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No hay nada más sólido que un cartel de productores apoyado directamente por el Estado para imponer precios que superen ampliamente los que fijaría la competencia nacional e internacional. En Colombia existen dos grandes carteles que producen bienes de consumo masivo y crecientes volúmenes de exportación, como el azúcar y el aceite de palma, pero que además dan lugar a biocombustibles que se mezclan a la gasolina y al diésel con precios fijados directamente por ellos en connivencia con el Ministerio de Minas.
El Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA) es un mecanismo creado por el Gobierno colombiano y los ingenios para “procurar un ingreso remunerativo a los productores, regular la producción nacional e incrementar la producción nacional (sic)”, que existe desde 2001. Pretenden “generar indiferencia en los ingresos que percibe un productor, ya sea que este efectúe sus ventas en los mercados de precios altos o bajos”.
De acuerdo con el portal de Asocaña, el precio internacional del azúcar blanco fue de US$337 la tonelada en Nueva York en diciembre de 2018. A eso se le suma un arancel del 47,5 %, más un flete entre Brasil y Buenaventura de US$90, gastos que obviamente no existen porque los ingenios están en el Valle del Cauca. El precio de paridad resultante es de US$658 la tonelada. Los consumidores colombianos estamos pagando más que, por ejemplo, un comprador peruano que accede al azúcar a un precio de US$440 la tonelada. El precio interno fijado por el cartel les permite a los ingenios que tengan sobrantes exportarlos con el subsidio financiado por la fijación administrativa del precio interno.
Otros excedentes van a ser insumos del etanol carburante, cuyo precio administrado supera ampliamente la cotización internacional. Valga una corrección sobre la columna pasada en la que me equivoqué al calcular el valor del subsidio que reciben: no son $49.500 millones al año sino medio billón de pesos, lo que igualmente aplica a los productores de aceite de palma.
Fedepalma armó un contubernio con el Estado en el Fondo de Estabilización de Precios del Aceite Crudo de Palma. Según las resoluciones que publica, el Fondo fija un precio similar al que tendría al importar el aceite desde Malasia, incluyendo un flete de US$76 la tonelada, más el arancel del 20 % que resulta del acuerdo con Mercosur, a pesar de que se cultive en Tumaco, el Magdalena Medio o los Llanos Orientales. Si el precio internacional cae, el Sistema Andino de Franja de Precios aumenta automáticamente el arancel cada 15 días. La tonelada en el mercado internacional hoy está en US$550, mientras que en el mercado doméstico está en el equivalente de US$750.
Como hay sobreproducción de aceite de palma, el gremio debe exportar la mitad de su producido y hacen el negocio miti-miti: los que venden en el mercado interno ceden la mitad de la diferencia a los que exportan, pero el consumidor colombiano está pagando 40 % más que si tuviera acceso al aceite sin precio administrado. Afortunadamente, hay otros aceites, extraídos de la soya, el maíz y el girasol, que le hacen competencia, al costo de sacrificar la industria nacional de aceites y grasas. Fedepalma encuentra más cómodo un negocio administrado con el Estado que obligue al consumo del aceite nacional: está solicitando que se amplíe la mezcla de aceite en el diésel del 10 % actual al 15 % y eventualmente al 20 %.
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