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Trece años esperó Adolfo Gutiérrez Malaver para que la justicia le diera la razón de que no era guerrillero y que no había participado en un atentado terrorista contra la Policía Metropolitana de Bogotá en octubre de 2002. Gutiérrez Malaver no fue más que un chivo expiatorio y víctima de una venganza pasional de un exguerrillero que con su falso testimonio engañó a las autoridades y logró que a Gutiérrez lo condenaran a 28 años de prisión. El Espectador conoció el fallo absolutorio con el que la víctima de esta historia quedó en limpio ante la justicia.
El viacrucis de Gutiérrez comenzó el 25 de octubre de 2002. Ese día fue capturado y, según él, torturado por miembros de la Fuerza Pública durante cinco días que se hicieron pasar por paramilitares y le ponían corriente en los testículos. Poco después se enteró de que lo habían arrestado porque supuestamente era el autor de un atentado con carro bomba contra la Policía que había dejado dos muertos y 39 heridos.
El 22 de octubre de 2002, a las 7:15 a.m., en el lavadero de carros La Tercera, frente a las instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, explotó un taxi que les causó la muerte a Hernán Rojas, auxiliar de tránsito de la Policía, y a Juan Antonio Beltrán, un lavador de carros, y dejó heridos a 39 miembros de la Fuerza Pública. Comenzaron las pesquisas y un testigo anónimo que se presentó ante la Sijín de la Policía dio las primeras pistas que ponían contra la pared a Gutiérrez Malaver.
En los primeros días de noviembre, Adolfo Gutiérrez fue presentado como el hombre que armó el carro bomba del atentado. Empezó el juicio y el 20 de abril de 2005 fue condenado a 28 años de prisión. La sentencia fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá el 21 de julio de 2008. Sin embargo, fue la Procuraduría la que avizoró que en el caso se estaban cometiendo una serie de irregularidades e injusticias.
El Ministerio Público interpuso una demanda de revisión ante la Corte Suprema de Justicia con el argumento de que en el proceso de Justicia y Paz unos desmovilizados habían rendido declaraciones en las que aseguraban que Adolfo Gutiérrez nunca había pertenecido a las Farc. La Sala de Casación Penal de la Corte, en una decisión emitida el 17 de julio de 2013, le dio la razón a la Procuraduría y declaró sin valor las sentencias que profirieron el Juzgado Cuarto Penal y el Tribunal Superior de Bogotá. Es más, ordenó que el juicio volviera a realizarse. Desde ese momento, Gutiérrez Malaver recobró su libertad.
El juicio se reinició en el Juzgado Sexto Penal de Bogotá el 6 de marzo de 2014 y terminó el pasado 2 de julio. Se revisaron las pruebas con las que la Fiscalía trató de inculpar a Gutiérrez por el atentado al advertir que él había sido el explosivista de las Farc que había armado el carro bomba en compañía de Luis Andrés Figueroa, alias Popeye. La prueba principal del ente investigador era el testigo anónimo de la Sijín, identificado como Aldemar Daza, alias Ganso, un hombre que declaró que era un exguerrillero que colaboró con el atentado.
Daza aseguró que el 18 de octubre, día en el que supuestamente armaron el carro bomba, vio a Gutiérrez Malaver, un viejo conocido con quien se había criado en Viotá (Cundinamarca). Sin embargo, uno delos desmovilizados de Justicia y Paz, Adolfo Toledo, alias Dólar, quien dijo haber participado en el atentado, desmintió a Daza y aseguró que todo se trataba de una venganza personal.
Dólar les dijo a las autoridades, en una declaración rendida el 14 de julio de 2011, que Gutiérrez nada tuvo que ver con el atentado y que, de hecho, había sido incriminado por Aldemar Daza porque entre ambos hombres había existido un lío pasional de tiempo atrás en Viotá. Agregó que conoció a Gutiérrez en la cárcel de Cómbita cuando compartieron patio y que al enterarse de su caso decidió hablar. De hecho, advirtió que en ese atentado no participaron las personas que mencionó Ganso, que en realidad lo habían orquestado Iván Parola, Deiri, Ñeque –un explosivista que habría armado el carro bomba– y él, por orden del Paisa.
Dólar señaló que Daza en realidad era un exguerrillero que había desertado de las filas luego de que ordenaran su fusilamiento, ya que había sido acusado de violar a una menor de edad y asesinar al padre de ésta. Su versión fue corroborada por José Santos Montañez, alias Telmo, quien fue comandante de zona entre 1994 y 2004. Este último agregó que si bien no participó en la organización del atentado, conoció a Gutiérrez Malaver en Viotá y que a finales de los años 90 ordenó que lo asesinaran, ya que existía la sospecha de que era un informante del Ejército y los paramilitares.
Esa condición de víctima de desplazamiento fue uno de los principales argumentos en la defensa de Gutiérrez Malaver, ya que no se entendía cómo un hombre que había sido declarado objetivo militar por las Farc, les había colaborado en la planeación de un atentado. El mismo Adolfo Gutiérrez le dijo a la Fiscalía que el día de los hechos él estaba dejando a sus hijos en el colegio y que no entendía por qué Aldemar Daza –con quien se había reencontrado en Bogotá en agosto de 2002 en unos partidos de fútbol luego de cinco años de no verse– había declarado en su contra. Según la defensa, fue por una venganza pasional y para recibir beneficios judiciales.
La justicia, a pesar de demorarse más de una década, llegó. El Juzgado Sexto Penal de Bogotá validó los testimonios de los desmovilizados que aseguraron que Gutiérrez nada tuvo que ver con los hechos, confirmó que el procesado no era ni explosivista ni miliciano de las Farc y advirtió que las versiones de Aldemar Daza no eran creíbles y contenían serias inconsistencias. Finalmente compulsó copias para investigar a este último por falso testimonio. La historia de Adolfo Gutiérrez, quien purgó once años de cárcel y fue señalada por todos como un terrorista, por fin terminó.