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El pulso entre el presidente Hugo Chávez y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vivió ayer un nuevo capítulo. Luego de que el gobierno venezolano anunciara su retiro del organismo y José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo invitara al diálogo, la defensora del Pueblo de Venezuela, Gabriela Ramírez, descartó cualquier contacto con la Comisión.
“No están dadas las condiciones para el diálogo” con la CIDH “porque (su director) Santiago Cantón se negó a dictar medidas cautelares de protección al presidente Chávez y a su entorno familiar cuando el golpe de Estado de abril de 2002”, dijo Ramírez en declaraciones a la televisión estatal VTV.
El retiro de Venezuela se produce luego del último informe de la Comisión en el que se señala que el Ejecutivo de Chávez aplica “serias restricciones a los Derechos Humanos debido a la intolerancia política, falta de independencia de los poderes del Estado, libertad de expresión restringida, hostilidad hacia disidentes, violencia e impunidad”.
Pero el anuncio de retiro de Chávez no implica una exclusión inmediata. El artículo 78 de la Convención exige un preaviso de un año. Y, en modo alguno, el Estado denunciante puede ignorar las denuncias que hayan sido formuladas en su contra. Desde que Chávez asumió el poder, el Estado ha acumulado 158 demandas por violaciones de Derechos Humanos, de las cuales 10 han concluido en condenatorias.
Y mientras la tensión crece, el gobierno de Estados Unidos le respondió a Chávez sobre su intención de mejorar las relaciones. “Si el presidente Chávez está buscando tener una relación a un nivel más alto, en teoría estamos abiertos a ello, pero para ello el presidente Hugo Chávez debe jugar un papel más constructivo en la región”, dijo el Departamento de Estado.
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