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Mientras Medellín y su área metropolitana atraviesan la primera contingencia ambiental de 2022, sufriendo concentraciones dañinas para el ser humano de partículas contaminantes PM2.5, en una de las reservas ambientales que rodean a la ciudad un par de retroexcavadoras trabajan a toda máquina. Varias cintas amarillas dividen en numerosos lotes un sector de un predio de 275.830 metros cuadrados, perteneciente en un 98,4 % a la Reserva Forestal Protectora del Río Nare, un área protegida declarada de carácter nacional y, por ende, con restricciones en el uso de su tierra.
La Reserva Forestal Protectora del Río Nare fue declarada así por el Ministerio de Agricultura de Colombia en 1971 y delimitada entonces en poco más de 115.000 hectáreas. Aunque en 2010 el Ministerio de Ambiente redelimitó la reserva en 8.829 hectáreas, dejó inalterables dos cosas: en primer lugar, la jurisdicción del área protegida compete a varios municipios, entre ellos Medellín, Envigado, Guarne y Rionegro; por ende, la autoridad ambiental la comparten Cornare (para municipios del oriente antioqueño como Guarne) y Corantioquia para Medellín y Envigado.
Varias irregularidades parecen estar ocurriendo en lo que respecta al predio en cuestión, conocido como Vasconia, perteneciente a la vereda San Ignacio, del municipio de Guarne, y en el que se intenta adelantar un proyecto de urbanización. Si bien la ley permite ese uso, deja en la autoridad ambiental las condiciones para llevarlo a cabo. A través del acuerdo 243 de 2010, Cornare establece que la unidad mínima de subdivisión predial en la reserva para su jurisdicción es de 10.000 m² (una hectárea, ha); es decir, ningún predio se puede dividir en lotes inferiores a una hectárea. Pero la licencia del proyecto no parece estar cumpliendo esa norma. (Lea: Después de 20 años, una nutria y su cría fueron avistadas en el río Suárez, Boyacá)
Dicha licencia, expedida por la Secretaría de Planeación de Guarne el 8 de julio de 2021, da luz verde a una subdivisión del lote total en cuatro lotes más pequeños, que denomina etapas. Al lote de la etapa I le correspondieron entonces 85.238 m² o, lo que es lo mismo, poco más de ocho hectáreas. Hasta ahí, todo parece estar en orden. Sin embargo, la licencia también permitió una parcelación de esa etapa I en otros 26 lotes, ninguno de los cuales supera los 2.356 m², muy por debajo de la norma. La comunidad de San Ignacio fue la primera en notar lo que algunos denominan un “quiebre” de la norma.
Los propietarios del lote le solicitaron a la Asociación de Usuarios del Acueducto de San Ignacio (Asuasi), organización de carácter comunitario que tiene bajo su potestad hace 23 años la satisfacción de la demanda de agua de esa comunidad, la factibilidad del servicio de acueducto para ochenta viviendas en el lote Vasconia, solicitud que fue negada, pues, según Asuasi, colapsaría la prestación del servicio. Se estaría proyectando una carga de ochenta viviendas para un predio de 27,5 ha, que, a lo sumo, tendría capacidad solo para 27 lotes o viviendas.
La afectación de este ecosistema no es una cosa menor. Lo segundo que confirmó la redelimitación de la reserva del Nare en 2010 es la importancia de esta área para el Valle de Aburrá. La reserva busca proteger las subcuencas hidrográficas que conforman la cuenca del río Nare, una zona en la que según Cornare hay una precipitación media anual de 3.137 mm, que le confiere una alta importancia hidrológica. De hecho, estas subcuencas abastecen los embalses de La Fe y Piedras Blancas, ambos de Empresas Públicas de Medellín y vitales para el Valle de Aburrá. El agua de La Fe, por ejemplo, llega a la planta de potabilización La Ayurá, desde donde se brinda el servicio de agua potable a los habitantes de La Estrella, Sabaneta, Envigado e Itagüí, así como al centro, norte, noroccidente y nororiente de Medellín; es decir, a poco más de 800.000 personas. (Lea: Alerta en las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía por riesgo de más incendios)
En la reserva, además, hay especies de flora y fauna en algún grado de amenaza o que son endémicas de la región, como el Quercus humboldtii, mejor conocido como roble andino o roble colombiano, o el Licania salicifolia, también llamado árbol raro, endémico de Antioquia y en peligro.
