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El coronel (r) Santiago Herrera Fajardo fue uno de los primeros oficiales en salir del Ejército en 2008, en medio de denuncias que lo acusaban de haber cometido ejecuciones extrajudiciales. Él mismo ya confesó que sí fue responsable de esa macabra práctica, en la que uniformados asesinaron a civiles para hacerlos pasar como combatientes a cambio de premios o permisos que el mismo Herrera se encargó de repartir. En 2017, se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y reconoció su responsabilidad en crímenes de guerra por cientos de falsos positivos cometidos en Catatumbo. Sin embargo, a la sombra de sus confesiones, las Fuerzas Militares lo mantuvieron al menos un año entre sus filas.
Así lo revelan documentos del Comando General de las Fuerzas Militares que fueron filtrados por el colectivo de hackers Guacamaya. El Espectador tuvo acceso a los archivos a través de la organización Forbidden Stories, un consorcio de periodistas radicado en Francia que continúa el trabajo de periodistas amenazados o asesinados. La filtración muestra que Herrera Fajardo, al mismo tiempo que admitía en la JEP haber liderado una organización criminal en el Ejército que se dedicó a asesinar civiles inocentes, hizo parte de un grupo de consultores que contrató el Comando General para alinear la estrategia de educación de las Fuerzas Militares con el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.
En al menos 16 documentos y cinco correos electrónicos de la filtración se evidencia que Santiago Herrera Fajardo tuvo un rol de coordinación en el contrato, que el Comando General de las Fuerzas Militares se entendía directamente con él y sabía de quién se trataba y que, incluso, cuando se firmó el convenio, la JEP ya lo había imputado como máximo responsable de los falsos positivos cometidos en Catatumbo entre 2006 y 2007. Durante ese año y medio, el entonces coronel Herrera fue comandante de la Brigada Móvil N.° 15 del Ejército, y él mismo ya reconoció en audiencia pública que, por esa época, “operó al interior de la brigada una estructura criminal de facto”.
El contrato con las Fuerzas Militares
El 21 de julio de 2021, el Comando General de las Fuerzas Militares firmó el cuestionado contrato con el abogado Jaime Alberto Duque Casas, exdirectivo de la Universidad Militar, doctor en Gobierno y consultor en temas de educación militar con una amplia experiencia. En total, se pactó el pago de $220′840.200 y, un mes más tarde, Duque firmó un acuerdo de confidencialidad con Herrera Fajardo. De esta manera, el coronel, quien ya había sido imputado por 43 ejecuciones extrajudiciales que hombres bajo sus órdenes hicieron pasar como bajas en combate, apareció como un consultor experto en seguridad y clave para desarrollar el contrato sobre derechos humanos.
De entrada, quedó claro que su función sería ser un miembro del equipo de trabajo que organizó Duque para cumplir con el convenio, como lo evidencian al menos tres documentos del hackeo. En uno de ellos, el supervisor del contrato, la Dirección Administrativa del Comando General, dejó claro que Herrera era el consultor 1 y que necesitaba su dedicación al 100 % durante la ejecución del contrato. Aunque en ningún archivo de la filtración queda claro cuánto dinero recibió el coronel (r), sí hay dos certificados firmados por el abogado Duque Casas que señalan haberle hecho un primer pago por $4′500.000 en noviembre y otro por el mismo valor en diciembre de 2021.
Pese a sus antecedentes, Herrera Fajardo nunca fue condenado en la justicia ordinaria, por lo que no tiene ningún impedimento para recibir pagos del Estado. Estuvo detenido y atravesó un proceso judicial, pero en 2017 se sometió a la JEP y comenzó a colaborar con ese sistema de justicia. Ahora es uno de los 10 militares que están a disposición del Tribunal para la Paz, a la espera de que se les impongan las primeras sanciones de la JEP. En sus versiones, Herrera Fajardo ha señalado al general (r) Mario Montoya, entonces comandante del Ejército, de presionarlo de una manera “enfermiza” para que presentara muertes como resultados operacionales.
Por cierto, el coronel retirado no estuvo solo en el equipo de trabajo. Duque Casas incluyó a otras tres personas: una experta en educación y dos militares más. El objeto del contrato fue “prestar sus servicios a través de una consultoría para fortalecer los procesos de planeación del entrenamiento militar conjunto, el impacto de la cooperación internacional en la educación militar, el análisis de la doctrina conjunta, la alineación de la educación con las políticas del Ministerio de Educación y la transversalización de la capacitación en derechos humanos y derecho internacional humanitario, que permitan incrementar las capacidades del Departamento de Educación Militar”.
En la filtración, hay 16 informes con membretes del nombre de Duque Casas, que su equipo envió directamente al Departamento Conjunto de Educación Militar. Cinco de ellos están firmados por Santiago Herrera Fajardo y todos tratan sobre directivas de doctrina militar que el coronel (r) sugiere actualizar. También hay correos en los que se lee cómo otros miembros del equipo de investigación acudían a Herrera para que aprobara sus entregas o hiciera comentarios sobre sus avances. Por ejemplo, en uno de noviembre de 2021, la experta en seguridad le envió un informe parcial “de conformidad con las condiciones, tiempos acordados con el equipo” y firmó diciéndole: “Estaré atenta a tus comentarios”.
Este diario contactó a Santiago Herrera Fajardo para conocer su opinión sobre su doble condición de compareciente en la JEP y consultor de las Fuerzas Militares, pero no obtuvo respuesta, ni a un cuestionario que se envió a su correo ni a mensajes a su teléfono personal. Asimismo, El Espectador se comunicó con el Comando General para preguntarle por el contrato y por qué tiene entre sus consultores a un hombre que ya reconoció haber cometido crímenes de guerra. El 11 de enero de 2023, la entidad contestó que habían trasladado la petición a la Ayudantía del Comando General, pero a la fecha no hay respuesta.
Consultado por este diario, el abogado Duque Casas explicó el contexto del contrato. El experto aseguró, primero que, al momento de la firma contrato, él desconocía que Santiago Herrera hubiera sido imputado y, en cualquier caso, aún hoy está amparado por la presunción de inocencia, pues no ha recibido sentencia. Segundo, dijo Duque, el rol de Herrera fue de coordinador o enlace entre los expertos y el Comando General. Y, tercero, con este contrato el coronel (r) puede, como se comprometió al acogerse a la JEP, reparar los daños ocasionados, a través de la promoción del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Añadió que Herrera no trabaja para él. Añadió que el nombre del coronel (r) para este contrato lo propuso el Comando y que el acuerdo de confidencialidad lo firmó todo el equipo. Dos fuentes que conocen el proceso de Herrera en la JEP confirmaron que no está impedido para contratar con el Estado, pues nunca fue condenado en la justicia ordinaria y aún no recibe una sanción en la JEP. De todos los militares que la JEP ha imputado por falsos positivos, Herrera es el único que salió mencionado en el hackeo. Sin embargo, el período de la filtración es de tan solo dos años, lo que deja abierta la pregunta de si hay otros contratistas con una situación jurídica similar a los que las Fuerzas Militares han obligado a firmar acuerdos de confidencialidad.
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