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En algún momento del primer semestre de 2026, los edificios y conjuntos residenciales en Colombia celebrarán sus asambleas ordinarias. Sobre la mesa estarán los presupuestos del año y, más allá de la cuota de administración, los morosos y los costos de mantener las zonas comunes, habrá un tema que no pasará desapercibido: la vigilancia privada.
Esta es una conversación de talla mayor porque, primero, cerca de la mitad de las viviendas urbanas del país están bajo el régimen de propiedad horizontal, según cálculos de Fedelonjas. Es decir, millones de hogares aportan dinero para financiar servicios básicos como la vigilancia.
En muchos de esos conjuntos, la vigilancia puede representar entre el 45 % y el 60 % del presupuesto mensual. De ahí que, cuando algo cambia en este servicio, se altera uno de los componentes principales de la cuota de administración.
En 2026, ese “algo” tiene que ver con el histórico aumento del salario mínimo (del 23 %, cifra que el Gobierno mantuvo tras la medida cautelar del Consejo de Estado), así como los ajustes previstos en las tarifas mínimas del sector para 2026, que define la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
En contexto: Salario mínimo 2026: Gobierno Petro publicó decreto que mantiene alza del 23 %
Los gremios del sector ya hablan de recortes del servicio de vigilancia en las copropiedades. Miguel Ángel Díaz, presidente de la Confederación Nacional del gremio de la seguridad privada (Confevip), ha dicho que algunos contratantes optan por reducir servicios de 24 a 12 horas. Según el gremio, la facturación del sector ha caído cerca de 15 % en lo corrido del año.
Así están las tarifas de la vigilancia en 2026 y por qué generan reparos entre las copropiedades.
¿Cuánto cuesta la seguridad privada?
La tarifa mínima de la vigilancia privada es una fórmula. La Supervigilancia establece un factor que hoy equivale a 9,77 salarios mínimos legales mensuales para un servicio permanente de 24 horas, los siete días de la semana.
Ese factor es el que, al multiplicarse por el salario mínimo vigente en 2026 (COP 1.750.905), arroja un valor base cercano a COP 17,1 millones mensuales. A eso hay que sumarle el valor de la prima de seguro de vida del guardia y añadir gastos de administración y supervisión (entre 8 y 10 % de la tarifa mínima, dependiendo de si el servicio requiere armas o el apoyo de caninos).
Ese monto no corresponde a una sola persona. Para cubrir un puesto 24/7 se necesitan al menos tres trabajadores que se turnan durante el mes.
Cada uno devenga salario mínimo, más horas extras, recargos nocturnos y dominicales, además de prestaciones sociales y aportes a seguridad social.
Hay que entender también que este año la tarifa básica tendrá tres ajustes.
- El primer incremento entró en vigor el 1° de enero, tras el aumento del salario mínimo. Como la tarifa mínima se calcula multiplicando el salario mínimo por un factor definido por la Supervigilancia, al subir el salario mínimo también aumenta automáticamente el valor final del servicio.
- El segundo incremento aplicará entre el 1° y el 14 de julio, cuando el factor pase a 9,85 salarios mínimos.
- El tercero ajuste se hará entre el 15 de julio y el 31 de diciembre de este año. El factor subirá a 10,21, como efecto de los cambios derivados de la reducción de la jornada laboral y los nuevos recargos, como lo señaló la Supervigilancia en la circular que reglamenta las tarifas mínimas de este servicio.
Cuando se mira la cifra total (de nuevo, alrededor de COP 17 millones en el primer semestre y un poco más en la segunda mitad del año) surge otra pregunta: ¿cuánto de ese valor corresponde realmente a los márgenes de ganancia de una empresa de vigilancia?
El presidente Gustavo Petro afirmó en enero, a través de su cuenta en la red social X, que los dueños de empresas de vigilancia estarían ganando “el doble” por cada vigilante. La frase encendió el debate sobre las ganancias del sector.
