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Desde su elección en 2013 hasta su fallecimiento, el papa Francisco abordó repetidamente el problema de los abusos sexuales dentro de la Iglesia católica, aquellos crímenes cometidos por miembros del clero.
Durante su papado, condenó públicamente estas prácticas y promovió reformas dentro del derecho canónico, la rama que regula la organización y funcionamiento de la Iglesia católica, con el fin de establecer reglas más estrictas contra los abusadores y quienes los encubren.
A pesar de sus declaraciones y ciertas medidas tomadas, críticos y organizaciones de víctimas consideran que sus acciones fueron insuficientes para generar un verdadero cambio dentro de la jerarquía eclesiástica.
El papa Francisco reconoció la gravedad de la pederastia en la Iglesia, calificándola como una “lepra” dentro de la institución.
En 2014, durante una entrevista, afirmó que aproximadamente el 2 % del clero está involucrado en abusos sexuales a menores de edad, y aunque el porcentaje de sacerdotes involucrados podría parecer pequeño, es algo “extremadamente serio e inaceptable”. “Estamos hablando de miles de niños víctimas de crímenes atroces, y eso es inaceptable”, agregó.
Después, en 2016, el papa declaró en un mensaje dominical que no se puede “permitir que los abusadores encuentren refugio dentro de la Iglesia. Debemos proteger a los menores y castigar severamente a los culpables. No basta con palabras de arrepentimiento; necesitamos acciones concretas y justicia para las víctimas”.
Otro de los reconocimientos públicos más significativos del papa Francisco fue la aceptación de que la Iglesia actuó con lentitud en la gestión de los casos. En un discurso ante la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, que él mismo creó en 2014 para abordar la crisis de abuso, afirmó que “la conciencia de la Iglesia llegó un poco tarde. Durante años, en lugar de actuar con determinación, se optó por el silencio o la reubicación de los culpables, lo que solo agravó el sufrimiento de las víctimas. Hoy, debemos asumir la responsabilidad de estos errores y garantizar que no se repitan”.
También reconoció las malas prácticas en varias partes del mundo, como la de trasladar a sacerdotes abusadores en lugar de denunciarlos ante las autoridades, señalando que “la Iglesia pensaba que se podía curar (a los pederastas), lo cual terminó siendo un completo fracaso. La pedofilia es una enfermedad, no una debilidad moral. No podemos seguir creyendo que el perdón es suficiente; la justicia debe prevalecer”.
En 2024, Francisco reiteró su posición en una entrevista con La Repubblica, periódico italiano, diciendo que “es inaceptable que sigamos encubriendo a los culpables. Debemos erradicar esta plaga, incluso si eso significa sancionar a quienes dentro de la jerarquía han preferido callar”.
Aunque el papa tomó algunas decisiones que reflejaban una postura firme contra este crimen, como la eliminación de las apelaciones en casos donde se comprobaba la culpabilidad de un abusador, las víctimas señalaron que persistían obstáculos estructurales que impedían una reforma real.
Por ejemplo, la renuncia de la irlandesa Marie Collins, sobreviviente de un abuso por un sacerdote en su juventud, y ahora exmiembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores del Vaticano, evidenció las dificultades para lograr avances concretos dentro de la jerarquía eclesiástica. Según The Washington Post, la explicación de su dimisión fue que “el Vaticano sigue protegiendo a los suyos en lugar de proteger a los niños. Se habla de cero tolerancia, pero en la práctica, hay cardenales que aún encubren crímenes y no pasa nada”, dijo Collins.
En 2017, denunció que la comisión “no tenía recursos reales ni el apoyo necesario para hacer cambios significativos”. Ella, quien ha sido una de las voces más críticas dentro del grupo, explicó que “cada vez que intentábamos implementar mecanismos efectivos para responsabilizar a los obispos encubridores, nos encontrábamos con obstáculos dentro del Vaticano”.
A pesar de los esfuerzos de Francisco por visibilizar la crisis de abusos, persisten dudas sobre la efectividad de sus reformas. Las denuncias contra obispos y cardenales por encubrimiento, la falta de sanciones sistemáticas y el descontento de las víctimas reflejan que el problema, hasta el día de hoy, sigue sin resolverse en su totalidad.
