El último día de reinado del “zar” de la chatarra

En La Pintada, Antioquia, fue capturado ayer James Arias Vásquez, cuyas empresas, en sus años más boyantes, llegaron a mover hasta $500.000 millones. La Dijín lo detuvo cuando salía de misa. Hasta allá, a ese municipio del suroeste de Antioquia, había ido a refugiarse junto con su familia, ignorando que todas los movimientos de sus parientes estaban en el radar de la Fiscalía y la Policía, que estaban seguras de que en diciembre Arias Vásquez intentaría entrar en contacto con ellos para pasar la temporada. Tal cual sucedió. Como un “golpe a la corrupción”, calificó el presidente Juan Manuel Santos la captura, a través de su cuenta de Twitter.

Precisamente el pasado 21 de diciembre, casi como un campanazo de la captura que se avecinaba, la Fiscalía había imputado a Arias Vásquez –en su ausencia– por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrabando, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Hace siete días, un fiscal también le pidió al juez del caso que Arias Vásquez permaneciera privado de la libertad mientras el proceso sigue, pues, en las interceptaciones quedó en evidencia que él ha tenido acceso a piezas reservadas del expediente. De comprobarse, podrían imputarle además obstrucción a la justicia.

Arias Vásquez entró en el negocio de la chatarra en los años 90. Desde hace cuatro años, sin embargo, se volvió una figura notoria para la Fiscalía, especialmente por delitos que se cometieron entre 2007 y 2009, el punto de mayor actividad del cartel de recobros irregulares del impuesto al valor agregado (IVA). La estructura criminal empezó a tambalear en 2011. El 13 de julio de ese año, las autoridades capturaron a Blahca Jazmín Becerra, una exfuncionaria de la DIAN que estuvo en el centro de una gigante red que adelantaba recobros irregulares del IVA.

En esencia, lo que hacía la empresa criminal, según reveló El Espectador en su momento, era, a través de facturas falsas y empresas que solo existían en el papel, simular exportaciones e importaciones de textiles, metales y chatarras, para cobrar la devolución del impuesto. Becerra, con supuesto conocimiento de James Arias Vásquez, puso contadores en las empresas de éste para crear todo el entramado que les permitió lucrarse con miles de millones defraudando al Estado.

Becerra fue condenada a 17 años de prisión y tras lograr un acuerdo con la Fiscalía, empezó a dar nombres de empresarios implicados en la red, entre quienes apareció Arias Vásquez, cuyas empresas C.I. Mundo Metal y la C.I. Metal Comercio fueron asesoradas en temas tributarios por Becerra. Desde ese momento, el zar entró en el radar de las autoridades. Los investigadores no solo encontraron irregularidades como que los proveedores en algunas transacciones eran personas muertas, sino que además hallaron indicios que relacionaban al zar de la chatarra con el contrabando. De hecho, la tesis de la Fiscalía es que la plata de las devoluciones fraudulentas del IVA es un juego de niños al lado del dinero que James Arias Vásquez logró hacer introduciendo a Colombia chatarra de contrabando desde Venezuela, que conseguía a precio de huevo, y vendiéndola en países como Estados Unidos y China, en donde se utiliza hasta para hacer celulares. Se convirtió en la persona que manejaba el 60 % de las exportaciones de chatarra.

Las investigaciones fueron tomando fuerza, hasta tal punto que en marzo pasado la Policía y la Fiscalía adelantaron un operativo para capturarlo, después de un mes de seguimientos y de vigilancia sobre sus comunicaciones. Pero cuando las autoridades llegaron hasta su casa, en Bogotá, no lo encontraron. “Salió de viaje”, fue la respuesta de su esposa al ser interrogada por el paradero de Arias Vásquez. Al parecer, el plan de las autoridades se había filtrado hasta llegar a oídos del “zar”.

En medio del cerco de las autoridades, este diario supo que Arias Vásquez estaba adelantando acercamientos con la Fiscalía a través de sus abogados. Pero nada se concretó, sobre todo porque él no quiere delatar nombres y porque se niega a aceptar el delito de lavado de activos. Quiere, eso sí, entregar dinero y bienes: así, un juez podría autorizar que se quede hasta con el 5 % de lo entregado.