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Por Diana Guarnizo
La semana pasada, en un estudio que pasó casi de agache, una comisión de científicos publicó en la reconocida revista The Lancet un informe titulado “La sindemia global de obesidad, desnutrición y cambio climático”. El informe hace referencia a cómo las dos pandemias de obesidad y desnutrición van de la mano de un tercer fenómeno: el cambio climático.
La palabra sindemia ha sido usada en la jerga médica para referirse a dos o más enfermedades dentro de una población que contribuyen a, y resultan de, las desigualdades sociales y económicas. Ya lo mostró el antropólogo Merrill Singer en los 90 al señalar cómo el consumo problemático de ciertas sustancias, la violencia y el sida aparecían en las poblaciones hispanas pobres urbanas del centro de los Estados Unidos. Singer mostró que las condiciones sociales (pobreza, desempleo y falta de hogar) impulsaban a los jóvenes a unirse a pandillas. Estas los exponían a la violencia y al consumo problemático de sustancias, lo cual, a su vez, era un factor de riesgo para la aparición del virus.
En el informe de The Lancet las relaciones entre los tres fenómenos son contundentes. El cambio climático es una amenaza seria a la seguridad alimentaria de millones de personas, quienes verán arruinadas sus cosechas por la sequía o las inundaciones. A su vez, el sistema alimentario actual es responsable de buena parte de las emisiones de carbono que contribuyen al cambio climático. Solo la industria ganadera aporta casi el 20 % de dichas emisiones. Pero la cosa empeora. El cambio climático y los problemas de seguridad alimentaria aumentarán el riesgo de malnutrición. Si el costo de frutas y verduras sube, al tiempo que productos ultraprocesados y paquetes sean lo único que podamos comprar, los más pobres solo podrán acceder a productos de mala calidad, subiendo de kilos, pero sin nutrirse realmente. La cosa es más grave en países tropicales y de ingreso medio, como Colombia, en donde los efectos del cambio climático se sentirán con más fuerza y donde ya sufrimos la doble carga de desnutrición y obesidad.
Ejemplos de esta sindemia global ya están en Colombia. Si no, eche un vistazo a los pueblos de la costa norte que, sin acceso a agua potable y ante el sol inclemente y la sequía, solo buscan hidratarse con gaseosas en botella que luego son arrojadas a ciénagas y ríos agravando así el problema ambiental. O mire a las comunidades de Bolívar que se han visto desplazadas de sus tierras para sembrar palma, un monocultivo responsable de gran cantidad de gases de efecto invernadero y cuyo aceite está presente en gran número de productos ultraprocesados.
En esta pesadilla, el reporte recomienda crear políticas e incentivos que promuevan un sistema alimentario donde la producción, el consumo y todos los pasos de la cadena sean más responsables; redireccionar los subsidios de la agricultura extensiva a otras formas más sostenibles; poner etiquetados más claros a los productos ultraprocesados, además de acciones individuales para reducir nuestro consumo de carne y nuestra huella ambiental.
Pero crear políticas no es cosa fácil. El informe señala que el sistema alimentario actual está en manos de unas pocas industrias que, con frecuencia, logran hacerse al poder económico y político impidiendo dichos cambios. En Colombia tenemos sobrados ejemplos de cómo las tácticas de ciertas industrias han terminado por limitar intentos de regulación en favor de la salud o el ambiente. Necesitamos medidas para impedir que estas industrias determinen la política pública y el futuro alimentario del planeta. Lo que está en juego es demasiado importante como para ser decidido solo por el bolsillo de unos pocos.
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