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En las últimas horas creció la polémica alrededor de la posesión en las curules en la Cámara de Representantes a nombre de las comunidades negras del país.
Ante el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, se interpusieron denuncias ante la no posesión de los congresistas electos por las comunidades negras, María del S. Bustamante y Moisés Orozco.
La denuncia penal se interpuso por los presuntos delitos de falsedad ideológica en documento público y destrucción, supresión y ocultamiento de documento de público, en contra de los funcionarios del Consejo Superior de la Judicatura Yira Lucia Olarte, Santiago Peñalosa, Jairo Martínez y Tania Almario.
“Señor Fiscal, los señores Yira Lucia Olarte, Santiago Peñalosa, Jairo Martínez y Tania Almario, ocultaron documentos públicos, con lo cual impidieron el cumplimiento de una orden judicial. Así mismo la Señora Olarte Ávila, condensó información falsa en la comunicación enviada al Señor Presidente de la Cámara y al Señor Fiscal General de la Nación, donde niega la existencia de los documentos radicados por el señor Conjuez Diego Villamarín, incurriendo salvo adecuación típica distinta por parte del Fiscal, en los delitos de falsedad ideológica en documento público y destrucción, supresión y ocultamiento de documento de público”, dice uno de los apartes de la denuncia.
Igualmente, el congresista electo por las negritudes Moisés Orozco, quien interpuso la denuncia, también instauró una en contra del presidente de la Cámara de Representantes, Fabio Amín Sáleme, por el presunto delito de fraude a resolución judicial, ante la Corte Suprema de Justicia.
“Honorables Magistrados, el señor presidente de la Cámara de Representantes, Fabio Amín, se ha sustraído al cumplimiento de una obligación impuesta mediante resolución judicial sin justificar las razones de esa negativa”, advierte la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia.
Al mismo tiempo, se radicó ante el presidente de la Cámara de Representantes, Fabio Amín, una solicitud de cumplimiento a orden judicial, la cual enfatiza: “le solicito se sirva a dar cumplimiento con la misma celeridad y eficiencia con que procedió con las anteriores medidas, dado que de no hacerlo de manera inmediata tal como lo ordena la medida judicial que ya se encuentra debidamente ejecutoriada y en firme, se estaría incurriendo en la conducta penal de fraude a resolución judicial, tipificada en el artículo 454 del Código Penal Colombiano. Con una pena de prisión de 1 a 4 años.”
Hay actualmente un cruce de versiones y acusaciones pues el conjuez del Consejo Superior de la Judicatura, Diego Villamarín, presentó un documento a favor de la posesión pero la presidenta del Tribunal, María Mercedes López, desmintió el documento.
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