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La Fiscalía General confirmó la acusación contra el coronel del Ejército Nacional, Jair Arias Sánchez y otros siete militares por su presunta participación en los hechos que rodearon el asesinato de dos personas que fueron presentados como subversivos abatidos en combate en septiembre de 2004.
Según la investigación, Julio Cesar Molina, un enfermo siquiátrico, y Diego Montoya López, quien trabajaba como constructor fueron retenidos y entregados vivas por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a miembros del batallón Granaderos en Nariño (Antioquia).
En otra decisión, un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos impuso medida de aseguramiento contra el coronel del Ejército Félix Gabriel Churio Marcucci por la presunta responsabilidad en que incurrió por la omisión en actuar en los delitos de homicidio, concierto para delinquir y desaparición.
Según las investigaciones, en los hechos están vinculados otros miembros del Ejército adscritos al Batallón de Infantería número 32 Ramón Nonato Pérez, donde Churio Marcucci se desempeñaba como jefe de operaciones.
Entre las víctimas se encuentran Johnatan Obando Agudelo, John Freddy Torres, Luis Arturo Mosquera Rentería, Johnatan Fabián Obando Agudelo, Luis Javier Moreno Cano, Juan Arley Ortiz Blandón, Andres Jaramillo y Arles Andrés Muñoz, asesinados en veredas de los municipios de Buriticá, Frontino y Cañasgordas (Antioquia). Los cuerpos de otras víctimas están en proceso de identificación.
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