Ojo al Archivo General de la Nación

Creado en 1989 bajo la sabia tutela protectora de Jorge Palacios Preciado —historiador, filósofo, investigador y experto en archivística, entre otras muchas virtudes—, el AGN se fue convirtiendo en un moderno centro de información gracias a que la exitosa gestión de Palacios (1989-2003) fue continuada por Lázaro Mejía (2003-2007) y Álvaro Arias (2007-2009). Pero como no hay felicidad que dure, la politiquería y la mala administración llegaron a la entidad con el nombramiento de Armando Entralgo, un abogado sin credenciales para el cargo, salvo la de que llegó como cuota de Convergencia Ciudadana, grupo de dudosa ortografía hoy transmutado en el PIN y cuyos verdaderos jefes ofician desde la cárcel.

Entralgo hace caso omiso de los procedimientos institucionales y está empeñado en una reestructuración de la entidad que lo facultaría para disponer a sus anchas de una planta formada durante 20 años bajo estrictos criterios científicos y profesionales. Marginó al Comité Directivo de expertos que sesionaba con regularidad y en cuyo seno se tomaban las decisiones más importantes, y lo cambió por reuniones esporádicas con contratistas, una fronda que históricamente no pasaba de 50 y que hoy llega a 300, y como si fuera poco, frenó los procesos de digitalización y catalogación del acervo documental. Pero, además, debido al mal manejo de la Unidad de Sistemas fue eliminado el Fondo Documental Negros y Esclavos de la sección Colonia, que ya estaba digitalizado. Su recuperación debió contratarse con una empresa externa de sistemas.

Pese a que las lectoras de microfilmes son ya obsoletas y a que hacen falta equipos de lectura y reproducción de documentos, y personal especializado en digitación y la ejecución de algunos proyectos, las prioridades de Entralgo parecen ser otras. Viajar es una de ellas, siempre con un séquito de asesores y contratistas sin funciones claras. Cuestionados internamente por innecesarios y onerosos, uno solo de esos viajes —a Santa Marta con una comitiva de 20 personas— costó 300 millones.

Más grave aún es que a la hora de adjudicar los contratos para los proyectos de expansión y desarrollo se pasó por la faja las normas de contratación pública, razón por la cual renunciaron varios funcionarios. Otro factor de malestar es la gestión del asesor en tecnología, Héctor Bonilla, quien aprobó la licitación de un innecesario y costoso escáner robótico de 300 millones de pesos y suspendió la compra de uno manual de alta resolución por 60 millones que sí se necesita y es el adecuado para la reproducción de documentos y mapas. Además, resulta por lo menos curioso que el secretario del director sea un contador, pues el cargo tradicionalmente ha sido ocupado por abogados.

Y como en el cuadro clínico no podía faltar una dosis de nepotismo, Entralgo tiene a dos sobrinas con chanfa: una manda en la Unidad de Compras, tiene los contactos con los proveedores y toma las decisiones al margen del comité de compras, y la otra está encargada de los procesos disciplinarios. Para rematar, parece que al director le gusta la rumba y de vez en cuando organiza fiestas en las instalaciones del Archivo a las que asisten jóvenes muy atractivas, algunas de las cuales son contratistas de la entidad. Ojo al Archivo, que va para atrás como el cangrejo.