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Las sospechas comenzaron con cosas extrañas que pasaban con los celulares. Se recalentaban cuando se estaban cargando y la cámara se prendía sin ninguna razón. Esto le pasó al fotoperiodista salvadoreño Víctor Peña y a su compañera de El Faro Julia Gavarrete, quien ya intuía que algunas de las conversaciones con sus fuentes estaban intervenidas. La confirmación la dio Citizen Lab, un laboratorio de investigación de la Universidad de Toronto, y Access Now, una organización dedicada a investigar sobre ciberseguridad y derechos humanos, las que lograron determinar que 21 periodistas de El Faro fueron intervenidos y en total 35 personas, entre las que había miembros de la sociedad civil de El Salvador, eran vigilados con el software Pegasus.
Al respecto, Óscar Martínez, jefe de redacción del medio, explicó que fueron interceptados 226 veces en 17 meses. “Al periodista Carlos Martínez, que investigaba en ese tiempo las negociaciones del gobierno del presidente Nayib Bukele con la Mara Salvatrucha-13, lo espiaron 269 días en 28 prolongados eventos. En mi caso fueron más puntuales: entraron, extrajeron y se largaron 42 veces. Supieron qué investigábamos, con quiénes hablábamos, pero también a quién amamos, qué fotografías compartimos, dónde celebramos los cumpleaños de nuestras hijas y cómo llamamos cariñosamente a nuestros padres”, indicó en una columna en el Washington Post.
Como ha ocurrido con otros mecanismos que también han sido utilizados en Colombia, como Galileo, lo que hacen es enviar un correo o un mensaje llamativo a la víctima para que abra un archivo contaminado, que instala el software, desde el cual se puede extraer información, escuchar llamadas o tomar fotos, videos o audios.
Para Carolina Botero, directora de Fundación Karisma, podría considerarse un arma que viola la libertad de expresión, ya que además de meterse con la intimidad, tiene acceso a prácticamente todo: números de contacto hasta información bancaria y de redes sociales. “La gente tiende a compararlo con la interceptación de comunicaciones, pero no es lo mismo, porque va mucho más allá. Desde la ubicación real hasta controlar la cámara o el audio”.
Por ello, la experta considera que, al ser tan intrusivo, la venta de este tipo de software a los Estados debería tener consideraciones de derechos humanos. Específicamente, en Colombia “no tiene regulación, no hay controles de seguimiento, transparencia, de cómo se usa o quién autoriza. No hay excusa, porque se deben dar las garantías y como mínimo tener una orden judicial para usarla”, manifestó Botero.
Pero no es el único mecanismo que se ha empleado contra los medios y periodistas en la web. Para las organizaciones que defienden la libertad de expresión en Latinoamérica son preocupantes la vigilancia y el espionaje, pero también la desinformación que se ha generado en línea, en especial la que busca desprestigiar, deslegitimar y hacer perder la confianza en el periodismo a través de redes sociales de políticos, mensajería o grupos de troles organizados.
Estas estrategias han sido evidenciadas por organizaciones como el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip), que demostró cómo en por lo menos siete países se financian contenidos falsos con dinero público o se organizan ataques contra activistas en redes sociales, como ocurre con las granjas de bots o netcentes en Guatemala, que desinforman o publican datos privados de opositores al gobierno o la prensa, o el caso de Medellín, donde se identificó que se ha utilizado dinero de la ciudad para pagar a portales digitales que hacen propaganda a favor del alcalde Daniel Quintero y replicar hechos manipulados.
Jhonatan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), asegura que en los últimos tres años se han visto escenarios más hostiles en las redes sociales, así como campañas más coordinadas para atacar a medios de comunicación o periodistas de parte de grupos que se asocian a políticos locales.
Para Carolina Botero, otro ejemplo colombiano fue la posición que asumió la Policía en sus redes durante el paro nacional para definir qué era verdad y qué no de las redes sociales. “La estrategia era básicamente proteger su buen nombre, sin embargo, también se dirigía a deslegitimar a quienes daban esa información, que eran principalmente periodistas”. Por esto advierte que este tipo de dinámicas hay que saberlas leer, ya que “llevan a asumir posiciones radicales que terminan beneficiando al actor que las hace, por lo que se requiere ser crítico” sobre lo que se consume.
Por eso, Bock cree que es necesario que se comiencen a dar discusiones relacionadas a cómo se usan los fondos públicos, especialmente en alcaldías y en estrategias web, así como considera que los entes de control deberían analizar de qué forma los políticos elegidos popularmente “se valen de reglas notan limpias para mandar mensajes de que su administración es fabulosa”,cuando en el fondo hay muchas críticas.
Al respecto, Leopoldo Maldonado, director para México y Centroamérica de Artículo 19, indica que “hay toda una conversación pública muy relevante en lo digital, pero también se aprovecha para amenazar y desprestigiar. Lo que falta desde el periodismo colaborativo a nivel Latinoamérica es identificar estas redes de ataque digital, donde se están invirtiendo recursos públicos y desnudar a esos asesores políticos, que muchas veces ni viven en la región, y las redes de manipulación que se utilizan”.
Por lo pronto, mientras continúa el debate, en El Salvador, periodistas de El Faro decidieron demandar a NSO Group, desarrollador del programa de espionaje Pegasus, con el fin de revelar dónde está almacenada la información robada, se elimine y se den garantías de que no volverá a ocurrir, a la espera de que esto dé mejores garantías a quienes ejercen el periodismo.
