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Una de las razones que permitieron al Homo Sapiens consolidarse como la especie dominante fue su capacidad de concebir y respetar normas de conducta que les permitieran mantenerse unidos en grandes grupos; no solo la comunicación jugó un papel importante en su evolución, sino también la confianza en la palabra otorgada. Es la forma más primitiva (en el sentido de antigua) del derecho como mecanismo de control social, que también puede verse en asociaciones primitivas (esta vez en su acepción de rudimentario) como la mafia; sin el respeto a parámetros de conducta previamente acordados, las sociedades son bandadas de seres humanos.
A raíz de la insólita discusión sobre si se deben cumplir unos protocolos firmados entre dos partes negociadoras (no entre individuos) y ante Estados que asumen frente a la comunidad internacional la obligación de garantizar su estricto cumplimiento (de ahí su nombre de garantes), hay quienes sostienen que las normas no deben amparar a los infractores de la ley y que, por consiguiente, frente a los terroristas del Eln el Estado colombiano no debe cumplir lo acordado en los protocolos que permitieron iniciar un proceso de paz que, por cierto, este Gobierno no dio por terminado hasta el repudiable atentado en la Escuela de Policía.
La tesis de que las leyes que consagran derechos frente a la administración de justicia no deben beneficiar a los delincuentes (una periodista decía este fin de semana que eso es una “grotesca caricatura”), es la que ha hecho viable que se pueda torturar a los sospechosos de cometer delitos no solo en las mazmorras de la Santa Inquisición, sino también en las prisiones de Guantánamo, esta vez bajo el piadoso nombre de interrogatorios intensivos; pero también ha dado lugar a las llamadas ejecuciones extrajudiciales que consisten, precisamente, en aplicar la pena de muerte al sospechoso de ser delincuente, antes de haberlo oído y vencido en juicio.
Esta es una tesis insostenible desde el punto de vista jurídico; lo que distingue a los delincuentes de las autoridades estatales es, precisamente, que estas actúan sometidas al imperio de las normas, entre otras cosas porque velar por su cumplimiento es una de sus principales funciones.
Ninguna duda cabe en cuanto a que el atentado del Eln es un acto terrorista que carece de cualquier justificación, y que sus autores deben ser aprehendidos, juzgados y condenados; pero deben serlo con arreglo a las normas que rigen nuestro Estado de Derecho y acatando la esencia de las relaciones internacionales que, en su manifestación más básica, implica cumplir la palabra otorgada; por eso, antes de perseguirlos y someterlos a la ley, se les debe permitir regresar al sitio de donde salieron para asistir a las conversaciones.
Es inadmisible solicitar a dos gobiernos amigos que asuman la obligación de garantizar el estricto cumplimiento de un acuerdo como el suscrito entre las delegaciones negociadoras de Colombia y el Eln, para después exigirles públicamente que incumplan ese deber; no solo se está poniendo en juego la credibilidad de Colombia frente a la comunidad de naciones, sino la de los propios países garantes.
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