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EN LA CASA DE NARIÑO DICEN, SOTTO voce, que el Presidente está molesto con los gobernadores y alcaldes que, debiendo haber hecho algo para prevenir o mitigar las consecuencias de la ola invernal, nada hicieron.
Si bien ha sido la más fuerte de las últimas décadas, motivo ‘La Niña’, el fenómeno no es el único culpable de la tragedia. Los mayores responsables no están en el cielo, sino en la tierra: en las alcaldías y gobernaciones que no cumplen con sus tareas ambientales; en las entidades del orden nacional que las ignoran; en las CAR que actúan como ruedas sueltas y se han convertido en fortines políticos.
El invierno, con consecuencias de hecatombe en la Costa Caribe, tiene a sus mandatarios y a las CAR (Santos promete meterlas en cintura), en la mira de la Procuraduría por no tomar medidas pese a las advertencias del Ideam sobre la intensidad de las lluvias por venir. Sobre el boquete que se abrió en el Canal del Dique, desde hacía semanas había alertas. ¿Por qué la Gobernación del Atlántico no se pellizcó a tiempo? ¿Y qué dice Cormagdalena que en 2002 se comprometió a restaurar y recuperar la navegabilidad del canal, reducir el caudal de agua que le entra, controlar inundaciones y sedimentos, y desarrollar un sistema de regulación y esclusas para reducir los dragados?
Como dijo El Heraldo en un editorial, el Canal del Dique pasó su cuenta de cobro. La deforestación indiscriminada de las cuencas del Magdalena y sus afluentes, la invasión de las rondas, la conversión de humedales y playones en áreas de ganadería extensiva, la construcción antitécnica de defensas y jarillones, el estrechamiento de la desembocadura para aumentar el calado portuario, el vertimiento de basuras, aguas residuales y desechos, convirtieron el río en una amenaza que ya dejó devastadoras consecuencias. Detrás de todo: incompetencia, negligencia y corrupción de los encargados de la gestión ambiental.
Pero las crisis son oportunidades y el Gobierno así lo entendió. El Presidente anunció un ambicioso plan para atender la emergencia y reconstruir infraestructura, reubicar damnificados y desarrollar planes de mejoramiento y construcción de vivienda. Además, se propone resucitar el Ministerio del Ambiente. Un giro, otro más, que da Santos frente a su antecesor que relegó la gestión ambiental a un segundo plano. De ahí la fusión del Ministerio con el de Vivienda y Desarrollo, y la sustancial disminución del presupuesto (50% entre 2002 y 2006).
Uribe sacrificó la protección del medio ambiente en el altar de los intereses privados y del crecimiento económico en el corto plazo. Santos parece entender que esa apuesta es suicida y da señales de que va a rectificar el rumbo. La ola invernal debería servir para acelerar el cambio de política. Sin gestión ambiental no es posible el desarrollo sostenible. Tampoco la prosperidad democrática.
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Rectificación: Sobre irregularidades en el Archivo General de la Nación denunciadas en una carta firmada por historiadores usuarios del Archivo, recogí algunas en mi columna pasada. Su director, Armando Entralgo, me envió documentos que desvirtúan algunas, razón por la cual rectifico lo sustancial: 1. No hay familiares del director en la nómina. 2. La eliminación del Fondo de Negros y Esclavos ocurrió durante la administración anterior. 3. El viaje a Santa Marta costó $74 millones (no incluye tiquetes y viáticos). 4. La reestructuración del AGN es mandato legal. En lo demás, hago consideraciones que reflejan la preocupación del sector académico que ya antes, en una carta firmada por los historiadores Marco Palacios, Malcolm Deas, Eduardo Posada y Daniel Pécaut, entre otros, también habían hecho graves denuncias sobre el manejo actual del AGN.
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