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El ministro de Justicia tiene toda la razón: las cárceles de Colombia son un enorme fracaso. Tenemos que remediarlo.
Basta leer alguna crónica periodística o visitar una cárcel para captar la magnitud de la tragedia: decenas de personas enjauladas en celdas o apiñadas en patios de cemento, que pasan el día sin hacer nada, no tienen privacidad, comen pésimamente, usan baños nauseabundos, tienen que pagarle al guardia para usar un celular y están expuestas a la brutalidad de los matones de turno.
Con variaciones de grado, esa es la vida diaria de 97.840 hombres o mujeres detenidos en centros penitenciarios, y la de otras 21.000 personas que hoy se encuentran en las URI (Unidades de Reacción Inmediata). Teóricamente hay “cupo” (camarote en una celda) para 82.232 reclusos, o sea que entre 15 y 35 mil personas no tienen ni siquiera espacio físico.
Por eso la insistencia del ministro: hay que descongestionar y humanizar las cárceles. Esta ha sido una orden repetida de la Corte Constitucional y es ahora la intención del Proyecto de Reforma del Código Penal que irá al Congreso. Para disminuir el número de presos se propone eliminar ciertos delitos (calumnia, injuria, incesto…), restringir la definición de otros (concierto para delinquir, terrorismo), reducir la pena máxima (de 60 a 40 años) y aumentar el uso de penas no privativas de la libertad (prisión domiciliaria, condena condicional…). La humanización de las cárceles pasaría por más facilidades de estudio o de trabajo, ingreso más frecuente de parientes, permisos de salida, excarcelación de las embrazadas, reparación y reconciliación con la víctima…
Estas reformas se basan en dos tipos de argumentos que no es bueno confundir. Por una parte y ante todo se trata de la ideología de “mano blanda” frente a la ideología de “mano dura” en materia penal: hay quienes piensan en los derechos humanos del encarcelado y hay quienes piensan en el daño a las víctimas del crimen. A esto, infortunadamente, se ha reducido el debate sobre el proyecto del ministro Osuna, como sugiere por ejemplo la “movilización contra la impunidad” que convocó Claudia López en protesta por la idea del gobierno.
Pero por otro lado está la eficacia real de las medidas, y acá entraríamos en discusiones técnicas y separadas sobre cada una de las 63 reformas que se anuncian. Por ejemplo: ¿cuántos personas están presas por el delito de calumnia?, ¿hasta dónde la medida en cuestión previene la reincidencia o aumenta el riesgo de fuga?… Estas preguntas exigen evidencias y estudios que en Colombia no existen y que ningún gobierno ha querido emprender, de manera que, otra vez, las decisiones estarán basadas en ideologías.
Y mientras tanto queda la cuestión de fondo. La cárcel es un horror en todas partes de mundo, es el infierno de cada sociedad (basta verlo en las películas), que por eso no reeduca ni tampoco reconcilia; bien está pues que el ministro quiera aliviar nuestro infierno. Pero, igual, la cárcel es la obscena consecuencia de que haya criminales que merecen el castigo o son un peligro público; por eso la cuestión esencial es la de quién va a la cárcel.
En un país donde nueve de cada diez delitos se quedan en el oscuro, donde el 40 % de los presos no han sido sentenciados, donde la probabilidad de ser absuelto es 80 % mayor si usted puede pagarse un abogado, donde las masacres y los secuestros y los falsos positivos no se castigan con cárcel… el proyecto de reforma y el debate que estamos presenciando es volver a discutir los problemas que no son y con los argumentos que no son.
* Director de la revista digital Razón Pública.
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