Comunidad y minorías políticas

Pero aumentan los desplazados y la miseria. Un retroceso digno de mención involucra la aprobación de la ley estatutaria de la reforma política en el Congreso. Ahora las minorías, en este caso el Polo y el Partido Verde, tienen menos garantías. La decisión legislativa adoptada por la mayoría parlamentaria favorece a los partidos de la coalición de Gobierno y golpea a los partidos minoritarios en la oposición. El retroceso es manifiesto en relación con las leyes anteriores, sin existencia de razones válidas que lo justifiquen. Se resquebraja así la comunidad política necesaria para una contienda equitativa y respetuosa de las diferentes voces que pretenden renovar la política nacional.

Se afecta la comunidad política cuando las mayorías, bajo el paraguas de la unidad nacional, desconocen los derechos de las minorías a la participación en el ejercicio y el control del poder público. La ley estatutaria de la reforma política viola los pactos y las convenciones internacionales de derechos humanos. Esto porque reduce el porcentaje de recursos públicos que el Estado distribuye igualitariamente entre los partidos políticos para su funcionamiento y aumenta el porcentaje para distribuir entre los partidos con mayor votación. Habrá más dinero para los más fuertes y menos para las minorías. Por si fuera poco, la coalición de Gobierno estudia la manera de permitir una vez más el “transfuguismo político”, en franca contravía con las decisiones de la Corte Constitucional. Todos se alinean para quedar en la foto. Nadie quiere quedarse sin su porción de poder, sin importar a quiénes excluyan ni qué principios violen. Los derechos de los electores a la coherencia y al control político se evaporan ante la oportunidad de sacar ventajas electorales.

Para que exista comunidad política se requiere una democracia asociativa en la que el sentimiento de pertenencia al proyecto común prevalezca sobre los intereses particulares. Este sentimiento colectivo permite dejar de lado las conveniencias particulares cuando los derechos a una participación equitativa en la vida política se encuentran amenazados. De lo contrario se desconoce a los contradictores como miembros plenos de la comunidad. Para saber qué tan aceptable es la reforma bastaría a sus ganadores tomar el lugar de las minorías y preguntarse si aceptarían recibir el mismo trato dado a ellas en la normatividad aprobada. Pero el modelo imperante en el país es lamentablemente la democracia mayoritaria o agregativa. En ésta prevalece la voluntad de la mayoría sobre los principios de moralidad política. No faltarán quienes vean en la defensa de la democracia asociativa mero “moralismo” de malos perdedores. A ellos recomendamos en estas vacaciones el libro La democracia posible del filósofo del derecho Ronald Dworkin. Su lectura les permitiría distinguir entre el moralista político y el político con responsabilidad moral.