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En septiembre pasado este diario contó que la Personería Distrital presentó una demanda pidiendo que se suspendiera el contrato para construir un bicicarril, en la carrera 50 entre calles 100 y 127.
Fue la primera vez que la Personería presentó una acción legal contra un bicicarril y su principal argumento fue considerarlo una amenaza para los vecinos del sector, porque según el ente de control afectaría la movilidad en las vías internas del barrio, porque “no hubo mecanismos de participación reales y efectivos con las personas directamente afectadas (…), y sólo se hicieron reuniones informativas”. Además señaló que era un plan improvisado.
El juez, dijo que no encontró elementos de valor para ordenar la suspensión del contrato, como medida cautelar. Resaltó que existe un informe de factibilidad técnica de trazados de diseño e implementación para el desarrollo del bicicarril de la carrera 50, cuyo sustento técnico no fue controvertido por el accionante y que “queda demostrado que se realizó una valoración de las distintas variables de tránsito y movilidad para el desarrollo de esta infraestructura para bicicleta”.
Además, el juez también aclaró que “quedó demostrado que se realizaron reuniones con la comunidad con el fin de socializar la obra del bicicarril, cumpliendo con el componente de Gestión Social que se requiere para este tipo de implementación de infraestructura”.
El juez destacó que el proyecto tiene sustento jurídico en normas como el Plan de Ordenamiento Territorial, que contempla dentro del sistema de movilidad el subsistema conformado por la red de ciclorutas y corredores de movilidad local y como criterios de ordenamiento para la formación de secciones viales se encuentra como prioridad garantizar la circulación de peatones, transporte en bicicleta y la fluidez del transporte público colectivo.
Los vecinos de barrios como el Batán se han opuesto al proyecto desde hace meses y han organizado protestas en contra. Para ellos, la obra afectaría la circulación de los carros. Y la demanda que presentó la Personería buscaba proteger los derechos colectivos de los habitantes. Sin embargo, el juez aclaró que “los intereses del grupo de personas que tienen una relación más directa con la obra, no podrían por sí mismos imponerse frente a los de la comunidad, representados por las autoridades legítimas que han diseñado una política pública”. En resumen, que en este caso prima el interés general de un proyecto que ha sido pensado como parte de una política pública de movilidad para el uso de la bicicleta.
El Instituto de Desarrollo Urbano, encargado de la obra, ha explicado que la idea con estos bicicarriles que comparten vía con los carros es que sirvan como ruta alimentadora a vías que tienen ciclorrutas para viajes largos (y son mucho más extensas).
Así que por ahora, el Distrito le gana un round a la Personería en el tema de la bicicleta. Y los vecinos podrían comprender las ventajas que para una ciudad representa el hecho de avanzar en infraestructura ciclista: como por ejemplo aumentar la seguridad de ciclousuarios y reducir sus muertes pues sólo en 2014 murieron 56 personas mientras pedaleaban.