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El representante Germán Navas Talero comenta su intervención en la última plenaria de 2015 en la Cámara, intervención a la que se le atribuye la asombrosa votación 96 contra 45 con que los parlamentarios decidieron acusar ante el Senado al magistrado Jorge Pretelt, presidente titular (sin ejercicio) de la Corte Constitucional. Asegura que nadie intentó influir en sus actos y que se movió por convicción jurídica y ética.
Usted fue protagonista, con un fogoso discurso jurídico, de la sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes en que por primera vez en la historia se votó por acusar a un magistrado de la alta corte ante el Senado: Jorge Pretelt. Minutos antes nadie daba un peso por ese resultado, entre otras razones porque el apoderado de Pretelt desplegó una estrategia de recusaciones que impedía avanzar. ¿Cómo describe lo que pasó esa noche?
Recuerdo que unos ocho o diez días antes el defensor del magistrado me había recusado una primera vez por mis declaraciones a un periódico de Cali. En esa entrevista había dicho que, en situaciones similares a la que nos ocupaba, la institucionalidad prevalecía sobre los individuos y que por eso había que dar un paso al costado. Y añadí que los burócratas no conocían el verbo renunciar. La recusación fue estudiada por la Comisión de Ética y ésta la rechazó por infundada, pues no me había pronunciado sobre los hechos de un proceso en sí mismo ni sobre la responsabilidad de alguien en particular.
Pero en la plenaria en que se votó, finalmente, la acusación a Pretelt, usted estuvo, de nuevo, en la lista de los recusados…
Sí. El abogado De la Espriella presentó otra serie de recusaciones, en esta ocasión contra cerca de 15 parlamentarios entre quienes también estaba yo. Dijo que quienes teníamos cierta edad habíamos sido afectados por la sentencia de autoría de Jorge Pretelt en que se aprobó la rebaja del monto de las pensiones y que, supuestamente, ese hecho nos impedía ser imparciales. Todos quedamos muy sorprendidos porque no nos acordábamos de esa decisión. Por mi parte, ni siquiera sabía que el doctor Pretelt había sido el ponente de tal sentencia. Esta recusación también fue rechazada por la Comisión de Ética, no sólo en mi caso sino en el de los demás parlamentarios.
¿Por eso pudo intervenir en la plenaria en que, cuando parecía que la decisión a favor o contra Pretelt se quedaba para este año, usted advirtió que si no votaban, los parlamentarios incurrirían en un delito y usted los denunciaría?
Siempre consideré que no tenía ningún impedimento para exigirle a la Cámara que cumpliera con su deber de tomar una determinación en un sentido u otro sobre la responsabilidad del magistrado. El punto jurídico que expuse fue el de que no había otra opción que votar. La Cámara no podía abstenerse porque le estaría haciendo el quite al cumplimiento de un deber ineludible de juez. Tuve que decirles que si no asistían a la plenaria y votaban, me vería precisado a denunciarlos ante la Corte Suprema.
Lo cierto es que ya se habían hecho varios intentos de votación y que a la hora de hacerlo se rompía el quórum. ¿Cree que salirse de la sesión antes de la hora de la votación o no ir a la plenaria era una estrategia de la defensa de Pretelt con la que le ayudaban los amigos parlamentarios de éste?
No lo puedo asegurar, pero a veces daba esa impresión. Incluso, en una sesión que se levantó por supuesta falta de quórum, estaban presentes 83 parlamentarios, siendo 166 el número total de los integrantes de la Cámara. Se desconoció, así, la reforma constitucional que los mismos congresistas habían aprobado hacía pocas semanas, en que se había dejado establecido que cuando se presentan y aceptan unos impedimentos o recusaciones, el número de las recusaciones aceptadas se descuenta del total de los miembros de la plenaria para establecer el quórum. Es decir, se reduce el número para conformarlo. Ese día ya había un impedimento aceptado, el de la doctora Angélica Lozano; y una recusación aceptada, la del doctor Arturo Yepes. En consecuencia, el quórum no se hacía con 84 votos sino con 82 y, probablemente, con un número menor, pues hubo otras recusaciones aceptadas que no recuerdo con exactitud.
