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Las declaraciones del fiscal Francisco Barbosa en Estados Unidos evidencian su drástico cambio de conducta: de criticado por su cercanía con el gobierno Duque, cuyo presidente lo nominó para el cargo, a confrontador, en tono alto, con el gobierno Petro. ¿Cómo analiza esta situación, que enfrenta al presidente de la República con el jefe del ente investigador?
Una cosa que admiro del sistema político colombiano es que hizo del fiscal general una rama separada del Gobierno. Eso suele ser bueno. En Estados Unidos, el fiscal es parte del poder Ejecutivo y le responde al presidente. Donald Trump parece haber violado la ley en muchas ocasiones, pero tenía muy poco qué temer de lo que investigaran sus fiscales, elegidos a dedo: Jeff Sessions —a quien despidió— y William Barr. Lo único que impide a un presidente estadounidense utilizar a los fiscales como instrumentos para atacar a sus adversarios políticos, en realidad, son las normas y las costumbres, no la Constitución.
En el caso colombiano, el método de elección del fiscal (por parte de la Corte Suprema, pero de una terna escogida por el presidente) vicia su independencia, como se ha demostrado cuando coinciden sus períodos. No como en el caso actual, cuando se va el mandatario nominador y llega uno diferente…
Como dije, tener un fiscal general realmente independiente del presidente es bueno, porque es un control al poder presidencial. Pero puede ser malo para la gobernabilidad: cuanto más se divida el poder, mayor es la probabilidad de bloqueo y parálisis. Eso parece estar ocurriendo en un tema central para la seguridad de los colombianos: las negociaciones de paz del Gobierno. Cuando Juan Manuel Santos inició las conversaciones con las Farc, pudo nombrar a un fiscal, Eduardo Montealegre, favorable al Acuerdo de Paz. Parece que Gustavo Petro no contará, por el momento, con uno que lo respalde en este asunto crucial.
A la salida de sus visitas al Departamento de Justicia y al fiscal de Estados Unidos, Barbosa les dijo a los medios una de las frases más agresivas que un fiscal haya hecho con respecto al gobierno en ejercicio: “Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones narcotraficantes. Es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o el cartel de Cali”. ¿Qué opina de esta afirmación?
La declaración de Barbosa es preocupante, porque es el indicio más claro que hemos visto de que él pretende utilizar la Fiscalía General para oponerse a la estrategia de paz del Gobierno. Parece no dejar espacio para la negociación. También parece haberla dicho con fines mediáticos, tal vez sin pensar en las consecuencias de su postura. No sé si el presidente Petro y el fiscal han hablado sobre los aspectos jurídicos de la política de paz. Mi percepción es que no han mantenido una discusión de fondo. Así que tampoco sé, a ciencia cierta, si Barbosa está expresando su frustración tras unas conversaciones difíciles o si lanza dardos en público antes de que esas conversaciones se inicien.
Supuestamente ambos se reunirán mañana, lunes; pero no es improbable que el tono y contenido abiertamente inamistosos de la declaración del fiscal impidan el cumplimiento de la cita.
Además de esa consecuencia, si llegara a ocurrir, la declaración de Barbosa es inexacta: el gobierno de César Gaviria hizo un trato con Pablo Escobar que lo llevó a estar en una “casa por cárcel” de lujo, en la denominada “catedral”. Allí estaba “custodiado” por su misma gente y bajo sus propias reglas. Eso sí que se pareció a una forma de cese bilateral del fuego.
¿Las encendidas declaraciones del fiscal general impactan las relaciones del Gobierno de Colombia con el de Estados Unidos?
Absolutamente. Tienen gran impacto en las relaciones Estados Unidos-Colombia. El gobierno Biden apoya, en términos generales, la idea de negociar la paz con grupos armados, pero ese apoyo no es incondicional. Uno de los estamentos oficiales más escépticos en Washington es el Departamento de Justicia, puesto que los fiscales temen perder la capacidad de extraditar a los grandes delincuentes. Con su declaración pública, Barbosa acaba de avivar, enormemente, ese escepticismo.
Supongo que el impacto será mayor porque sus declaraciones fueron hechas en el marco de una visita oficial al fiscal Garland y al Departamento de Justicia. ¿Es así?
