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Otoniel quiere entrar a la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP). Quiere que se suspenda su extradición a Estados Unidos porque asegura que su intención es colaborar con la justicia y reparar a las víctimas. Y, además, quiere ser gestor de paz. Así lo ha manifestado en dos documentos que radicó ante distintas salas de la JEP buscando los beneficios que otorga esta justicia transicional, creada tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Quien fuera hasta hace poco el hombre más buscado de Colombia, ahora asegura que quiere contribuir al desmonte del Clan del Golfo y pretende hacerlo si el Gobierno le da el estatus de gestor de paz.
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En el documento que radicó en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la defensa de Otoniel dijo que, de ser admitido en la JEP, su propuesta de reparación a las víctimas incluirá: “Constituirse en un gestor de paz desde su sitio de reclusión, para lograr el fin de la violencia en las zonas en donde actúan las Autodefensas Gaitanistas (Agc, conocidas como Clan del Golfo), invitando a sus miembros y estado mayor de las Agc a abandonar el uso de la violencia en contra de la población civil y de las Fuerzas Armadas, y a tender un escenario de diálogo con el Gobierno Nacional con el fin de lograr un marco de sometimiento a la justicia de sus integrantes”.
Con 35 años en la ilegalidad, Otoniel ha pasado por dos guerrillas y al menos dos grupos paramilitares. Un trasegar criminal que le ha dejado al menos 137 órdenes de captura y siete sentencias condenatorias. Además de la propuesta de volverse delegado para un eventual desarme del Clan del Golfo, dice en el documento que abandonará cualquier actividad ilícita. Asimismo, plantea que apoyaría “con todas las acciones políticas, jurídicas y sociales a desmontar las estructuras sucesoras del paramilitarismo que continúan causando enorme daño a las comunidades, especialmente de las zonas rurales más afectadas por el conflicto armado que aún persiste en Colombia”.
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Primero: verdad y justicia, dicen las víctimas
El listado de víctimas de Otoniel es incierto. Quizá nunca se logre calcular con total certeza, aunque él mismo ya le dijo a la JEP que está dispuesto a contar todo lo que sabe, incluyendo coordenadas de dónde podrían existir fosas comunes en donde él y sus hombres enterraron a hombres y mujeres que hoy siguen desaparecidos. Por lo que podría ayudar a esclarecer, las víctimas han pedido, a través de todo tipo de recursos, que Úsuga no sea extraditado hasta tanto cuente todo lo que tiene por decir. Hasta ahora la Corte Suprema de Justicia, que es la encargada de definir si es extraditado o no, no ha aceptado ninguna de esas peticiones.
Para muchos, antes de hablar de gestiones de paz, que en territorios como el Urabá podría ser positivo, es necesario hablar primero de justicia. El abogado Germán Romero, quien defiende a víctimas de la masacre de San José de Apartadó, ocurrida el 21 de febrero de 2005, señaló que para la paz es clave la rendición clara de cuentas, algo que solo se logra con justicia y el esclarecimiento de hechos violentos. En esa masacre fueron asesinados tres niños y cinco adultos a manos de hombres del Ejército y hombres del bloque Héroes de Tolová de las Auc, y es precisamente uno de los sucesos que quiere esclarecer Otoniel, como lo aseguró en su acta de sometimiento.
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Romero agregó: “La historia y lo que ella nos cuenta es que las estructuras paramilitares y de narcotráfico se reciclan y renuevan en mandos muy rápidamente, él justamente es muestra de ello. Para la paz es clave la rendición seria de cuentas en casos de graves crímenes, condición que en mi criterio hoy ni Fiscalía ni la JEP garantizan. Me refiero a una rendición de cuentas que no necesariamente es cárcel, pero sí procesos serios, investigaciones rigurosas y procesamiento de estructuras (mandos, financiadores, determinadores) y a la vez impulsar procesos de desmantelamiento de las estructuras vigentes”, justamente lo que propone el jefe del Clan del Golfo.
El abogado agregó que esos procesos deben tener una lógica concreta, y es que deben buscar que ninguno de esos grupos puedan resurgir, situación que, dice, eterniza los conflictos. Ahora bien, sobre el caso puntual de Otoniel, Romero puntualizó que en las audiencias que ha participado, y de lo que sabe del proceso de la cabeza del Clan del Golfo, ha podido identificar que existe un “doble racero. Nosotros, en la declaración que dio en el caso 4 (el del Urabá) le preguntamos por Comunidad de Paz y prácticamente no dijo nada (…) La pregunta es si la JEP va a seguir con su estrategia de confesiones por beneficios (donde muchas cosas ya están probadas) o va a investigar de verdad”.
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No es una figura nueva
El rol que pide tener Otoniel no es extraño en el país. Y aunque pueda parecer descabellado que un personaje vinculado a masacres, desplazamientos, reclutamiento de niños y otras atrocidades quiera ser, ahora, gestor de paz, ese título lo han tenido otras figuras sanguinarias del conflicto. Por ejemplo, una de las más recordadas fue Elda Neyis Mosquera, alias Karina, excomandante del bloque José María Córdova de las Farc y quien se sometió a Justicia y Paz. Acusada de un ramillete de masacres y asesinatos selectivos, se entregó a las autoridades en 2008 y, al año siguiente, el gobierno de Álvaro Uribe la dejó en libertad como gestora de paz.