¿Esto explica que usted pidiera el día de la votación que le certificaran cuántos representantes estaban presentes?
Sí. Le pedí al presidente de la Cámara que me certificara cuántos estaban presentes y que, al final, también me diera la lista de votantes, porque quien estuviera ahí no tenía otra opción que cumplir con su función. Fue cuando les dije a todos que si no votaban, me vería precisado a denunciarlos por el delito de prevaricato (ver parte superior de la pág.).
¿Por qué era obligatorio votar?
Porque ese acto, si bien era de contenido político, también era una decisión judicial. Nadie puede obligar a otro a votar sí o no. Lo que sí se debía y podía discutir era si habían cumplido con su deber de jueces.
¿La certificación que le exigió a la presidencia de la Cámara tenía la intención de constituirla como prueba por si el caso llegaba a la Corte Suprema?
Sí. Recuerde que la mayoría de los miembros de la Cámara no estudió derecho. Pero hay que hacerles un reconocimiento: entendieron los argumentos y dieron credibilidad a mis palabras. Debo decir, además, que en medio de un ambiente que podía caldearse fácilmente, nadie me ofendió, dudó de mi palabra o sugirió que yo estaba haciéndole un mandado a alguien.
¿Qué percibió usted en el ambiente cuando terminó de hablar? Aunque no se lo expresaran, algunos podían estar muy molestos con usted…
En honor a la verdad, nadie fue irrespetuoso conmigo. Lo que decían era que estaban seguros de que Navas cumpliría su promesa de denunciar. Cuando terminé mi intervención, muchos se acercaron a preguntarme cómo debían votar. Mi respuesta fue siempre la misma: “Como su conciencia les indique; no importa el sentido en que lo hagan”. Y les añadí: “Lo que está en juego es el nombre del Congreso”. Entendieron la trascendencia de lo que allí pasaba. Y todos votaron.
Cuando los otros representantes le hacían esa pregunta, ¿lo estaban consultando por sus conocimientos jurídicos o le estaban tendiendo una trampa?
(Risas) En la mayoría de los casos lo hacían de buena fe. Tengo mis dudas sobre una minoría.
De todas maneras, el resultado de esa votación sorprendió al país. ¿No se asombró con la abultada mayoría a favor de acusar a Pretelt ante el Senado de 96 votos contra 45?
Mi vecina de curul, la representante Angélica Lozano, había dicho poco antes que no creía en que pasara lo que pasó. Usted misma lo había señalado ese día por la mañana en su columna de El Espectador: dijo que no pasaría nada en la Cámara. Yo preví que iban a votar, pero nunca me imaginé cómo sería el resultado, sobre todo después de que los medios daban por hecho que varias bancadas, entre ellas las del Centro Democrático, los conservadores y algunos congresistas de la costa Atlántica, favorecerían a Pretelt. 96 votos por la acusación contra 45 es una diferencia de más del doble, algo imprevisible para cualquiera que sepa cómo se maneja el poder en Colombia. Esperaba que la justicia triunfara, pero no con una distancia tan abultada.
Sin falsa humildad, ¿su discurso de regaño a sus colegas influyó, además de resolver el caso Pretelt en esa sesión, en el sentido del voto mayoritario por la acusación?
Como decía Oscar Wilde, la modestia es la soberbia de los imbéciles y no me considero imbécil: sabía que iban a votar porque mi discurso los había convencido de esa obligación. Pero no tenía idea de cómo sería esa votación. Creo que no fui el único sorprendido con el resultado.
Como el defensor de Pretelt y este mismo afirman que el jefe de Estado y su gobierno presionaron a los parlamentarios para sacar al magistrado de la Corte Constitucional, le pregunto directamente: ¿alguien de la administración Santos lo llamó a pedirle que interviniera?
Nadie lo hizo y si hubiera llegado el caso, nunca lo hubiera aceptado. Creo que el Gobierno conoce bien mi posición: hago parte de la oposición política sin que esto implique que soy enemigo personal del presidente o de otro funcionario. Ratifico: nadie me hizo ni me hace insinuaciones, de un lado o del otro.