Sí. Es un tema complicado para Colombia. Barbosa y Merrick Garland ya se han reunido varias veces en desarrollo de una relación de cooperación. El fiscal colombiano puede estar aprovechando esa relación para asustar al gobierno Biden sobre una política del gobierno Petro que aún está en formación. Si bien es cierto que la Fiscalía es una entidad autónoma, este hecho no significa que pueda llevar a cabo una política exterior diferente a la del Ejecutivo. Sin duda, Barbosa puede expresar sus preocupaciones a sus homólogos, en particular, sobre cómo adelantar una línea de cooperación si algunas extradiciones quedan en suspenso. Pero airear diferencias respecto a unos aspectos de la política doméstica en el exterior, utilizando palabras imprecisas y deliberadamente provocadoras, da a entender que Colombia tiene dos políticas exteriores contradictorias.
¿El Gobierno colombiano debería contrarrestar ya el daño hecho por Barbosa o esperar a que las aguas se calmen antes de enviar a su ministro de Justicia, de Relaciones Exteriores o activar a su embajador para dar a conocer su propia versión?
Sería mejor que el Gobierno responda, rápidamente, enviando sus propios mensajes y funcionarios a Washington para contrarrestar la narrativa del fiscal antes de que esta se fortalezca.
De otro lado, como las declaraciones de Barbosa fueron pronunciadas inmediatamente después de su cita con Garland, ¿se podría deducir que el colombiano está repitiendo la opinión del fiscal de Estados Unidos y del Departamento de Justicia con respecto a la política de paz total de Petro?
Es probable que Barbosa haya escuchado a funcionarios del Departamento de Justicia, entre ellos quizás a Garland, expresar fuertes objeciones sobre la suspensión de las extradiciones de miembros del crimen organizado. Pero dudo mucho que Merrick Garland, quien es conocido por su moderación y mesura, animara a Barbosa a expresar esas preocupaciones utilizando el lenguaje provocador que este empleó.
Barbosa también afirmó que los decretos dictados después de la aprobación de la ley de paz total deben ser revisados, pero lo dice después de que el Congreso aprobó, hace dos meses, la ley que autoriza al presidente a “realizar todos los actos tendientes a entablar acercamientos con estructuras armadas organizadas de crimen”. No obstante, cuando se hicieron los debates sobre la ley, el fiscal no estuvo presente. Parece una incoherencia.
Ignoro por qué el fiscal general no jugó un papel más activo en el momento en que se discutía la ley. En este caso, sin embargo, probablemente pueda defenderse diciendo que él y Petro discrepan en sus interpretaciones de esa ley y de las facultades que le otorga al presidente.
La polémica más fuerte surge por la petición del Gobierno de suspender, temporalmente, las órdenes de captura de miembros de bandas criminales. Tiene sentido, pero el Congreso también aprobó un parágrafo en que se lee que “una vez iniciado un proceso de diálogo (…) las autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de captura (…) en contra de los miembros (…) de las estructuras armadas que muestren voluntad”. De acuerdo con su experiencia, ¿esta decisión legislativa resulta inaceptable en el exterior?
Una suspensión temporal de las órdenes de captura no es sinónimo de impunidad. Es una medida práctica y de logística para permitir que las negociaciones puedan llevarse a cabo. Es claro que esas negociaciones no deben conducir a un acuerdo que otorgue impunidad a los crímenes de guerra o de lesa humanidad, o que deshonren a las innumerables víctimas de esos individuos. Estos tienen la obligación de confesar su papel en el fomento de la criminalidad con el tráfico de drogas, el socavamiento de las instituciones y del Estado de derecho, el daño que han hecho al medio ambiente, y su violación a los derechos de las comunidades indígenas, las mujeres y otros grupos históricamente marginados. Pero, repito, una suspensión temporal de las detenciones no se debe interpretar como un acuerdo de impunidad. Y la extradición a Estados Unidos, que solo castiga su actividad narcotraficante, retrasa la rendición de cuentas a sus víctimas en Colombia.
Precisamente y refiriéndome al tema extradición, algunos de los que se anunciaron como voceros de los grupos criminales están pedidos en extradición. ¿La solicitud simultánea de suspensión de la captura y extradición perturba al gobierno de Estados Unidos?