“No es tan usual que haya autorizaciones de este tipo. Sí es algo más frecuente que se realicen de forma irregular, sin contar con los permisos y validaciones de las entidades competentes”, nos dijeron desde Cornare. La entidad ha hecho por lo menos dos visitas al predio en cuestión de las que publicó un primer informe técnico. En él señala que “evidencia la concentración de lotes con subdivisiones inferiores a 10.000 m², por lo que no se cumple con el tamaño mínimo de predio, estipulado en el acuerdo 243 del 2010″. Además, señala que hasta la fecha de ese informe técnico (13 de enero de 2022), el proyecto no había presentado un Plan de Acción Ambiental.
El siguiente paso de la corporación ambiental, en caso de confirmar los hechos descritos, es la demanda del acto administrativo emitido por el municipio. (Le puede interesar: Colombia lanzó propuesta de transición energética, ¿pero a punta de gas y carbón?)
Cornare se ha comunicado por lo menos en dos ocasiones con la Secretaría de Planeación de Guarne, que expidió la licencia del proyecto. En una carta fechada del 22 de enero del presente año en la que la corporación le comunica a dicha dependencia la existencia del informe técnico aquí mencionado, también le reitera “las obligaciones y requerimientos generados al proyecto y el seguimiento urbanístico que debe realizar la administración municipal como ente competente”. El Espectador intentó comunicarse con la Alcaldía de Guarne, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta. ¿Por qué esa presunta falla en el control de los municipios se está convirtiendo en un problema?
“En el Valle de Aburrá es una problemática que lleva mucho tiempo y necesita una visión de prioridad. No se están respetando las zonificaciones de las áreas de protección y eso está generando una presión fuerte sobre el territorio, y es ahí donde se ponen en riesgo los servicios ecosistémicos que todos necesitamos. Es muy necesario que los municipios tengan muy bien actualizados sus esquemas de ordenamiento territorial, pero, además de eso, el control. El control de los entes territoriales es el componente clave. Vemos una dificultad ahí y nosotros como autoridad ambiental nos quedamos muy cortos en competencia”, explica Ana Ligia Toro, directora de Corantioquia.
Si bien la problemática de Vasconia atañe a Cornare por ser un predio de Guarne, las áreas de la reserva bajo jurisdicción de Corantioquia también presentan grandes dificultades, al estar en los límites de Medellín y Envigado, dos de los municipios con mayor presión de urbanización del Valle de Aburrá. “Hoy en día se tienen barrios al interior de la reserva y una ocupación sobre la cual el municipio de Medellín debió haber hecho control en su momento”, nos dice el equipo técnico de Corantioquia. “No es un tema de una, dos o tres administraciones. Es una cosa de décadas atrás. El control territorial no ha sido efectivo”, reafirma Toro.
La situación se repite en otras áreas de protección especial como la DMI Divisoria Valle de Aburrá Río Cauca. Al evidente problema ecológico se suma entonces uno social: los propietarios de los lotes que, como en el caso de Vasconia, actúan posiblemente de buena fe al comprar y luego se ven envueltos en condiciones que no conocían. Por eso la recomendación de las corporaciones ambientales también apunta a los compradores en este tipo de áreas: es vital revisar la zonificación del lote que se va a comprar y atender los requerimientos y requisitos ecológicos que impone.
Es claro que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá presenta alta ocupación y urbanización. El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, una hoja de ruta de planeación de la región, señala que la demanda de agua del área urbana ha crecido hasta los 70 millones de litros/día, obligando a que EPM gestione por fuera de los municipios del Valle de Aburrá el suministro de agua para abastecer sus necesidades. Primero en el Valle de San Nicolás y después hacia el valle de río Grande. Si esa urbanización no se controla, ya no habrá a dónde más expandirse para satisfacer las necesidades de miles o incluso de millones de personas.
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