Puede que a usted no. Pero quedó registrada en video la presencia permanente del defensor de Pretelt en la antesala del Elíptico donde no dejan entrar a nadie que no sea congresista. El apoderado del magistrado tuvo la “sede” temporal de su bufete en la antesala del salón de la plenaria y hablaba con quienes iban a votar… No parece una situación reglamentaria.
No puedo negar su afirmación porque el hecho fue cierto: el abogado De la Espriella siempre estuvo en la antesala del Elíptico donde no se permitía el acceso a nadie, ni siquiera a la prensa.
¿Qué piensa de esa preferencia?
Los encargados del control de asistencia, ese día, deberían darle a usted las explicaciones que pide.
En su opinión de abogado, ¿es correcto que el apoderado de quien está en el estrado de los acusados hable antes de la votación con los jueces del caso?
Por lo menos no es ético.
Aseguran los analistas que el “milagro” de independencia de la Cámara no se repetirá en el Senado y que la imagen de la justicia colombiana quedó maltrecha por mucho tiempo después de la admiración internacional que despertaba la Corte Constitucional. ¿Qué opina sobre este punto?
Espero que el Senado demuestre la voluntad que hubo en la Cámara de cumplir con el deber de impartir justicia. Puede determinar la absolución o la condena, pero su obligación es hacerlo pronto y públicamente. En cuanto a la imagen de las cortes, realmente es preocupante lo que ha pasado, porque la confianza que el país tenía en ellas, sobre todo en la Constitucional, quedó gravemente lesionada. Dice un adagio que la mancha en la ropa no la destruye, pero le quita la presencia.
Juristas extranjeros dicen que es asombroso que un magistrado involucrado en un escándalo de esa magnitud pueda seguir ejerciendo y no haya forma jurídica de separarlo de sus funciones de juez. ¿Cómo explicar este vacío de la legislación?
Estamos frente a un caso de elegantia iuris, concepto que mencioné en la entrevista que motivó la primera recusación contra mí. Repito: significa que en una situación de estas se da un paso al costado para no afectar la dignidad del cargo que uno representa. El retiro no implica renunciar al derecho a la defensa ni al derecho a ser declarado inocente si no hay pruebas en contra. Ahora bien, hay quienes sostienen que, en situaciones similares, el investigador puede suspender provisionalmente al servidor público mientras termina el trámite del proceso.
En diciembre, cuando la Cámara dio su voto por la acusación, el Senado se abstuvo de citar a plenaria para tratar el caso porque se terminaba el período legislativo. ¿Ese argumento es válido?
En mi interpretación el Senado podía conformar la comisión de instrucción y practicar las pruebas, porque en la etapa instructiva del proceso penal, todos los días y horas son hábiles. Por eso la misma ley no permite las vacaciones colectivas para los jueces de instrucción penal.
Para descalificar el proceso en el Congreso al magistrado Pretelt, dicen sus defensores que este ha sido un juicio político. ¿Un juicio político es un juicio en derecho?
El procedimiento debe ser jurídico. Sin embargo, el fallo del Senado será político. Si avanza, el proceso que seguiría en la Corte Suprema sería netamente judicial e implicaría una sanción penal. Recuerde que el Senado sólo puede pronunciar fallos por indignidad y no decreta penas privativas de la libertad. Esta parte le corresponde a la Suprema.
Quisiera que precisara: por tratarse de un procedimiento político, ¿es ilegítimo?
No. Es tan legítimo y democrático como el proceso que se hizo en el Congreso de Estados Unidos contra el presidente Clinton por haber faltado a la verdad, presuntamente. Se demostró que, desde el punto de vista legal, no había faltado a la verdad sino que había utilizado una expresión semántica diferente, de la cual no se podía demostrar que fuera falsa, en estricto sentido. No sólo aquí ni en Estados Unidos: en todas las democracias del mundo existen juicios políticos para personajes igualmente políticos, de relevancia pública y quienes además tienen la protección del fuero.