Miguel Ángel Díaz, de Confevip, rechaza esa lectura. Según el líder gremial, entre el 80 % y el 90 % del valor del servicio corresponde a costos laborales (salarios, horas extra, recargos, seguridad social y prestaciones) y, una vez descontados esos rubros, los márgenes de operación suelen moverse en rangos cercanos al 3 % o 4 %.
No todo es el salario mínimo
El ajuste del 23 % en el salario mínimo llevó a que muchas cuotas de administración subieran en una proporción similar (cuando así lo definieron internamente las asambleas) y, desde luego, obligó a revisar presupuestos.
Pero, según el superintendente de Vigilancia, Larry Sadit Álvarez, “decir que toda la tarifa (de un servicio de vigilancia) es salario mínimo y que todo el incremento es ‘per se’ únicamente atribuible al salario mínimo no es del todo cierto”.
Álvarez le contó a este diario que la Supervigilancia trabaja con una matriz de costos que incluye no solo salarios y prestaciones de los tres trabajadores que cubren el puesto 24 horas, sino también el seguro de vida obligatorio, dotaciones, pólizas, equipos de comunicación y un componente de administración y supervisión que varía según la modalidad del servicio.
El factor de 9,77 salarios mínimos (que luego aumentará en julio) es, en palabras del ente de control, una forma de traducir todos esos costos en una tarifa mínima que garantice formalidad y pago de obligaciones laborales.
Sin embargo, no todos en el sector consideran que ese piso se ajuste a las realidades de todas las copropiedades y advierten que, si la brecha entre capacidad de pago y tarifa base se amplía, puede crecer la tentación de acudir a esquemas informales.
¿Guardas de seguridad o conserjes?
Lo que hoy se cuestiona es si una tarifa mínima única en la vigilancia puede aplicarse igual a realidades muy distintas.
Un conjunto residencial de estrato alto en Bogotá no enfrenta las mismas condiciones que un edificio pequeño en una ciudad intermedia. Sin embargo, la fórmula para calcular el costo del servicio de vigilancia parte de una tarifa mínima obligatoria que, aunque con algunas diferencias por estrato, es muy similar en ambos escenarios.
Si bien la tarifa básica contempla algunas diferencias por estratos, estas no son sustancialmente diferentes y tanto ese conjunto de estrato alto como el edificio pequeño deben costear un servicio de vigilancia que parte del factor mencionado (9,77 salarios mínimos).
El propio superintendente de Vigilancia reconoce que, aunque la tarifa mínima es una garantía de formalidad laboral, el sector enfrenta el reto de revisar cómo se adapta a distintas capacidades de pago.
Por su parte, FedeSeguridad (otro de los principales gremios del sector) le dijo a este diario que la tarifa mínima no es un techo, sino un piso diseñado para garantizar formalidad laboral y condiciones adecuadas del servicio, y advierten que reducirla “abriría la puerta a la competencia desleal y a la informalidad”.
Para FedeSeguridad, el debate no debería centrarse únicamente en el porcentaje del incremento, sino en la sostenibilidad del modelo. “Si se baja la tarifa mínima, lo que se afecta es la calidad del servicio y el cumplimiento de las obligaciones laborales”, sostienen.
Ante la presión de las tarifas de vigilancia, viene dándose una dinámica que ha ganado espacio en algunas copropiedades: reemplazar vigilantes por personal de conserjería con tarifas más cómodas.
No obstante, la Supervigilancia ha reiterado que las empresas de conserjería no pueden prestar funciones propias de vigilancia privada y que contratar ese tipo de servicios para labores de seguridad puede acarrear sanciones económicas.
Para Néstor Hoyos Figueroa, miembro del Colectivo Andino para el Estudio de Iniciativas para la Promoción de la Propiedad Horizontal y con más de 30 años de experiencia en la administración de conjuntos residenciales, que las copropiedades estén acudiendo a conserjes (o guardias informales) es un problema de fondo.
Hoyos critica que la regulación de la seguridad privada (que se formuló en los años noventa) terminó creando un esquema “cerrado”, incluso cercano a un monopolio. “El concepto de libre empresa no se está aplicando”, sostiene.
