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Tres disparos sonaron antes de que Rafael Moreno cayera al piso. Estaba haciendo el balance del día en el restaurante que hacía poco había abierto en Montelíbano, uno de los negocios a los que se dedicaba, junto a manejar un lavadero de carros y hacer periodismo en el sur de Córdoba. Administraba la página en Facebook “Voces de Córdoba”, desde la que, hacía más de cinco años, se había dedicado a denunciar a políticos con los que antes trabajó o tuvo alguna una amistad, por lo que en sus publicaciones se podrían encontrar a los mayores contratistas de la región hasta denuncias de los sobrecostos en las rutas escolares y demoras en la entrega de obras públicas.
Igual que a Moreno, a Wilder Córdoba lo callaron en La Unión, Nariño. Dirigía el canal privado La Unión TV, a través del cual no dudaba en hacer denuncias sobre la falta de acción de las autoridades locales o incumplimientos, como ocurrió con la reconstrucción del parque principal del municipio, por el que ya se habían pagado $6.400 millones. Por eso, ambos casos son considerados asesinatos a periodistas por su oficio y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) los cuenta como los dos homicidios registrados en 2022 en el país.
“Es importante para el análisis mencionar que eran periodistas que hacían denuncias locales, liderazgo social y que su mayor impacto era en redes sociales”, asegura Jonathan Bock, director de la FLIP, quien añade que en ambos casos los periodistas eran víctimas de ataques de las administraciones locales, así como habían sido amenazados y vivían en lugares en los que han aumentado los asesinatos de líderes sociales y la presencia de grupos armados.
El problema no son solo los asesinatos. En estas partes del país también crecieron las violaciones a la libertad de expresión. Tan solo en 2022 se registraron 217 amenazas, la cifra más alta que ha reportado la FLIP desde que se hace la documentación, mientras que en un análisis evidencia que el aumento es una tendencia que se ha vendido dando en los últimos cuatro años.
Pero no es algo homogéneo en todo el país. Según Bock, las elecciones fueron un período violento, especialmente en lugares como Arauca, Antioquia y Putumayo, donde también han ocurrido cambios en las dinámicas del conflicto. “Esto coincide con el período del posacuerdo. Vemos que en el 2017 disminuyeron los casos y a partir de 2019 se volvieron a incrementar y permanecen, además hay la preocupación de lo que pueda ocurrir este año, bajo la lógica de las guerras y tensiones locales que se comenzarán a mover con las elecciones”, manifiesta Bock.
En juego hay más factores. Un mapeo de 994 municipios afectados por el conflicto armado evidenció que por lo menos 578 de estos son zonas silenciadas; es decir que son lugares en los que no existe ni un solo medio que produzca noticias locales. Aunque no hay una cifra exacta, sí se ha visto que en los últimos años las redes sociales se han convertido en un escenario particular para la difusión de la información en estos lugares, ya que en redes como Facebook han aparecido personas o grupos cubriendo noticias en estos lugares. Bock considera importante prestarle atención a esto, porque, a pesar de que hay intenciones de informar, “presentan problemas de sostenibilidad y necesitan capacitación de las personas a cargo de esas páginas, porque terminan quedando en disputas políticas o de opinión. Es un tema que no ha sido atendido por los gobiernos y lo que vemos con el actual es que no ha entendido el impacto de la ausencia de medios de comunicación y la necesidad de apoyarlos”.
Esto también demuestra lo hostiles que pueden ser las redes sociales, en las que se han evidenciado ataques coordinados contra los medios o periodistas, a lo que se suman la desinformación, en especial en períodos electorales. A la par, se ha pedido claridad y regulación sobre el uso de dineros públicos para contratar influenciadores o páginas para hablar bien de una administración, debido a que los vacíos en la ley han permitido a gobernantes e instituciones posicionar o reforzar su versión de los hechos, como ya se ha evidenciado en alcaldías como la de Medellín y Cali.
Por último, en el país preocupa el acceso a la información. Durante la administración de Iván Duque se extendieron los plazos de respuesta de los derechos de petición, por las condiciones de la pandemia, y pese a que ya se levantó la medida, Bock advierte que los tiempos de respuesta se duplicaron y explica que “el decreto superó el tiempo de la pandemia, lo que terminó repercutiendo en un tema más de cultura del funcionario. Es muy común que entre funcionarios se digan que el periodista se terminará aburriendo si no cumplen los tiempos para entregar la información, lo que vuelve a la cultura del secretismo, donde la información es del funcionario y no de la ciudadanía. Ya se había logrado derribar esas prácticas con la ley de transparencia”.
A esto se suman casos de instituciones como la Fiscalía, el Ejército y la Policía, que no entregan fácilmente información. “Poder luchar contra eso es muy difícil si no existe una entidad que le meta el diente y eso afecta la calidad de la información. También están las fallas, cada vez más reiterativas en el SECOP y Colombia Compra Eficiente, que fueron herramientas muy útiles para hacerles veeduría a los contratos públicos.