“La institución de los gestores de paz tuvo una utilidad táctica. Organizaciones internacionales estaban preocupadas porque Uribe estaba en guerra y tenía un discurso guerrerista. Entonces, los gestores de paz le fueron útiles para decir: ‘Estoy en la disposición de negociar’. Y, a nivel interno, también le sirvieron para incentivar a que otros guerrilleros dejaran la insurgencia”, comentó el analista político Juan Carlos Palou. En su momento, el Gobierno también nombró gestor de paz a Raúl Agudelo, alias Olivo Saldaña, lo que llevó a que jefes paramilitares como Fredy Rendón Herrera, alias el Alemán, o la excongresista condenada por parapolítica Rocío Arias, pidieran lo mismo.
“Cuando Uribe viajaba al exterior, entonces hablaba de la labor de Francisco Galán (exmiembro del Comando Central del Eln) como gestor de paz”, recordó Palou. En épocas más recientes, tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, quedaron en libertad cientos de excombatientes a quienes los nombraron gestores de paz para que apoyaran en la implementación de los procesos de reincorporación y en medidas de reparación como actividades de desminado o búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Por esa misma época, el Gobierno volvió a darle el estatus de gestor a Galán, y añadió a Carlos Arturo Velandia, conocido como Felipe Torres.
El Gobierno tiene la última palabra
Como en casos anteriores de personas que han buscado ser gestores de paz, este camino, dice Palou, surge para obtener beneficios jurídicos. Como ha contado este diario, además de la solicitud de sometimiento, Otoniel radicó un segundo recurso en la JEP pidiendo que se frenara su extradición a Estados Unidos. Palou también ve problemático que no es claro el nivel de influencia que pueda tener Úsuga en ese eventual sometimiento. “¿El Clan del Golfo sí es una estructura tan jerarquizada que su voz llevaría a que todas las personas, sobre todo los rangos medios, dejaran el narcotráfico y otros negocios?”, se preguntó.
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Del círculo cercano de Otoniel le dijeron a este diario que en las bases del Clan del Golfo lo respetan mucho, pues también fue un miembro raso, estuvo con ellos en el monte, conoce la región en la que tiene mayor influencia el grupo y venía de un entorno humilde antes de entrar en la insurgencia -inicialmente estuvo en la extinta guerrilla de las Farc-. Otra historia cuentan los miembros del Clan que están llamados a sucederlo, entre quienes hay personas cuyo camino por la ilegalidad ha estado desde siempre vinculado a los lujos y el dinero del narcotráfico. Además, el propio Otoniel ha manifestado ante la JEP que su grupo está buscando dejar las armas hace años.
Si bien Otoniel le planteó esta posibilidad a la JEP, todos los gestores de paz que ha habido en el pasado han sido designados por el Gobierno, no por una autoridad judicial. “Esas son decisiones de orden público que le corresponden directamente al Ejecutivo. No me imagino a una Corte Constitucional o Corte Suprema designando a alguien para adelantar gestiones de paz, eso debería ser una facultad exclusiva del presidente. Otra cosa sería que la JEP le pidiera al presidente que le diera ese nombramiento”, opinó Palou. Es decir, el que esta propuesta llegue a buen puerto dependería de la voluntad política.
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Desde la Casa de Nariño, varias voces, comenzando por la del propio presidente Iván Duque, le han cerrado la puerta a un eventual proceso de diálogo con el Clan del Golfo. Han dicho que aceptarían que se sometan a la justicia, pero no un diálogo más. Además, con el tiempo que queda del cuatrienio Duque, probablemente le corresponderá al próximo presidente darle respuesta a este camino que plantea Otoniel. Antes de que eso suceda, el jefe del Clan del Golfo podría ser extraditado a Estados Unidos. A menos, claro, que la JEP acceda a frenar ese trámite para asegurar que siga compareciendo en esa Jurisdicción.
Mientras se desenreda su futuro judicial, Otoniel está nuevamente citado como testigo en la JEP el próximo 8 de marzo. Ya ante esa justicia ha dicho cosas que han levantado ampolla, como que no fue capturado en octubre de 2021, sino que se entregó, y anunció que dará información sobre hechos claves del conflicto en Urabá y Casanare, especialmente de la relación que mantuvo con miembros de la Fuerza Pública, políticos y empresarios. Esas diligencias se han desarrollado en su lugar de reclusión, en la sede de la Dijín en Bogotá, en medio de serias denuncias de miembros de la Comisión de la Verdad y de la JEP sobre la falta de garantías para que pueda hablar libremente.
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Sigue sin esclarecerse, por ejemplo, el robo de información del que fue víctima un investigador de la Comisión que participó de la entrevista a Otoniel. Sin embargo, el jefe del Clan del Golfo ha continuado hablando con las instituciones creadas con el Acuerdo de Paz y, tanto en su acta de sometimiento como en la solicitud para que no lo extraditen, insistió en que lo único que busca es la paz, la reconciliación y la reparación de las víctimas. Para Palou, por ahí puede estar la raíz de esta intención de ser gestor de paz. “Esto puede ser leído por él como una forma de ‘blindaje’ dado que ha sido tan difícil que lo dejen hablar”.
Blindado o no, lo cierto es que sus declaraciones han dado de qué hablar, pero también por las circunstancias que han rodeado las audiencias (en una de ellas le apretaron tanto las esposas, que una magistrada de la JEP tuvo que detener la diligencia hasta que los agentes les aseguraran condiciones dignas para continuar con los detalles de sus versiones). Mientras tanto, las víctimas siguen esperando qué es todo lo que tiene para decir y cuál es la verdad que realmente puede aportar al sistema de justicia. Insisten en que, antes de ser gestor de paz, es necesario que la JEP le exija que cuente hechos nuevos, con pruebas para sustentarlos. Y que suceda antes de su posible extradición.
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