los carteles de sanguijuelas, como las paletas, vienen de diferentes colores y sabores. Hay carteles especializados en saquear al Invías, en donde accionantes reclaman la no despreciable suma de $335.000 millones, el doble de lo que el gobierno ha girado para el invierno. Según la revista Semana (enero 17/11), el Estado se salvó en el último minuto, y por un pelo, de tener que pagar $34.000 millones a un cartel de sanguijuelas encabezado por un ingeniero especializado en demandar al Estado. Hay otro cartel integrado por jueces venales o ignorantes (o ambas cosas), abogados bribones y ex funcionarios codiciosos, cuyo objetivo principal es esquilmar al liquidado Telecom. Hace varios meses el exvicepresidente Francisco Santos denunció un cartel de abogados pícaros especializados en desfalcar al Estado con motivo de los pagos por la reparación a las víctimas de la violencia. Para Santos, estos abogados “son buitres que se nutren de la carroña de la violencia”. Este columnista no alberga la menor duda de que ya hay varios carteles de sanguijuelas estructurando sofisticados mecanismos para esquilmar a la Nación y apoderarse de los recursos destinados a enfrentar las calamidades del invierno. Los carteles de sanguijuelas —que en el pasado han logrado multimillonarios fallos en contra del Estado— seguirán mañana cosechando éxitos si no se les pone inmediata cortapisa. Los colombianos debemos tener claridad en que no hay ni va a haber recursos suficientes para colmar la codicia de estos sinvergüenzas.
Y posiblemente la parte más grave es el uso legal —aunque abusivo, cuestionable e improcedente— de la tutela, una todopoderosa arma constitucional que es utilizada por los cacos para expoliar a la Nación. Y como si el abuso de la tutela no fuera suficiente, el Consejo Nacional de la Judicatura (según recientes informes de prensa) es poco propenso a suspender y castigar a los jueces venales, o a retirarles la licencia de abogado a los letrados pícaros. Es raro el caso en que la Superintendencia de Notariado hubiera suspendido a un notario deshonesto. En Colombia, país singular, las armas y el escudo legal con los que los carteles de sanguijuelas atracan al Estado, se los proporciona es el mismo atracado.
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