Para terminar, usted también fue el denunciante de la yidispolítica y el que develó la violación de los topes de la campaña reeleccionista de Uribe. ¿Cómo descubre esos entuertos tan difíciles de detectar?
Soy abogado penalista y hace muchísimos años fui un buen investigador criminal. Mi materia preferida era la criminalística y tengo olfato. He aplicado la acumulación de esas experiencias que tuve antes de llegar a la Cámara, en mi ejercicio político.
¿Qué hacía antes de entrar a la política activa?
Fui escribiente de juzgado de instrucción penal, secretario de juzgado, comisario de policía judicial, fiscal instructor, juez permanente de instrucción y profesor de derecho penal durante 44 años.
Pero ahora le dicen a usted “viejito gagá”, despreciativamente. ¿Qué reacción le genera este apelativo?
La edad es una honra para mí porque me ha dado, además de la experiencia que tanto me ha servido en el Congreso, madurez y sensatez. Soy hijo de periodista y por eso aprendí a leer, a estudiar, a analizar y no a dar puños. Definitivamente no tengo alma de boxeador. Y no me molesta que me digan “abuelo”. Me enorgullece ese título: indica que conocí a mis padres y que mis nietos me conocen a mí.
La advertencia que cambió la historia del caso Pretelt
Con su enérgica intervención en la plenaria de la Cámara del 15 de diciembre pasado, el representante Navas Talero impelió a sus colegas a tomar determinaciones en el caso Pretelt cuando menos se esperaba. Esto dijo: “quiero que ustedes (las directivas) le expliquen a la plenaria por qué se ha modificado el orden del día”. El vicepresidente Pedrito Pereira, contestó: “(el presidente) me manifestó que al estar convocada para mañana la Comisión de Ética para resolver las nuevas recusaciones que se presentaron contra un grupo de colegas, era pertinente ‘agendar’ (otra sesión) para mañana después de que la Comisión las resuelva… Navas Talero respondió: “Tengo entendido que ustedes dos son abogados… Las recusaciones ‘tinterillescas y burletas’ no tienen cabida aquí. Ustedes no pueden poner la soberanía del Congreso al servicio de argucias no muy jurídicas y no muy santas. Tienen la obligación de convocar a la plenaria. Y esta tiene la obligación de sesionar. … Ustedes no pueden engañar al país ni a nosotros mismos. El país espera que seamos capaces de tomar determinaciones… Con esto, simplemente están dilatando los términos imperativos para esta Cámara… Quiero explicaciones precisas. De lo contrario, acudiré a la Corte (Suprema) a denunciarlos por prevaricato.”
Cómo fue la votación, partido por partido
Pese a que los medios habían anticipado una votación favorable a Jorge Pretelt puesto que este contaba con los bloques conservadores, ultraconservadores y costeños de la Cámara, el resultado final indicó que algunos de los aliados del magistrado cambiaron de opinión a última hora, después del discurso de Navas Talero. Otros mantuvieron su línea, no solo en la defensa del togado sino también en la de acusarlo. Según el registro oficial, los partidos de la coalición gubernamental aportaron la mayoría de votos para acusar a Pretelt ante el Senado pero hubo algunos que se deslizaron hacia el no. Estos son algunos de los resultados: Por la acusación: Cambio Radical, 13 votos (todos); La U, 28 (5 por el no, entre estos el vicepresidente Pedrito Pereira quien intentó dilatar la decisión para el día siguiente); liberales, 28 (7 por el no, unos de la costa). También aportaron votos por la acusación el partido Verde, 5 (todos) y el Polo Democrático, 3 (todos). Del lado que supuestamente estaba con Pretelt, solo un partido mantuvo su posición sin ninguna falta: Centro Democrático: 0 por el sí, 15 por el no. En cambio, en el partido Conservador se deslizaron 6 por el sí y 15 sostuvieron el no. La votación final, como se sabe, fue 96 para que el caso Pretelt pasara al Senado, 45 para cerrarlo.