Los dilemas de la tierra

Se tratará de una más de la innumerables discusiones que se han realizado, en especial a partir de la nueva política enunciada por el presidente Santos y su ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. Será sin duda una buena ocasión para que se plantee de una manera definitiva cuáles son los planes del Gobierno: ¿Se tratará de un programa de restitución de tierras a los campesinos que han resultado desplazados (cerca de cuatro millones de personas)? ¿Se propiciará una reforma agraria que involucre una política de desarrollo rural en su sentido más amplio, es decir, que incluya temas como el agrario, el minero, el ambiental, al lado de apoyos a la comercialización de productos agrícolas? ¿Se concentrará el Gobierno en mejorar la dotación de bienes públicos o continuará con la política tradicional de asegurar rentas a los grandes propietarios? ¿Se contemplará alguna política para los desplazados que no puedan retornar por consideraciones de orden familiar?

Sin duda hay temas de orden jurídico y económico que tendrán enorme incidencia, pero un observador desprevenido se preguntará si esos asuntos técnicos se pueden ver obstaculizados por al menos tres consideraciones: una primera está representada en la capacidad estatal para echar a andar un programa de esta enorme magnitud: los riesgos de que la tradicional burocratización del Estado se erija como una piedra en el camino son enormes y no sería de sorprender que a esa burocratización se agregara una nueva fuente de corrupción.

Una segunda consideración consiste en los obstáculos que interpondrán, sin duda, las fuerzas de la derecha terrateniente, que verá amenazados sus tradicionales privilegios y que ha demostrado que no se detienen ante métodos violentos para defenderlos: incluirán los esfuerzos de políticos presentes en el Congreso y otras entidades de gestión política, pero también las varias asociaciones gremiales que los representan.

Y una tercera es simplemente la oposición armada, que sin duda se desatará, particularmente en tierras que hoy han sido apropiadas por los neoterratenientes a partir de las múltiples formas de despojos en las que se han convertido en expertos. Para esto cuentan con una fuerza de trabajo disponible, constituida por los cientos de bandas criminales que buscan, de una parte, proteger las tierras recién adquiridas, y de otra, asegurar el control territorial que les permita continuar con su negocio de narcotraficar.

Esta última consideración es de la mayor importancia: ya algunos representantes de la derecha recalcitrante han pronosticado el agravamiento del conflicto armado, pero, peor aún, poco hacen, o dicen, para tratar de evitarlo. Por el contrario, parecería que buscan estimularlo como una amenaza frente al cambio social que implica la nueva y eventual política agraria.

No nos sorprendamos si a la hora de la verdad, en cada caso de restitución de tierras, el Ejército y la Policía tienen que estar presentes para proteger a los campesinos que retornan a sus tierras.