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No es bueno lo ocurrido en Colombia en este inicio del nuevo año. El atentado terrorista del Eln en la Escuela General Santander no solo provocó indignación general. También instaló de nuevo un innecesario espejo retrovisor que retrotrae al país hacia la cultura de la guerra. Como lo escribió el pasado domingo Humberto de la Calle, en su columna de El Espectador, el acto terrorista del Eln solo favorece “a aquellos que desean proscribir el diálogo como solución al conflicto”.
Por otra parte, la reacción de conspicuos dirigentes prefirió rentabilizar políticamente su discurso, antes que intentar aproximaciones para enfrentar la peligrosa doble cara del problema: el regreso del atentado como ingrediente de la política y el crecimiento del crimen por el crimen con bandas cada vez más organizadas y violentas, en territorios que el Estado sigue sin poder controlar. Además, el Gobierno decidió desconocer los protocolos firmados no solo con la guerrilla sino con los Estados garantes, en una acción sin antecedentes en las democracias modernas.
Desatender los protocolos es también ignorar tozudos hechos que cruzan, de arriba abajo, la realidad colombiana de estos tiempos, cuyas complejidades aconsejan prudencia en las decisiones. No sin razón, diversos analistas recordaron que el presidente Uribe respetó los protocolos firmados por él antes de su ronda de negociaciones con la guerrilla, hace más de una década, y creo que hubiera procedido de igual manera, aunque estuvieran suscritos por su antecesor.
Es un sofisma suficientemente torpe decir que “cumplir el protocolo es incumplirle a Colombia”, como lo hizo el comisionado Ceballos. Se han oído afirmaciones que hacen sentir al país prisionero de un entramado vergonzante: primero el ministro de Defensa asegura que el atentado se preparó durante diez meses. Sin embargo, los servicios de inteligencia de su despacho nunca se enteraron. Ahora el comisionado justifica una suerte de timo normativo para facilitar la captura de los criminales.
Tuvo razón el presidente Duque cuando, en su primera reacción, habló de dos valores en pugna. También la tuvo el procurador Carrillo al afirmar que ningún protocolo puede servir de blindaje al terrorismo. Pero lo que terminó diciendo Ceballos resulta penoso. Si un Estado no tiene la capacidad para responder con mano dura, sin necesidad de incumplir su palabra, es un Estado demasiado débil o demasiado marrullero. Tampoco tiene sentido afirmar que la ausencia de unanimidad en los países garantes libera a Colombia de sus compromisos. Estas posturas lesionan la fuerza moral que debe inspirar y acompañar todas las decisiones en un Estado de derecho.
En medio de este berenjenal se están desdibujando las prioridades de la agenda pública: en materia internacional, Colombia se redujo a ser el mascarón de proa de la política norteamericana contra la dictadura de Maduro. Y el atentado terrorista del Eln está enterrando la lucha contra una corrupción creciente, que carcome las bases de la institucionalidad. De acuerdo: como están las cosas es moralmente imposible negociar con el Eln. Pero es preciso convocar a todas las fuerzas políticas y a la misma sociedad civil para consolidar el pacto de Estado que pueda rediseñar un proyecto común como nación. De lo contrario, el único perdedor es el país.
* Exsenador, profesor universitario.
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