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El recuento total de fallecidos por la oleada de violentos disturbios y saqueos masivos que vivió Sudáfrica en los últimos días asciende a 212 muertos y al menos 2.554 personas capturadas, informó hoy el Gobierno sudafricano.
Pese al aumento del recuento de víctimas y detenciones, la ministra en funciones de la Presidencia, Khumbudzo Ntshavheni, confirmó en una rueda de prensa que todas las zonas afectadas están “gradual pero firmemente” volviendo a la normalidad y que el Ejecutivo considera que la situación está ya “totalmente estabilizada”.
La región más afectada por el estallido de violencia es la oriental provincia de KwaZulu-Natal, donde el balance de muertos sube a 180 y el de detenidos a 1.692. Allí, la situación es aún tensa, según Ntshavheni. En el otro gran epicentro de los disturbios, la provincia de Gauteng (donde están Johannesburgo y Pretoria), se registraron 862 arrestos y 32 víctimas mortales.
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“El número de soldados desplegados se incrementó hasta 25.000”, confirmó también la ministra, antes de informar que esta noche, el presidente del país, Cyril Ramaphosa, dirigirá un mensaje a la nación. En declaraciones a la prensa esta mañana al visitar por primera vez las zonas devastadas en torno a la ciudad de Durban, Ramaphosa afirmó que “está bastante claro que todos estos incidentes de agitación y saqueos fueron instigados, hubo instigadores, hubo gente que los planeó y los coordinó”.
“Sí, podríamos haberlo hecho mejor, pero estábamos sobrepasados”, admitió el mandatario, antes de asegurar que los presuntos responsables están ya siendo identificados y localizados. En concreto, el Gobierno informó que hay doce sospechosos principales por instigar la violencia -de los cuales uno ya ha sido detenido-, aunque las identidades no se han revelado para no comprometer las investigaciones.
“Aquellos que están detrás de estos actos buscaron provocar una insurrección popular en el seno de nuestro pueblo”, declaró Ramaphosa. “Buscaron manipular a los pobres y las personas vulnerables para sus propios intereses”, añadió.
La oleada de incidentes comenzó el pasado 9 de julio, inicialmente en forma de protestas por el encarcelamiento del polémico expresidente Jacob Zuma (2009-2018) por desacato judicial después de negarse repetidamente a declarar por corrupción.
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En los siguientes días, los altercados se replicaron en otras zonas -especialmente en Johannesburgo- y tornaron en una caótica oleada de disturbios y saqueos masivos, con turbas arrasando centros comerciales y tiendas, quemando edificios y vehículos y cortando carreteras y calles.
El estallido de violencia se veía así alentado por problemas sociales preexistentes, como la extrema desigualdad, el desempleo, los elevados niveles de criminalidad general en el país y el malestar por la pandemia de covid-19. Aunque las autoridades no han señalado aún públicamente a presuntos culpables, los medios locales colocan en el centro de las investigaciones de la instigación de la violencia a familiares, exespías y veteranos antiapartheid militarizados afines a Zuma.
El propio presidente sudafricano comparó el lunes pasado la magnitud de estos incidentes con los niveles de violencia que la nación austral vivió a principios de los años 90, durante la convulsa transición entre el sistema de segregación racista del “apartheid” y la llegada de la democracia (1994).
Funcionarios de la salud sudafricanos, al igual que la Organización Mundial de la Salud (OMS), expresaron su preocupación de que las recientes manifestaciones y saqueos masivos en los centros comerciales, causen un pico de contaminación. Sudáfrica atraviesa una tercera ola terriblemente mortal, alimentada por la contagiosa variante Delta del coronavirus. Es el país africano más afectado por el covid-19 con 2,2 millones de casos y casi 66.000 muertos
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