Política y justicia

Cuando he formulado críticas al funcionamiento de la justicia y, en especial, a las altas cortes no me he referido al enfrentamiento entre la corte suprema y el ex presidente Uribe. Sus efectos han sido perniciosos para la sociedad y no eximo a ninguna de las dos partes de responsabilidades. Ambas habían podido actuar distinto. Es posible cumplir con el deber sin violencia verbal y sin guerra mediática. Pero ni el presidente de la república ni los presidentes de ducha corte manejaron el diferendo con prudencia.

Cada quien tiene derecho a tomar partido según su leal saber y entender. En este caso, algunos se alinearon con la corte, otros con el ex presidente. Todavía hay quiénes esperan el día de la justicia y/o el día de la venganza. Lo deseable es que el choque se supere, como se está superando, con el nuevo gobierno y que las consecuencias jurídicas de aquellos sucesos, particularmente las que invadan el terreno del código penal, se tramiten y resuelvan conforme a derecho.

Mis afirmaciones sobre la necesidad de reformar la justicia no tienen, pues, relación alguna con la confrontación presidente-corte suprema en el anterior gobierno, ni en ninguno otro. También las hubo muy fuertes en el gobierno de López, en el de Turbay, en el de Betancur y en otros más, antes y después. No me refiero a ellas. Pero el país tiene que resolver tres grandes problemas que acusa la administración de justicia, y que vienen de tiempo atrás: la congestión, la corrupción y la politización.

Creo que nadie se atreve a negar la congestión de la justicia. A pesar de la mejoría en los índices de rendimiento, sobre todo en la jurisdicción contencioso-administrativa, sigue siendo ‘interminable’ un proceso judicial. La acción de tutela acercó la justicia al ciudadano común y ya quieren limitarla con el pretexto de la congestión, y con la conformidad de magistrados de las altas cortes. No se puede responsabilizar del todo a los jueces, porque disponen de recursos insuficientes. Pero tampoco puede eximírseles del todo, entre otras razones, por la existencia de los otros dos problemas mencionados.

La corrupción se volvió una especie de subcultura en casi todo el mundo. A menudo las prueban se falsifican, los testigos se compran, los jueces se venden. En nuestro caso, según ‘Transparencia por Colombia’, las cosas han mejorado. Pero las altas cortes muestran una exagerada solidaridad de cuerpo, apenas comparable a la que existe en el seno del congreso o en el de las fuerzas armadas. Y cuando se habla de modificar sus competencias, desestiman la idea, critican cualquier propuesta que no nazca en su seno y se comprometen, ardorosamente, en la defensa del statu quo.

La politización es un problema crónico. Cuando se suscribieron los acuerdos del Frente Nacional se estableció la cooptación en las altas cortes para despolitizar la justicia. Tal sistema devino en mal uso y en malas costumbres pero, al menos, garantizaba la independencia de la rama judicial. Alguna vez le oí decir a un ex magistrado que no había sistema mejor que la cooptación, ni tampoco sistema peor que la cooptación.

En mi última columna recordé a los lectores cómo hace cerca de un año el presidente del consejo de estado Luís Fernando Álvarez –él sí con prudencia- dijo a la prensa que la constitución del 91 pretendió despolitizar algunos organismos y, por eso, incluyó a las cortes en una función electoral. La evaluación que hay que hacer, agregó el alto funcionario, es si ese objetivo se logró o, por el contrario, lo que hizo fue politizar los órganos judiciales.

Como jurista registro complacido el advenimiento del activismo judicial: ‘desformaliza’ el derecho y lo convierte en instrumento de cambio. Es, además, inevitable en el ámbito de la constitucionalización del derecho. Pero otra cosa es el gobierno de los jueces, que desplaza el eje de decisiones democráticas a personas que, independientemente de su respetabilidad, carecen de mandato democrático. Existe hoy una corriente, conocida como constitucionalismo popular, para la cual los jueces ‘capturaron’ el derecho.

En una sociedad tan polarizada, excluyente y desigual como la colombiana, los jueces deben hablar a través de sus sentencias, no de declaraciones de prensa. Los políticos no deben judicializar la política porque la desnaturalizan y porque politizan la justicia. En ese juego mediático las cosas se revuelven de forma tal, que nadie gana y todos pierden porque se lesiona la credibilidad en las instituciones. Pero sobre todo pierde el ciudadano común, quien desaparece como objetivo central del servicio público.

Por eso la reforma a la administración de justicia debe empezar por la de las altas cortes, de la misma manera que la reforma política debe comenzar por la del propio congreso. Un poder judicial con cúpula múltiple es inconveniente en cualquier parte. Lo ideal sería un alto tribunal para la jurisdicción constitucional y otro que integre las demás jurisdicciones. Así lo propuso alguna vez el maestro Darío Echandía y, si no recuerdo mal, la Corporación Excelencia en la Justicia hace poco tiempo.

Al congreso se le debe mantener la función legislativa, pero se le debe sustraer la función constituyente. Según algunos tal cosa es una herejía, pero sirve para conservar en la voluntad del ciudadano el derecho a definir las reglas de juego y evita los malabares de la argumentación jurídica, ahora enredados en las diferencias entre reforma y sustitución constitucional. Revive, además, la figura de la asamblea constituyente, consagrada en la carta pero aprisionada entre sus propias normas y la jurisprudencia.

Sin pretender imponerlas, creo que es saludable debatir ideas como estas, para avanzar en el proceso de reconstrucción institucional iniciado con la carta del 91, cuyos propósitos no se han podido consolidar. Es preciso recuperar participación ciudadana, participación sectorial, participación local/regional, porque eso es recuperar democracia. Pero sobre todo hay que recuperar entre los colombianos vocación para el consenso en medio de las diferencias. Eso es recuperar opciones para construir futuro entre todos.

*Ex senador, profesor universitario

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