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HOY ME QUIERO REFERIR AL POSITIvo clima político que ha logrado el gobierno de Juan Manuel Santos con su propuesta de unidad nacional que, inicialmente recibida con escepticismo, ha significado un giro sustantivo en el ambiente de crispación y confrontación que marcó la era Uribe.
Un cambio que hizo posible que el Partido Liberal, tras ocho años de oposición, aceptara formar parte de la coalición de gobierno y no a cambio de puestos. Un cambio en las relaciones del Gobierno con la Corte Suprema y la oposición, con los partidos y el Congreso, con Ecuador y Venezuela, Unasur y los Estados Unidos. Un cambio en la forma de conducir la política y de mirar el país y el mundo. Un cambio, en fin, en la dirección correcta gracias, entre otras cosas, a la infinita sabiduría de la Corte Constitucional, que le cerró el paso a la segunda reelección de Uribe y con ello no sólo despejó el camino para otras opciones políticas, sino que hizo posible el triunfo de Santos y, más importante aún, la recuperación de los cauces institucionales extraviados.
Conocedor de los entramados del poder —su caldo de cultivo desde la cuna—, Santos ha sabido marcar distancias con su antecesor y, moviéndose como gato entre cristales para no causar estropicios en la relación con Uribe, ha impuesto su propio estilo de gobernar y una ambiciosa agenda de acento liberal en lo social, prueba de lo cual es su compromiso con las leyes de víctimas y de restitución de tierras, que poco gustan al uribismo. Además, la llamada “mesa de unidad”, integrada por sus asesores políticos, los presidentes de los partidos de la coalición y las directivas del Congreso, y en la cual él “tira línea”, ha servido no sólo para institucionalizar las relaciones del Ejecutivo con el Congreso, sino como instancia para lidiar tensiones y tramitar diferencias en el seno de la coalición, donde los súcubos de Uribe han mostrado las orejas del lobo. El resultado más inmediato de esta fórmula: la exitosa primera legislatura del Gobierno, éxito al que contribuyó —y de qué manera— la gestión del ministro Germán Vargas, que se puso la camiseta y se la jugó como si en ello se le fuera la vida.
Pero la tragedia invernal ensombreció el panorama. Para Santos es la primera prueba ácida y aunque la ha capoteado con celeridad, medidas excepcionales y el anuncio de un plan de reconstrucción de las zonas afectadas y reubicación de los desplazados, serán su ejecución y la conversión de las nuevas leyes en acciones que llenen las expectativas creadas, lo que dará la medida exacta de su gobierno, de su capacidad gerencial y de su liderazgo para fijar una agenda con horizonte y metas definidas en función del interés común y no de sectores privilegiados.
Con cerca de 300 muertos, más de dos millones de damnificados y millonarias pérdidas, la emergencia invernal enfrenta al Gobierno a la necesidad de reorientar el Plan de Desarrollo y el programa económico, de poner un muro de contención a los apetitos privados y a la corrupción que florecen, sobre todo, en tiempos de crisis, y de recuperar la gestión ambiental como nervio y columna vertebral de las locomotoras de la prosperidad democrática.
¿Asumirá el Presidente el descomunal desafío sin tener que tragarse sus palabras de que no se embarcaría en una reforma tributaria? ¿O tendrá que ser fiel a su principio de que es un imbécil quien no cambia cuando las circunstancias cambian? Sólo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, sólo cabe desearles al presidente Santos y a su equipo que les vaya bien.
Nota: Motivo vacaciones, esta columna sólo volverá a aparecer el 16 de enero. Feliz año para los lectores.