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Algunos lectores de la columna “Morimos contaminados y tranquilos” me pidieron registrar avances en Medellín y Cali, donde el derecho constitucional fundamental a vivir en un ambiente sano cobra vigencia y lleva a sus gobernantes a comprometerse con programas que buscan disminuir la contaminación. En 2019, en Medellín 64 buses eléctricos de 80 pasajeros y en Cali 164 buses de 50 pasajeros reemplazarán los buses diésel contaminantes, que generan muerte y enfermedades según el Instituto Nacional de Salud (INS). ¡En Bogotá, nada de nada!
En Bogotá, donde los 2.600 metros sobre el nivel del mar dificultan la combustión del diésel, haciéndolo ineficiente y más contaminante, seguimos reemplazando los buses diésel de Transmilenio por nuevos buses diésel y nada hacemos con los alimentadores ni las busetas. En muchas ciudades, las autoridades ya están sacando el diésel del transporte público y, cuando hay indicadores de contaminación alarmantes —muy inferiores a los que a diario vivimos en Bogotá—, prenden las alarmas amarillas e impiden la circulación de automóviles y buses diésel.
El alcalde Peñalosa —quien sin duda planea abandonar la contaminada Bogotá una vez termine su mandato— nos deja una herencia que obliga a su ingrato recordatorio por razones de salud pública. Si reaccionamos al informe del INS, en pocos años tendremos que sacar de circulación los nuevos buses diésel de Transmilenio, debido al alto costo social que generan. Desde ya, debemos bloquear las chimeneas ambulantes de Transmilenio, alimentadores y buses ordinarios que circulan con motores diésel descalibrados, llevando la muerte por toda la ciudad. Niños, ancianos, habitantes pobres de la ciudad que pasan horas montados en estos móviles de la muerte y los taxistas, que trabajan 12 horas con la nariz a la altura de los exostos, son los más afectados. Si decidiéramos tomar la bicicleta, morimos progresivamente en dos ruedas, pues inhalaríamos más profundamente el aire contaminado. Esperamos que todos reaccionemos y nos movilicemos. Quizá serán los jóvenes los que protesten, como en Bélgica, y reclamen acción de las autoridades para proteger su salud y su futuro.
Medellín y Cali empiezan de manera tímida a cumplir el mandato constitucional, pues una administración comprometida con la salud debería avanzar más rápido. Por ejemplo: fijar un plazo perentorio de máximo tres años para no aceptar el ingreso de nuevas motocicletas movidas por gasolina y programar la salida, en máximo cinco años, de las que actualmente están circulando. En cinco años se puede y debe forzar el paso de todas las motocicletas a motores eléctricos, que incluso son más baratos. Esta medida induciría a productores e importadores de motocicletas a impulsar la oferta de motores eléctricos. Algo similar debemos hacer con los autos, para incentivar la migración progresiva pero obligatoria a motores eléctricos.
El informe del INS señala que la contaminación atmosférica es una de las principales causas de enfermedad y muerte en las ciudades contaminadas de Colombia. El Gobierno Nacional y los gobiernos locales tendrán que asumir el mandato constitucional. Cumplir la ley no es optativo. Defendamos nuestra salud, movilicémonos y establezcamos procedimientos jurídicos contra los gobernantes que, por acción u omisión, nos asesinan permitiendo la innecesaria y nociva contaminación atmosférica. Las opciones tecnológicas están disponibles. Hay que tomar medidas.
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