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El nuevo esquema exacerba la mala práctica de los cupos, que permite que privados se lucren de un privilegio que deberían tener las ciudades, que son las que ofrecen un mercado enormemente lucrativo. El cupo debería ser algo que se paga a la ciudad por permitir operar en un período establecido y no a un privado que maneja una disfuncionalidad del mercado generada por una mala regulación, sin límite de tiempo. Esa falla del Ministerio hace que haya cupos para los camiones y otros vehículos de servicio público en Colombia.
De acuerdo con lo que reveló el Gobierno el lunes pasado, el Ministerio exige que los conductores tomen 50 horas de curso de seguridad vial. Eso también lo deberían hacer los taxis amarillos y blancos permanentemente. Claramente, este tipo de capacitación exigida a conductores de transporte público individual y colectivo ha sido un saludo a la bandera. Aquí nuevamente es descomunal el fracaso del Ministerio de Transporte como responsable del tema de seguridad vial.
Los principales responsables de atropellos con consecuencias graves a los actores más vulnerables, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas, son los conductores profesionales. Las empresas de transporte, tanto de buses como de camiones y taxis, están lejos de cumplir con su responsabilidad de capacitar, controlar e incentivar adecuadamente a sus conductores, y han sido incapaces de generar un servicio seguro en las calles y vías de Colombia.
El lujo de los taxis negros vendrá, entonces, porque supuestamente serán más seguros. Los demás podrán seguir prestando el servicio en los vehículos más inseguros del mercado, con conductores que no tienen una adecuada formación en seguridad vial y a través de empresas de papel.
Según el Gobierno, no se requiere ningún elemento especial para ser empresario del taxi negro y, de hecho, se premia a las empresas afiliadoras de taxis con esta nueva posibilidad de negocio. Así, las debilidades en términos de control y responsabilidad por la seguridad personal y la accidentalidad de las compañías siguen sin resolverse y los usuarios padecerán las mismas dificultades que con los taxis amarillos.
Infortunadamente esta historia se parece a la de los buses ejecutivos, superejecutivos y ultraejecutivos que inundaron las calles de las ciudades colombianas en los años 90, generando un poco más de dinero a las empresas afiliadoras, sin mejoras reales para los usuarios en el mediano plazo y con graves impactos urbanos.
Quedan en el aire cuestionamientos preocupantes. ¿Quiénes darán la autorización de operación de los lujosos taxis? ¿Cómo controlar la corrupción que se generará por aumentar el ingreso de más vehículos de este tipo? ¿Cómo afecta esto el tema de congestión?
En síntesis, el regulador sigue capturado por el regulado.
*Ph.D. en transporte. @Bocarejo_JP
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