El cambio del código canónico impulsado por el papa Francisco
En junio del 2021, en su intento por fortalecer las sanciones dentro de la Iglesia, el papa reformó específicamente el Libro VI del Código de Derecho Canónico.
La modificación más hablada fue la inclusión de la pederastia, tipificándola como un “delito contra la dignidad de las personas”. Esto permitió la aprobación de sanciones más severas, incluida la expulsión del estado clerical.
Según el artículo 1398, se estableció que el encontrado culpable será “castigado con la privación del oficio y con otras justas penas, sin excluir, si el caso lo requiriese, la expulsión del estado clerical”.
Además, se tipificaron como delitos la captación de menores para la producción de material pornográfico, la posesión o distribución de imágenes de abuso infantil y el abuso de una “persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón o a la que el derecho reconoce igual tutela”.
Los casos más visibles de pederastia dentro de la Iglesia católica
Irlanda, siglo XX
Irlanda fue escenario de revelaciones impactantes sobre abusos sexuales cometidos en instituciones gestionadas por la Iglesia católica. Dos informes principales, ambos de 2009, trajeron a la luz la magnitud de los abusos y el encubrimiento sistemático por parte de las autoridades eclesiásticas:
El Informe Ryan detalló décadas de abusos en instituciones religiosas irlandesas. Reveló que miles de niños sufrieron abusos físicos, sexuales y emocionales en orfanatos y escuelas industriales desde la década de 1930 hasta los años 90. Estas instituciones, gestionadas por órdenes religiosas como los Hermanos Cristianos y las Hermanas de la Misericordia, fueron descritas como lugares de miedo, abandono y abusos sistemáticos.
El Informe Murphy fue una investigación que se centró en la Arquidiócesis de Dublín y examinó cómo las autoridades eclesiásticas manejaron las acusaciones de abusos sexuales entre 1975 y 2004. Se descubrió que la arquidiócesis, bajo el liderazgo de ciertos arzobispos, encubrieron sistemáticamente los abusos para proteger la reputación de la Iglesia. Se identificaron 320 víctimas y se señaló que las autoridades eclesiásticas priorizaron la protección de la institución sobre la seguridad de los niños.
Estados Unidos: el escándalo de Boston
Este escándalo fue expuesto en 2002 por el equipo de investigación del Boston Globe, conocido como Spotlight. La investigación reveló que la arquidiócesis de Boston, bajo el liderazgo del cardenal Bernard Law, encubrió sistemáticamente abusos sexuales cometidos por sacerdotes durante décadas. En lugar de denunciar a los agresores, la Iglesia los trasladaba de parroquia en parroquia, permitiéndoles continuar con los abusos, como el caso de John Geoghan, acusado de haber abusado de más de 130 niños a lo largo de su carrera. Tras la exposición del caso, fue finalmente condenado en 2002 y asesinado en prisión en 2003.
El cardenal Bernard Law fue señalado por haber permitido y encubierto los abusos. Ante la presión pública, renunció en diciembre de 2002 y se trasladó a Roma, donde en 2004, el papa Juan Pablo II le otorgó un cargo honorífico en la Basílica de Santa María la Mayor, una de las más importantes de Roma.
Este encubrimiento sistemático llevó a una crisis de confianza en la Iglesia y a numerosas demandas legales. El caso fue posteriormente retratado en la película Spotlight.
Paraguay: caso del obispo Rogelio Livieres Plano
El caso de Paraguay involucró al obispo Rogelio Livieres Plano, quien fue destituido en 2014 directamente por el papa Francisco debido a múltiples controversias en su diócesis de Ciudad del Este.
Una de las principales razones de su destitución fue la promoción y protección del sacerdote argentino Carlos Urrutigoity, quien había sido acusado previamente de abuso sexual en Estados Unidos. A pesar de las advertencias sobre su conducta, Livieres Plano lo nombró vicario general de la diócesis.
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Por Alana Barguil
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