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Doce contratos de obra pública por casi $35 mil millones, aparentemente entregados a dedo o adjudicados sin cumplir los requisitos de ley, tienen en graves apuros judiciales al senador Óscar Barreto Quiroga. A sus 62 años, y con una trayectoria de 40 en la vida pública, uno de los políticos más influyentes del Partido Conservador y de Tolima fue llamado a indagatoria por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. Según el expediente, durante su primera gobernación en Tolima, entre 2008 y 2011 -repitió entre 2016 y 2019-, se entregaron tres convenios interinstitucionales, cuatro contratos de obra pública mediante licitaciones y cinco contratos más de interventoría para la construcción de infraestructura educativa del departamento que estarían repletos de irregularidades y presuntos favorecimientos a contratistas.
El Espectador conoció las intimidades de este proceso y la bitácora de incumplimiento de las obras contratadas, así como las insólitas explicaciones de los contratistas por estas demoras y las adiciones millonarias en varios de estos negocios, muchos de los cuales no tenían la estructuración legal ni los estudios técnicos previos para la elaboración de los pliegos licitatorios, según los hallazgos de la Corte. El listado de anomalías detectadas por los investigadores es extenso. Por ejemplo, para la construcción de la nueva planta física de la institución educativa Félix Tiberio Guzmán en El Espinal, la administración de Óscar Barreto firmó un contrato el 23 de diciembre de 2010 que, con sus adiciones, tuvo un costo total de $6.125 millones. No obstante, para el momento de la suscripción de ese negocio el municipio ni siquiera había otorgado la licencia para la construcción de la obra. También se descubrió que un contratista resultó como interventor en otro negocio paralelo.
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Según el proceso, a través de dos decretos el entonces gobernador Óscar Barreto delegó en Olga Lucía Alfonso Lannini y Elvia María Garzón Pacheco, dos funcionarias de su entera confianza, la celebración de convenios y contratos, la ordenación del gasto y la suscripción de cuentas de pago de su política “Educación para todos, un compromiso con la gente”. Aunque su deber era supervisar la ejecución de esta política, las pesquisas del alto tribunal apuntan a que en 12 contratos eso no ocurrió. Uno de los filones más delicados tiene que ver con tres convenios que suscribió la gobernación de Barreto con la Federación Nacional de Cafeteros y su Comité Departamental de Tolima, en cabeza del director ejecutivo Gildardo Monroy, para construir tres sedes educativas en Rioblanco, Chaparral y El Espinal. En diciembre de 2010 se le pagaron $13.813 millones a una agremiación que no se dedica a la infraestructura, sino a velar por los intereses de los caficultores.
Al revisar sus estatutos se lee que la Federación de Cafeteros es una entidad “apolítica” sin ánimo de lucro. En sus funciones no aparece que se dedique a construcción de obras públicas y mucho menos de instituciones educativas. En su página web se reseña que el objetivo de la Federación es “posicionar el café colombiano en el mercado nacional e internacional como una gran experiencia de consumo por ser un producto altamente deseado por clientes y consumidores finales”. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Eso es lo que pretende establecer el despacho del magistrado César Reyes Medina. Pero hay más perlas. En estos tres casos no se abrieron licitaciones, sino que se acudió a la figura de convenios interinstitucionales de cooperación para entregarlos directamente; aunque para la construcción de otros colegios en Fresno, Mariquita, Lérida, Palocabildo y Villahermosa la Gobernación sí hizo licitaciones que también resultaron cuestionadas.
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¿Era la Federación de Cafeteros y su Comité Departamental la entidad idónea, con capacidad técnica, administrativa y financiera para desarrollar estos tres proyectos de infraestructura? La trazabilidad de estos proyectos parece determinar que no, pues al mes de haber obtenido estos tres negocios por $13.813 millones se subcontrató con otras empresas privadas que finalmente realizaron las obras. Con algo más: a las firmas que ejecutaron dichos contratos, la Federación de Cafeteros solo les desembolsó $12.351 millones. Es decir, se pagaron $1.462 millones más por esa intermediación de la Federación. Esa es una de las razones por las cuales el hoy senador Óscar Barreto Quiroga fue vinculado formalmente al expediente por el delito de peculado por apropiación. En criterio de la Sala de Instrucción de la Corte, no se entiende por qué la Gobernación de Tolima pagó semejante diferencia de valores en la construcción de esas sedes educativas.