A juicio del experto, la ley obliga a contratar exclusivamente empresas de vigilancia con licencia de la Supervigilancia, las cuales deben aplicar la tarifa mínima regulada, lo que en la práctica reduce las alternativas para las copropiedades que no pueden asumir los cerca de COP 17 millones que cuesta un servicio completo.
Ahora bien, si nos mantenemos en el terreno legal (contratación formal y con prestaciones) reemplazar vigilantes por conserjes no siempre implica un ahorro sustancial para la copropiedad.
En un conjunto de apartamentos en Suba, localidad al noroccidente de Bogotá, por ejemplo, la asamblea evaluó reemplazar un puesto de vigilancia por un esquema de conserjería. Al hacer las cuentas, la diferencia en el presupuesto total era de unos COP 200.000 al mes.
Frente a esto, el superintendente Larry Álvarez cuenta que el ente de control ha impuesto medidas cautelares y procesos administrativos contra conjuntos residenciales, empresas e incluso entidades públicas que han recurrido a esquemas no autorizados para cubrir funciones propias de vigilancia privada.
La tecnología entra en la portería
Y es que, de manera paralela al debate por las tarifas, hay otra conversación que avanza desde comienzos de este año: la automatización de los servicios de seguridad.
Para Óscar Javier Pedraza, de Omicronix Technology (empresa de automatización y seguridad electrónica), si bien el uso de tecnologías de videovigilancia y de control de accesos no es nuevo, este año él ha percibido un mayor interés por estas soluciones. “Lo que hizo el (ajuste del) salario mínimo fue acelerar la decisión de automatizar”, afirma.
Las opciones van desde sistemas básicos de control de acceso, que pueden costar entre COP 40 millones y COP 60 millones según Pedraza, hasta esquemas con reconocimiento facial y videoanalítica que rondan los COP 100 millones.
En el caso de sistemas más avanzados, con monitoreo remoto e integración de inteligencia artificial, la inversión para un edificio puede ubicarse entre COP 150 millones y COP 200 millones.
El experto lo plantea en términos comparativos: cuando un puesto de vigilancia puede costar alrededor de COP 200 millones al año, la inversión en tecnología resulta competitiva.
No obstante, la transformación no ha sido abrupta. Lo que hoy gana terreno son esquemas híbridos, en los que la automatización se combina con monitoreo remoto desde centrales externas. “La automatización no reemplaza a las personas; reemplaza las funciones básicas”, asegura el vocero de Omicronix Technology.
Al respecto, el superintendente Larry Álvarez ha reiterado que la tecnología puede complementar el servicio, pero no sustituye la responsabilidad humana directa. A su criterio, la presencia de un guarda sigue siendo el estándar preferido en la mayoría de copropiedades.
La vigilancia privada emplea a cerca de 370.000 personas en Colombia, una cifra que, en palabras del superintendente Larry Álvarez, es comparable incluso con el tamaño de la fuerza pública.
De ahí que cualquier transición hacia modelos más automatizados no solo impacta presupuestos, sino también empleo en un sector que representa cerca del 2,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), según la Supervigilancia.
Dairon, guarda de seguridad en un conjunto al norte de Bogotá, reconoce que en muchos edificios varias tareas ya están automatizadas. “Hoy casi todo lo relacionado con vigilancia como tal se puede hacer con tecnología. Para lo que se siguen necesitando personas es para el trato con residentes y para recibir paquetes”, comenta. Aun así, él no ve en la tecnología una amenaza inmediata: “esto es de adaptarse”, afirma.
Lo que viene para la seguridad privada
Por lo pronto, el aumento del salario mínimo aceleró decisiones que muchos edificios venían aplazando.
La posibilidad de revisar la tarifa mínima, e incluso avanzar hacia esquemas más diferenciados según el tipo de servicio y el tamaño de las copropiedades, empieza a tener eco entre Gobierno, gremios y empresas.
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Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
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