Este es un asunto trascendental para el gobierno estadounidense. Sus fiscales y diplomáticos dan gran importancia al convenio de extradición con Colombia. Álvaro Uribe y el exfiscal Mario Iguarán recibieron muchos mensajes con las graves preocupaciones de sus contrapartes, en Estados Unidos, durante las negociaciones de Justicia y Paz con los grupos paramilitares. Y Uribe acabó extraditando a muchos de los líderes de las Auc. A Juan Manuel Santos también le hicieron saber las inquietudes de Estados Unidos cuando negociaba con las Farc, como quedó demostrado con el episodio Santrich. La preocupación sobre la suspensión del mecanismo de la extradición es probablemente el mayor obstáculo para que el gobierno estadounidense apoye más decididamente las negociaciones de paz. Además, si los fiscales, militares y policías que representan el sector de seguridad en Colombia no están de acuerdo con la paz total, ellos mismos les comunicarán su molestia a sus homólogos en Estados Unidos. Eso hará crecer las alertas en Washington. Pero este fenómeno no es nuevo.
En su análisis de la situación colombiana, ¿las declaraciones del fiscal se hicieron con sentido jurídico o, más bien, en un contexto político, teniendo en cuenta que su período termina este año y que él es amigo cercano de Duque, uribista enemigo tanto del Acuerdo de Paz de Santos como de este gobierno?
Al ser tan imprecisa, rimbombante y basada en la interpretación de una estrategia que sigue en discusión, la declaración de Barbosa fue un acto político. No se trataba de un análisis técnico jurídico, sino de una declaración de oposición al marco de negociación del gobierno Petro y de un alineamiento con los opositores políticos de este. A propósito, Barbosa, Duque y otros colombianos conservadores tienen una ventaja sobre el gobierno Petro en Washington: muchos de ellos estudiaron o trabajaron en Estados Unidos y mantienen viejas relaciones con las élites locales. Sostienen una comunicación mucho más fácil y fluida con los dirigentes estadounidenses. Cuando quieran hacer una declaración política aquí, serán escuchados, como acaba de ocurrir con Barbosa.
Por tanto, sería pragmático que el gobierno Petro se moviera enviando a más funcionarios bien conectados con el gobierno Biden. O ¿no es estratégico hacerlo en este momento acusando el golpe que le propinó Barbosa?
Dado el impacto que puede tener Estados Unidos en el desarrollo de la política de paz total, sería importante que la administración Petro esté presente en Washington y entable una interlocución pronta con los funcionarios de Estados Unidos que inciden en la política hacia Colombia. En este momento hay, en mi opinión, una asimetría de información, en Estados Unidos, entre los mensajes de los opositores de Petro y los de su Gobierno.
En otro aparte de sus declaraciones, Barbosa señaló que “hay una preocupación sobre ceses de hostilidades con narcotraficantes porque es una figura inédita”. El presidente López Obrador desistió de perseguir al tenebroso cartel de Sinaloa por no enfrentar peligros para la población civil de la ciudad de Culiacán, según dijo. ¿Estados Unidos vetó a México por eso?
Los funcionarios estadounidenses sí comunicaron su descontento, enérgicamente y en privado, al gobierno mexicano. Pero, respecto al punto que usted menciona, hay un mejor paralelismo en los contactos informales que agentes de Estados Unidos mantienen con figuras del crimen organizado sobre las condiciones de su eventual rendición: no es raro que se hagan ofertas de reducción de penas a cambio de suministrar información útil. La negociación sobre los delitos a imputar y sobre la condena a imponer (plea bargaining) puede comenzar antes de que se produzca la detención. La diferencia es que es menos formal y sin suspensión de las órdenes de captura.
Usted es estudioso del conflicto colombiano desde hace varios años. Entonces, ¿cómo analiza la situación de tensión política que se siente en el país desde cuando ganó las elecciones la oposición de izquierda y pasó a ser gobierno en ejercicio?
No es nuevo ver una democracia latinoamericana, en un país históricamente desigual, elegir un movimiento político de izquierdas tras generaciones de control por parte de las élites conservadoras, y ver, después, otros poderes del Estado conservadores buscando frenar al líder de izquierda que ganó. A veces (como pasó con Salvador Allende) los conservadores ganan la contienda con resultados trágicos. A veces (caso de Hugo Chávez) el movimiento de izquierda logra eliminar los controles a su poder, lo que también trae malos resultados. Pero, otras veces (Lula, Bachelet, Mujica), el movimiento de izquierdas logra gobernar a pesar de sus oponentes conservadores mientras fortalece la institucionalidad democrática. Colombia se encuentra en los primeros meses de una dinámica similar. Gustavo Petro y Francia Márquez parecen darse cuenta de que tienen que actuar con rapidez para lograr un cambio apreciable en la vida de la gente, pues de lo contrario los votantes colombianos volverán a apoyar a candidatos de derecha en 2026.
