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La Gobernación de Cundinamarca tiene vía libre para venderle a la Alcaldía de Bogotá los predios del antiguo hospital San Juan de Dios. Así lo definió la Asamblea Departamental, lo que en otro tiempo hubiera significado un importante paso para los planes del alcalde Gustavo Petro, quien pretendía que en los 24 edificios volviera a funcionar un centro asistencial de alta complejidad. Sin embargo, a menos de un mes de terminar su mandato, será poco lo que alcanzará a hacer.
Así el Distrito gire los $157.000 millones que cuesta el negocio y se convierta en el dueño antes del 31 de diciembre (como lo pretende), el proyecto para recuperar el lugar, sin su impulso, quedará prácticamente huérfano, ya que tiene una serie de pendientes que harán que la recuperación, tal y como la quiere el mandatario, probablemente se enrede a mediano plazo por falta de plata y de financiadores, y porque no son claras las pretensiones del alcalde electo, Enrique Peñalosa, quien heredará el plan después de haberlo criticado.
Petro deja estructurado, gracias a la Universidad Nacional, un Plan Especial de Manejo y Protección para el San Juan (PEMP), donde constan las intervenciones necesarias para recuperar el complejo de edificios y la estimación de que hacerlas tomará nueve años y costará $729.500 millones. La Alcaldía le presentó en septiembre ese documento al Ministerio de Cultura para su aprobación, pues se trata de un monumento nacional. El problema para las intenciones del alcalde es que falta un cierre financiero que defina quiénes ponen los recursos y de a cuánto. Aunque no es algo que deba incluirse en el PEMP, es necesario para asegurar la ejecución de una obra de tal envergadura.
En el documento la Alcaldía calcula que $374.000 millones pueden autofinanciarse con el uso de la infraestructura del hospital, pero el resto ($355.500 millones) quedan en el aire. María Eugenia Martínez, directora del Instituto Distrital de Patrimonio, dice que hay dos opciones: una, la financiación pública; otra, la público-privada. La primera está sustentada en la ley, ya que el Congreso estableció que la Nación (Planeación Nacional, Mincultura y Mineducación) debía encargarse de la “remodelación, restauración y conservación” del San Juan de Dios (Ley 735 de 2002).
Por eso, aunque la funcionaria admite que es difícil asumir ese compromiso, considera que la ministra de Cultura, Mariana Garcés, debería priorizarlo por tratarse de una competencia nacional en la que hasta ahora el Distrito es el único interesado. “Mi queja con Garcés es que canceló dos consejos nacionales de patrimonio, en los que se trataría el tema. Una reunión que programó para el 18 de diciembre nos permitirá estudiar más escenarios de financiación, pero es tardía para un proyecto de estas calidades”.
Este diario ha tratado de comunicarse desde el lunes con el Mincultura para saber en qué va el estudio del PEMP, pero hasta el cierre de esta edición no ha habido respuesta. Lo que sí es claro es que, ante la propuesta de que asuma, como indica la ley, una parte de la financiación de la recuperación, analiza el documento con lupa debido a su escasez de recursos. Por eso, se sabe que la ministra ha solicitado reuniones con el Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y Findeter.
La posición de Peñalosa
El alcalde electo ha dado declaraciones sobre el San Juan de Dios que apuntan en varias direcciones. En octubre de 2012, cuando Petro daba las primeras puntadas de su proyecto, Peñalosa trinó: “Estudios muestran que se necesitan hospitales en otras partes, no donde queda ruina del San Juan de Dios (…) si se llegara a necesitar un hospital en área del San Juan de Dios, mejor uno distinto, sin pleitos y con un edificio moderno”. Ya en campaña, en su sitio web, publicó un comunicado en agosto pasado en el que anunció que allí operará “el gran Centro de Investigación, Formación y Atención de Alta Complejidad”. En septiembre dijo que ese hospital “ha recibido atención porque es políticamente sexy”, calificando lo hecho por Petro como un show que no había terminado en nada y a partir del cual se descuidaron obras como la ampliación del hospital de Kennedy. Al tiempo, advirtió que primero había que “resolver los problemas jurídicos y avanzar con un San Juan de Dios que seguramente no será en ese edificio viejo”.
La directora del Instituto de Patrimonio responde que Peñalosa pone dos objeciones “que son mitos”: una, que en edificios viejos no pueden desarrollarse nuevas tecnologías. “En Francia”, responde, “hay hospitales del siglo XVIII con última tecnologías”. Segundo, que es un elefante blanco: “Presentamos un esquema financiero viable. Esto está muy bien pensado”. Y remata: “¿Vamos a dejar perder 24 edificios?”.
Luis Gonzalo Morales, quien será secretario de Salud del nuevo alcalde, le dijo El Espectador que por ahora no se pronunciarán, pues a pesar de que la compra está despejada, aún queda pendiente el pronunciamiento del Mincultura sobre el PEMP y definir el futuro de los trabajadores que han ocupado los predios abandonados desde 2001. En lo que sí hace énfasis es en que las obras de restauración las debe asumir la Nación, lo que genera la pregunta, una vez más, sobre qué tanto le apostará la Presidencia a un proyecto que -todas las partes lo admiten- es muy costoso en términos económicos.
Una fuente técnica que conoce en detalle este caso explica que “es un desafío enorme poner a operar todos estos inmuebles. Hay que hacer unas intervenciones de un tamaño mayor que no tendrían que hacerse en un hospital nuevo o en otro lugar”.
Con este panorama, y luego de la lucha de Petro por reabrir el San Juan, sólo queda una pregunta: ¿quién asumirá el reto de costear este proyecto?