Ciudadanos al cuidado de lo público: un objetivo inaplazable

Es una verdad de Perogrullo afirmar que este desastre conlleva inmensos retos. Pero también es una gran oportunidad para todos los sectores sociales, políticos y económicos del país –públicos y privados-, así como para la comunidad internacional y la banca multilateral, de contribuir a un proyecto colectivo de Nación más incluyente. 

La magnitud de lo sucedido exige reconstruir el país en muchos frentes. Y en otros, construirlo.  Ni  más ni menos. Experiencias de otros países indican que los desastres naturales pueden convertirse en un gran desafío para la legitimidad del Estado, si éste no actúa con eficacia, eficiencia y equidad. Y fundamentalmente con transparencia, la cual no puede ser un objetivo más, sino una impronta indeleble de todo el proceso de atención y reconstrucción.

Esto solo es posible si se fortalece el tejido social, como requisito indispensable para generar un sentido de corresponsabilidad en la búsqueda e implementación de soluciones y en la vigilancia y ejecución de los recursos y las obras.   Esta es quizás una de las tareas más difíciles porque implica enfrentar prejuicios, comportamientos y actitudes políticas y culturales muy arraigados que producen desconfianza y apatía.  Por ejemplo, el clientelismo y la captura del Estado por intereses particulares, o la desconfianza en las organizaciones sociales, o la creencia de que “todos los políticos son corruptos”.

Por estas razones este propósito no se puede lograr de manera inmediata.  Para comenzar, requiere identificar en las diferentes regiones a las organizaciones de la sociedad civil –ONGs, Cámaras de Comercio, organizaciones gremiales y empresarios, medios de comunicación, universidades- que puedan apoyar técnica, financiera y políticamente los procesos.  Y exige capacitar a organizaciones sociales en temas como acceso a información y uso de las TICs,   aplicación de instrumentos y metodologías de control social, elaboración de informes, detección y denuncia de alertas tempranas, entre otros, para que puedan ejercer sus derechos y participar activamente en el diseño y ejecución de las tareas de reconstrucción y monitoreo de los recursos.
Esto debe sustentarse en un proceso de concertación con las autoridades nacionales, departamentales y municipales, con los órganos de control, y con otras organizaciones, definiendo las responsabilidades de cada uno. Paralelamente, el gobierno debe diseñar un sistema de información que permita a la ciudadanía, a los donantes y a la sociedad en general tener acceso a información  en tiempo real, comprensible y completa sobre el origen y destino de los recursos, los beneficiarios y las autoridades e instituciones responsables de su ejecución.

Además, debe construir un sistema de quejas y denuncias efectivo y confidencial que permita verificar la información y reaccionar con celeridad y justeza frente a eventuales actos de corrupción en el manejo de las ayudas.  Esto es particularmente relevante en el actual contexto electoral. Transparencia por Colombia ha ofrecido aportar su conocimiento y experiencia para contribuir, de la mano de organizaciones sociales, del sector privado y del gobierno, a que las y los ciudadanos se conviertan en pieza fundamental y en veedores del proceso de reconstrucción. Involucrar a la ciudadanía en la reconstrucción del país es una tarea monumental. Pero hacerlo sin ella, puede llevar al fracaso.