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Finalizada en el Congreso la primera ronda de debates y votaciones sobre la reforma política, el texto aprobado por las plenarias de ambas cámaras apunta al fortalecimiento y la modernización de la vida política del país, pero también beneficia directamente a los actuales senadores y representantes. Sin embargo, por tratarse de una reforma que modifica la Constitución de 1991, habrá una segunda ronda legislativa en el primer semestre de 2023 para su aprobación definitiva.
La reforma promueve la paridad de género en los cuerpos colegiados (Senado, Cámara, asambleas, concejos y JAL), la democratización de los partidos y movimientos políticos, la financiación 100 % estatal de las campañas electorales, la renovación del cuerpo legislativo y la participación de las organizaciones sociales en eventos políticos, entre otros aspectos. Además, le quita a la Procuraduría la facultad de sancionar a los elegidos por voto popular, dejándola en manos de los jueces. Así, globalmente, la coalición mayoritaria de gobierno adelantó una labor meritoria.
Sin embargo, se aprobaron o descartaron disposiciones que muestran cómo gran parte de los congresistas legislan en causa propia cuando se trata de leyes que los afectan. Ya antes el entonces senador Gustavo Bolívar decía: “Indignante que nuestro salario llegue a $38 millones mientras la mayoría de colombianos ganan $1 millón o menos. He presentado cuatro proyectos de ley para rebajar el salario de los congresistas y no ha sido posible”. En el mismo sentido otros congresistas han dado la pelea.
En la reforma se eliminó el artículo que limitaba a tres períodos consecutivos la elección a un mismo cuerpo colegiado. No les bastó a los congresistas que así votaron la posibilidad de ser reelectos hasta por 12 años, tiempo suficiente para dar lo mejor de su experiencia, sino que su “vocación de servicio” los llevó a dejar abierta la puerta para atornillarse 20, 30, 40 o más años, como ha sucedido.
Se aprobó la norma que permite a los congresistas oficialistas ser ministros sin tener que renunciar un año antes a su curul. Como bien dijo Antonio Navarro: “En la Constituyente de 1991 protegimos la independencia de las ramas del poder público. Por eso un congresista no puede volverse ministro durante el período en cual fue elegido. Ahora quieren abrir esa «puerta giratoria» en la reforma política. Mala idea”. Además, renunciar a la curul para ser ministro, candidato a una gobernación o alcaldía, o dedicarse a escribir novelas es un desfalco al mandato recibido por voto popular.
Para evitar el transfuguismo, quedó establecido que “quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección por un partido distinto deberá renunciar a la curul y al partido o movimiento político al menos un año antes del primer día de inscripciones”. Pero se autoriza a los actuales miembros de cuerpos colegiados saltarse la norma “por una sola vez”.
La reforma ordena que los partidos y movimientos políticos solo podrán inscribir listas cerradas de candidatos a las corporaciones públicas y deberán ser paritarias, para que hombres y mujeres salgan electos por igual. El sufragante solo podrá votar por el partido de su preferencia, no por un candidato, como en las listas abiertas. La idea es “fortalecer la democracia: ciudadanos votando por ideales, partidos y movimientos políticos fortalecidos”, explica David Racero, presidente de la Cámara. Pero, a continuación, el artículo hace una excepción para las elecciones de 2026, permitiendo que los actuales congresistas encabecen las listas, garantizando así su propia reelección.
La reforma política hace parte del programa de cambio con el que Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales, y los conflictos de intereses que en su trámite aparecen deben ser resueltos a favor del país. ¡La opinión pública deberá seguir con mucha atención la segunda ronda!
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