Compromisos quebrados

A lo largo de 2010, con un récord de casi 600 homicidios, los cordobeses clamaron desesperados al Gobierno nacional para que detuviera su doloroso y largo desangre. Después de la desmovilización de Mancuso y la muerte de los Castaño, que dominaron la región con puño de hierro durante casi dos décadas, hubo un alivio pasajero. Pero desde 2008, con la herencia paramilitar que les torció el alma a jóvenes y devaluó el valor de la vida, y sin jefes, ha reinado la ley de la selva.

Los herederos de la guerra paramilitar se empezaron a disputar el dominio de un territorio que podía dejar grandes ganancias: controlar rutas del narcotráfico, capturar rentas públicas para sus bolsillos, preservar tierras usurpadas por sus jefes y extorsionar a su antojo a hacendados y comerciantes. Guerrearon ‘Paisas’ y ‘Urabeños’ contra ‘Los Rastrojos’, intrusos del Pacífico que han querido desalojarlos. No son organizados, como aparecen en los organigramas oficiales, son amebas extremadamente móviles. Se alimentan del ansia de dinero de los cien mil jóvenes que viven en la miseria en el departamento, de la corrupción, y se amparan con políticos poderosos.

En tres años estas bandas han asesinado a más de 40 desmovilizados. Han cometido masacres espeluznantes. Han desplazado a miles. Mataron a John Jairo Martínez y a Teófilo Vidal y a otros campesinos que reclamaron su tierra. Y al odontólogo Juan Carlos Pérez y a algunos dueños de fincas que se negaron a que las usaran de embarcaderos de droga. Sólo en 2010 acribillaron a veinte menores de edad, entre ellos a Karen Pineda, de 14 años.

Todo eso sucedió en las narices del Estado. Un batallón reforzado para vigilar la zona donde se concentra la producción de droga en Tierralta, Puerto Libertador y Buenavista, terminó tan comprado, que cuando cambiaron de comandante, éste tuvo que sacar a todo el personal. Y en los pueblos costeros de San Antero, de Moñitos, de San Bernardo del Viento, todos saben dónde están los maleantes, ven cómo reclutan a sus hijos en los billares y están al corriente de los sitios por donde sale la droga. Nadie habla porque desconfían unos de otros, y también de una fuerza pública tan convenientemente ciega.

Entonces se necesita ser un poquito cínico para que, sólo después de la tragedia de los jóvenes estudiantes bogotanos, el Gobierno se acuerde de que su “compromiso con Córdoba es inquebrantable”. La verdad es que esos muertos cordobeses no dolían, políticamente hablando, en Bogotá, aunque en muchos casos fuesen niños, campesinos valientes, gente correcta.

Montería prosperaba, los políticos se acomodaron al pos-paramilitarismo y, libres de guerrilla, los ganaderos podían pasear a caballo sin problema. Como dio a entender con cierta candidez en estos días el comandante regional de Policía, no creyeron que había que proteger a los civiles, pues se pensaba que sólo se mataban entre bandas.

Si el compromiso del Gobierno con los cordobeses fuera realmente inquebrantable, su solución no sería enviar tropas a la carrera, ni hacer redadas desaforadas, como lo anunció el ministro Rivera. Sería más sostenida, metiéndose con los problemas de fondo. Los criminales saben que la presión dura un rato y después pueden volver a salir tranquilos de sus guaridas. Reaccionar en caliente es gobernar para la galería, no va y sea que la opinión pública comience a verle las grietas al podio a donde encaramó a la Seguridad Democrática