Pero hay más. Informes de policía judicial revelaron las excusas que presentaron los subcontratistas para terminar esas obras. Algunas de ellas resultaron insólitas para la Corte. Por ejemplo, para la construcción del Instituto Técnico Agropecuario San Rafael en el municipio de Rioblanco, un contrato por $3.558 millones, la firma encargada aseguró, sin soporte alguno, que entre abril y diciembre de 2012 la obra estuvo parada por la ola invernal y el pésimo estado de las vías. Casi calcada fue la explicación del consorcio encargado de la construcción de la institución educativa Andrés Rocha de Chaparral, que sostuvo que los trabajos se suspendieron durante ocho meses porque Enertolima no había hecho las aprobaciones de instalaciones eléctricas del lugar. Por ahora, la Corte tiene graves sospechas de que se comprometieron millonarios recursos públicos al contratar a una entidad privada sin capacidad técnica como la Federación de Cafeteros para estos efectos.
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Ahora bien, estas presuntas irregularidades también se habrían dado en cinco procesos licitatorios por un valor total de $17.519 millones para la construcción o adecuación de las sedes educativas de Tolima en Fresno, Mariquita, Lérida, Palocabildo y Villahermosa. En esta ocasión el problema no fue la modalidad de contratación -licitación pública-, sino que no se hallaron estudios previos serios que permitieran estructurar los pliegos de condiciones, determinar los riesgos de esos proyectos, establecer los requisitos para llevar a cabo esas obras de infraestructura y, al final, ajustar los valores para garantizar la eficiencia y transparencia de los dineros públicos. En el arqueo que hasta ahora han hecho los investigadores, ni siquiera aparecen los estudios de mercado indispensables para el análisis de precios que dispone el manual de contratación del departamento de Tolima para cualquier contratación de obra pública.
Asimismo, se determinó que Diego Mauricio Lamprea, socio de la Unión Temporal Constructora Colegio Leopoldo García, que ganó un contrato por $3.000 millones para construir la sede educativa de Palocabildo, también se ganó ese mismo mes de diciembre de 2010 la interventoría para vigilar la construcción de otra sede en Rioblanco. Lo hizo esta vez como representante legal de Arqdilam Consultorías, lo cual violaría una norma que estipula que un contratista de obra pública no puede aceptar un contrato de interventoría con la misma entidad hasta tanto se haya ejecutado y liquidado el contrato de obra. En otros cuatro contratos de interventoría de estas construcciones de sedes educativas, la Corte estableció nuevas anomalías. Entre ellas que en varios casos se otorgaron esos contratos hasta seis meses después de iniciadas las obras. En inspecciones judiciales se advierte que tampoco se hallaron los estudios necesarios para justificar esas contrataciones.
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El Espectador llamó a su teléfono personal y le dejó mensajes al senador Óscar Barreto Quiroga, pero no fue posible comunicarse con él. Su abogado Raúl Cadena Lozano refirió brevemente a través de un mensaje de chat que las explicaciones se las darán a la Corte Suprema de Justicia. Este diario consultó a la Federación de Cafeteros, que señaló: “La Federación ha sido un importante apoyo para la nación y sus entes descentralizados, en tal sentido ha realizado aportes en materia de infraestructura social en las regiones cafeteras y eso le ha permitido construir experiencia en la ejecución de proyectos. Es por esto que municipios y departamentos ven en los comités departamentales un ejecutor experto con el cual pueden contar. Frente al caso puntual, conforme se ha evidenciado, las obras ejecutadas fueron terminadas y entregadas de conformidad, quedando una discusión jurídica al respecto que está en curso en las instancias correspondientes”.
Por Juan David Laverde Palma
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