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«SE NOS ACABÓ LA VIDA. NUNCA HAbía salido de Santa Lucía hasta ahora y me toca salir así, casi desnuda», le dijo llena de tristeza una vecina mayor de edad a Ramiro Martínez (nombre cambiado).
El 30 de diciembre, cuando Ramiro me relató los detalles acerca del apresurado éxodo —debido a la amenaza inminente de inundación— de los habitantes de su pueblo, Santa Lucía, Atlántico, recordó con dolor cómo la gente iba caminando por la carretera con una maleta pequeña en una mano y en la otra un bebé o una gallinita. Casi todas sus pertenencias quedaron bajo el agua del Canal del Dique, que durante todo el mes de diciembre y lo que va de enero ha estado ingresando a las tierras del sur del departamento.
El pasado 30 de noviembre de 2010, hacia las 4:00 p.m., un grupo de campesinos que trabajaban a esa hora en la zona rural de Santa Lucía, en inmediaciones de la carretera que bordea al Canal del Dique, y entre quienes estaba un primo hermano de Ramiro, escuchó una explosión. El ruido se había originado a unos 200 metros. Al llegar al sitio constataron que se había formado un pequeño boquete, como de un metro, en el terraplén de la carretera que servía como muro de contención entre las aguas crecidas del Canal del Dique y las tierras, más bajas, del sur del departamento del Atlántico. La acción de los campesinos del sector para cerrar el boquete ese mismo día resultó infructuosa, ya que empezó a crecer, hasta alcanzar unos 200 metros en tres días.
Las siguientes horas fueron angustiosas para los habitantes de Santa Lucía. Dormían en cambuches sobre la carretera, pues era el punto más alto, y había temor de una inundación repentina del pueblo.
El cuarto día se dio la orden de evacuación y empezó el éxodo por diferentes medios, públicos y privados. Las lanchas enviadas por la gobernación salían de Santa Lucía y dejaban a la gente a la entrada de Suan, desde donde se seguía el viaje por tierra hacia Barranquilla. Otras personas pagaban 3.000 pesos por atravesar de Santa Lucía hasta el otro lado del Canal, es decir, a Bolívar, para luego ir en mototaxi hasta Calamar, desde donde seguían en bus hacia Barranquilla.
A los diez días no quedaba nadie en el casco urbano del municipio. En la carretera quedaron muchos perros a los que los pescadores de la zona les tiran algunos pescados al pasar, pues observan con horror su creciente desespero y los brotes de canibalismo canino.
Ahora la gente de Santa Lucía está dispersa en casas de amigos y familiares y en improvisados albergues públicos. En Suan hay unas 30 familias; en Calamar, 15; en Arroyohondo, 10; en Palmar de Varela, 8; en Santo Tomás, 5; en Sabanagrande hay 60; en tres colegios, en Sabanalarga, 10; en Malambo, 112; en Soledad, 250; en Baranoa, en tres colegios, 45, y la mayor parte están en Barranquilla, en colegios, casas de familiares, casas de amigos o pagando arriendo. Ramiro, por ejemplo, está en casa de una hermana en Barranquilla.
El Gobierno Nacional ha anunciado que creará una institución especial, con autonomía y recursos, para manejar de forma eficiente y transparente la inmensa tarea de hacer que la situación de los damnificados sea mejor de lo que era antes de este invierno destructor. Pero en esa tarea no se podrá tener éxito si no se involucra, desde un principio, a los habitantes de los municipios afectados, para apoyarse en sus conocimientos, en su liderazgo, en su trabajo y, sobre todo, en el inmenso amor por su tierra.