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En el año 2000, diez personas eran secuestradas a diario en el país. Este flagelo parecía irremediablemente ligado a la realidad colombiana. Quince años después, el panorama ha dado un vuelco evidente. Las cifras del Gaula, la dependencia de la Policía que atiende este delito, indican que en lo corrido del año, una persona ha sido secuestrada cada dos días, mucho menos que las 20 personas que habrían sido plagiadas en 48 horas hace quince años.
La cifra aún es alta y ubica a Colombia en el noveno lugar en la lista de países que padecen este delito. Pero podría ser menor si se tiene en cuenta que en Colombia el Código Penal no diferencia los casos de secuestro de las privaciones de la libertad que se cometen, por ejemplo, durante el hurto de una casa en la que los ladrones amarran a los propietarios.
Las causas del descenso del secuestro pasan desde la especialización de la Fuerza Pública para combatirlo hasta la baja rentabilidad que representa para los grupos al margen de la ley, si se compara con el narcotráfico y la extorsión. Precisamente, el secuestro empezó en Colombia como el sostén económico de los actores armados ilegales. Además, el costo político de este crimen resultó pasándoles tal factura a organizaciones como las Farc, que los plagios de carácter político ya no hacen parte de su agenda y el 26 de febrero de 2012 anunciaron que abandonaban el secuestro extorsivo.
El 31 de enero de 1933, un desconocido se acercó a una niñera que cuidaba a una pequeña de 3 años en un parque de Cali. Mediante engaños logró que le entregara la niña. El hombre la subió a un carro y desapareció. Así sucedió el primer secuestro registrado en la historia de este país. El primero de los cerca de 40.000 que vendrían después, según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica.
El delito mutó, muestra la información del Gaula. Las guerrillas tenían la infraestructura para mantener en cautiverio a sus víctimas durante largos períodos. Por el contrario, los tiempos de secuestro de las bandas criminales son cortos. El perfil de los secuestrados también se transformó. Los objetivos principales dejaron de ser los grandes hacendados o la gente de altos perfiles políticos o económicos; el interés se fijó en pequeños comerciantes o propietarios. Por ende, las sumas exigidas por las liberaciones también disminuyeron de miles y cientos a decenas de millones.
La caída de la cifra de secuestros ha sido sostenida desde el comienzo del milenio. De 3.572 casos en el 2000, se pasó a 184 en lo que va corrido de 2015. Las guerrillas que potenciaron durante décadas el flagelo, lo han abandonado casi por completo, y más aún desde el inicio de los diálogos de paz en La Habana.
Según las cifras del Gaula, de los secuestros perpetrados este año el Eln ha ejecutado 20 y las Farc, 15. Pero de estos casos, la mayoría corresponden a detenciones cortas que las guerrillas hacen en sus regiones de influencia para, por ejemplo, corroborar la identidad de un foráneo en la zona. Pese a la disminución clara de los secuestrados, aún hay muchos de quienes se desconoce su suerte: 115 cautivos históricos calcula el Gaula desde 1998, mientras que otras fuentes apuntan a que son muchos más. Hay poca claridad en el tema.
Lo que muestran los números es que los tiempos de la Colombia secuestrada están llegando a su fin, aunque la huella que dejó este crimen en miles de familias durante décadas no termina de cicatrizar.
Algo de historia
La niña secuestrada en 1933 fue Elisa Éder, hija del dueño y gerente del ingenio azucarero Manuelita, uno de los hombres más ricos el Valle del Cauca. La ciudad estuvo en suspenso durante horas, la gente no estaba preparada para un suceso como ése. Tras las acciones de la familia misma y de las autoridades, la niña fue entregada a un grupo de personas que la devolvieron a sus padres. El primer secuestro tuvo un término alentador.
La familia volvió a sufrir del mismo flagelo tres décadas después, pero esa vez el destino fue trágico. Las Farc acababan de ser fundadas tras la Operación Marquetalia, en mayo de 1964, y el secuestro estaba por convertirse en un pilar económico de la guerrilla. El 20 de marzo de 1965, decenas de hombres de las Farc asaltaron a Hárold Éder y a sus escoltas, y en medio del fuego cruzado en el que resultó herido quien había sido ministro de Hacienda, lo internaron en las montañas del Cauca. Luego de 24 días se encontró su cadáver. Hárold Éder fue la primera víctima mortal del secuestro en Colombia.
En adelante, las Farc, el Eln, el Epl y el M-19 establecieron este delito como vehículo para conseguir sus fines políticos y como forma de financiamiento de sus estructuras. En la década de los 80, paramilitares y narcotraficantes entraron en el abanico de secuestradores con motivaciones como el ajuste de cuentas entre criminales o para ejercer presión en la consecución de sus objetivos. El secuestro en esta época se trasladó de las zonas rurales a las ciudades.
Con todos los actores ilegales como perpetradores, el secuestro se potenció. A finales de los 90, el delito aumentó en más de un 100 %, alcanzó su pico histórico y se convirtió en la forma más representativa de violencia en Colombia. La delincuencia común se unió al círculo, incluso trabó alianzas con las guerrillas y los paramilitares, a quienes les “vendía” secuestrados.
Entrado el año 2000, el interés de las guerrillas en el secuestro empezó a menguar. El delito se volvió poco lucrativo frente a otras actividades ilícitas, como el narcotráfico o la extorsión. Tras la desmovilización de las autodefensas en 2006 y el debilitamiento militar de las guerrillas, las bandas criminales se convierten en las principales secuestradoras.