Un camino por recorrer

Luis Felipe Henao
04 de febrero de 2019 – 12:00 a. m.

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La decisión del presidente de la Asamblea de Venezuela, Juan Guaidó, de declararse presidente encargado de Venezuela constituyó un paso fundamental en el restablecimiento de la democracia. No se trata de una determinación arbitraria , sino que está plenamente fundada en el artículo 233 de la Constitución venezolana. Sin embargo, la historia nos demuestra que no basta con esa valiente determinación y con su reconocimiento por parte de la comunidad internacional para que se retome la democracia en un Estado.

El primer efecto de esta decisión ha sido el reconocimiento de Guaidó por parte de otros países, lo cual ha constituido un paso muy importante a nivel internacional. No obstante, este mecanismo ha fracasado en muchas ocasiones para restablecer la democracia. Casos similares se han presentado en España, después de la guerra civil, Namibia en 1966, Laos en 1975, Camboya en 1982, Kuwait en 1990, Ghana en el 2012, Gambia en 2017 y Kenia en el 2018, sin que se hayan producido resultados efectivos.

El segundo efecto es el aislamiento de Maduro de la comunidad internacional. Sin embargo, este mecanismo tampoco ha demostrado ser eficaz para restablecer el Estado. Han sido seis décadas en las que ese régimen castrista ha perdurado pese al aislamiento diplomático, los bloqueos económicos y la enemistad de la principal potencia militar y económica del mundo. Pensar que con el solo hecho de aplicar una política de aislamiento frente a Maduro puede mejorar la situación de Venezuela es ingenuo.

La situación de Cuba incluso era más compleja que la de Venezuela. Es una isla, no tiene petróleo ni recursos naturales no renovables. Maduro cuenta con apoyos importantes dentro y fuera del país, maneja una de las cinco mayores reservas de petróleo del mundo, tiene el control territorial de un Estado de más de 900.000 kilómetros cuadrados y ha armado a cientos de miles de personas listas para iniciar una revolución en caso de ser necesario.

El tercer efecto es la generación de apoyos internos de la población que vayan llevando a la entrega efectiva de los poderes públicos a Guaidó. Sin embargo, sin el compromiso de las fuerzas armadas de ese país se puede desencadenar una guerra civil con enormes consecuencias, no solo para los venezolanos, sino para Colombia. Tenemos 2.219 kilómetros de frontera en cuyo margen habitan cientos de miles de compatriotas que serían claramente afectados por una confrontación armada que, además, podría tener un alcance global, teniendo en cuenta la importancia de los aliados con los cuales todavía cuenta Maduro. Los antecedentes en los que han ocurrido este tipo de situaciones han sido terribles para los países vecinos.

Por ello, es necesario que la declaración de Guaidó no solo sea seguida de declaraciones diplomáticas y medidas de bloqueo que, aisladas, han demostrado ser ineficaces o generar confrontaciones que tendrían consecuencias incalculables para Colombia. Es necesario buscar una resolución concreta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin ello, el régimen de Maduro podría prolongarse por 60 años más o, lo que es peor, Colombia podría quedar en la mitad de un conflicto global. Si bien no es fácil que el Consejo de Seguridad emita esa decisión, hay que dar otros pasos para hacerlo y el primero es generar una posición firme y unificada de toda la comunidad internacional frente a la denuncia que se hizo ante la Corte Penal Internacional. Si ese caso avanza será más fácil adoptar otras decisiones. El camino no es corto, pero hay que actuar con mucha prudencia para no terminar en la mitad de una confrontación cuyos daños serían incalculables para nuestro país.

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