Cierto: la gente es impaciente y las críticas, muy insistentes…
El Gobierno, no obstante su esfuerzo innovador, a menudo parece abrumado por todos los temas de su agenda. Algunas políticas, como la paz total, parecen improvisadas: no hay suficiente comunicación sobre el contenido del plan, demasiado tema parece hacerse a través de trinos y las dependencias oficiales aún están contratando personal clave.
Desde su óptica de analista extranjero, ¿cuál es el mayor acierto y el mayor desacierto del proyecto de paz total?
Aún no sabemos realmente, como he dicho, qué es la paz total; al menos, no con detalle. Solo puedo especular sobre sus éxitos y fracasos: el mayor éxito, hasta ahora, es haber creado la esperanza de que se pueden romper los ciclos históricos de violencia de Colombia sin tener que hacerlo en el campo de batalla. Si el gobierno Petro logra desmovilizar a la mayoría de los grupos armados del país sin disparar un tiro, mediante la persuasión, la concertación y la negociación, sería transformador. El mayor fracaso, por el momento, es la falta de claridad sobre lo que ocurriría, después, si la paz total tuviera éxito. Si continúa el vacío de Estado en los territorios como sucedió con Santos, el esfuerzo no valdrá la pena. ¿Para qué eliminar de la escena a un conjunto de líderes de grupos armados para que otros nuevos los sustituyan porque el Estado no llegó?
Concepto del exministro de Justicia Yesid Reyes sobre órdenes de captura:
“En mi opinión, el fiscal Barbosa se equivoca al decir que no hay un marco jurídico que permita levantar las órdenes de captura que existen en contra de miembros de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. La Ley 2272 del 2022 consagra expresamente esa posibilidad, de manera temporal, referida únicamente a los voceros autorizados de tales organizaciones y solo para lograr el sometimiento a la justicia. En cambio, me parece legítima su preocupación por los decretos que ordenaron el cese de hostilidades contra esas estructuras criminales para instalar, con ellas, mesas de diálogo orientadas a buscar su sometimiento: ese cese de hostilidades prohíbe las operaciones militares ofensivas y los operativos policiales contra esos grupos lo que significa que quienes hacen parte de ellos, solo podrán ser capturados si las autoridades se encuentran con algunas de esas personas de manera fortuita. En la práctica, esto lleva a suspender, de facto, las órdenes de captura contra todos sus integrantes, no únicamente respecto de sus voceros autorizados ni solo por los 15 días que había pedido el Gobierno sino hasta el 30 de junio de 2023. Y con el impreciso propósito de constituir mesas de diálogo”.
“Por ahora, no es probable que intenten tumbar a Petro”
¿Cree posible que la oposición de derecha actual en Colombia, que se ha mostrado bastante activa y ruda, intente pasar de las críticas legítimas al gobierno Petro, a las conspiraciones y revueltas como sucedió en Perú?
Siempre habrá un deseo de limitar la capacidad de Petro de gobernar, si no de sacarlo. Cuando fue alcalde de Bogotá, se recuerda lo que pretendía hacer el procurador Alejandro Ordóñez. Pero, por ahora, no creo que sea probable que intenten tumbar al presidente. Petro ha sido más estratégico que Pedro Castillo que era desventurado, impopular y desorganizado. Dejando a un lado las acusaciones de corrupción en su contra, Castillo fue caótico incluyendo sus docenas de ministros; y parecía incapaz de comunicar una visión mientras la oposición dominaba el Congreso. En contraste, Petro empezó construyendo una mayoría operativa en el parlamento y se acercó a los opositores, incluido Álvaro Uribe. También es un comunicador mucho mejor – a pesar de algunos usos desafortunados de Twitter – y su índice de aprobación sigue cerca de 50 por ciento. Mientras siguen estas tendencias, Petro no debería preocuparse por las conspiraciones.
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