De Barranquilla a Cali

Después de dos cortes generales de agua en 1990 y 1991, la ciudad entró en una etapa de evaluación sobre la situación de las EPMB. Una auditoría comandada por el Gobierno de César Gaviria declaró que pese a que las EPMB recibían el 100 % del recaudo sobre el impuesto a la propiedad, estos fondos no eran muchos, pues la evasión fiscal era casi total. Debido al balance negativo, distintos actores de la ciudad empezaron a asignar culpas. El sindicato fue acusado por el Comité Intergremial y por concejales conservadores de contribuir a la caída de las empresas y de tener vínculos con las guerrillas. Andrés Blanco, líder sindical, denunció la injusticia de tales declaraciones y afirmó que con ellas gremios y concejales estaban poniendo en riesgo la vida de los sindicalistas. “El Comité Intergremial no tiene la autoridad moral para hablar con la comunidad. Forman parte de la junta de las EPMB desde los años 50 y han aceptado y participado en todos sus vicios administrativos, toda su desorganización y burocracia. El sector bancario local se ha beneficiado al otorgarles a las empresas préstamos a alto interés”, explicó Blanco. “Al mismo tiempo, el sector industrial y comercial ha acumulado más de $10 billones de deuda en facturas de agua y electricidad. Hoy quieren continuar su enriquecimiento a costa de los barranquilleros”, añadió.

Los empleados se declararon en huelga para exigir el pago de sus salarios atrasados. El sindicato llevó al Concejo pancartas con dibujos de miembros del Comité Intergremial retratados como ratas. Entretanto, el Comité defendía la liquidación de las empresas “y todos sus vicios para dar paso a la creación de entidades eficientes, privadas y técnicas y evitar pasivos por pensiones”. Como alternativa a la liquidación, el sindicato propuso una estrategia para cobrar retroactivamente el impuesto a la propiedad y mejorar así las finanzas. A finales de los 90, el Gobierno central decidió que la mejor solución era liquidar las EPMB. Las protestas sindicales comenzaron inmediatamente. 600 trabajadores ocuparon la Alcaldía preocupados por sus pensiones y futuro. Después de la Alcaldía y las instalaciones de las empresas, pasaron a ocupar la casa del alcalde. El ejército intervino y pese a la multiplicación de las protestas se formó la nueva compañía de agua y saneamiento, Triple A. Algunos años después fue creada Electricaribe.

Esta semana el Juzgado Cuarto Especializado de Cali condenó a tres altos oficiales del Ejército, por seguimientos y amenazas (perpetrados en 2004) a dirigentes sindicales de Emcali y al congresista Alexander López, quienes se oponían a la privatización de las empresas públicas. López, que tuvo que interponer una tutela para acelerar una investigación en la que la Fiscalía llevaba 50 meses, sostuvo que detrás de los planes de represión ejecutados durante el gobierno Uribe estuvieron el DAS y la Superintendencia de Servicios en cabeza de Eva María Uribe (actual funcionaria del gobierno Duque).

El Tribunal Permanente de los Pueblos documentó, en una sesión de 2006 en Viena, los vínculos entre Gas Natural Fenosa (antigua propietaria de Electricaribe) y grupos paramilitares que “amenazaron, agredieron y asesinaron a sindicalistas y sembraron el miedo entre los barrios populares de Barranquilla”. El balance del proceso privatizador de las empresas de servicios públicos en la costa Caribe colombiana fue la desaparición y muerte de 27 dirigentes sindicales. Debido al dominio que Jorge 40 tenía entonces en la región, quizá muchos de estos crímenes no fueron registrados.