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En el Country rechazan los edificios altos

Cientos de habitantes del barrio del norte de la ciudad han reunido firmas y puesto vallas para protestar contra la construcción de edificios de 15 pisos o más.

23 de septiembre de 2015 – 11:18 p. m.
Vecinos del barrio Country pusieron vallas como protesta contra la construcción del Balcony 85. / Andrés Torres
Vecinos del barrio Country pusieron vallas como protesta contra la construcción del Balcony 85. / Andrés Torres

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Los efectos del decreto que a finales del año pasado permitió la construcción de edificios altos en la capital están empezando a sentirse en algunas zonas de Bogotá. En el tradicional barrio Country, en el norte de la ciudad, donde los edificios no superan los ocho pisos, hay planes de construir edificios que duplicarán esta altura.

Un caso particular es el que se vive en la carrera 18 con calle 85, donde se libra un enfrentamiento entre los habitantes y la constructora Hitos Urbanos, que edificará el multifamiliar Balcony 85, de 15 pisos, algo que hasta el momento no se había hecho en el barrio, pues estaba prohibido por las anteriores normas de construcción.

En medio de esa batalla, los vecinos se han dedicado a recoger firmas (llevan 600) para oponerse a la obra. Camilo Santamaría, urbanista y habitante del barrio, afirma que uno de los problemas que tendría la zona, si se construyen torres de más de 15 pisos, es que la red vial, el acueducto y el alcantarillado colapsarían, pues no han sido adecuados para atender una densidad de población mayor a la actual.

Otra razón por la que los habitantes están en contra del proyecto es que su calidad de vida y el precio de sus apartamentos decrecerían significativamente, ya que la nueva construcción obstruiría la luz solar y las corrientes de aire de los que hoy disfrutan sus apartamentos y que, de cierta forma, los valorizan.

A pesar de las quejas de los vecinos, la visión de los dueños del nuevo proyecto es otra. El arquitecto Álvaro Rincón, encargado de Balcony 85, asegura que, aunque el edificio será de 15 pisos, sólo tendrá 46 apartamentos, ya que serán viviendas de entre 150 y 200 metros cuadrados. “Como los apartamentos son pocos, las cargas para el acueducto y el alcantarillado no serían la mismas de otros edificios de la misma altura con apartamentos de 70 metros cuadrados”, explicó.

Sin embargo, ante la queja por los inconvenientes con la luz solar que tendrán los edificios más bajos, Rincón señaló que no es una situación diferente a la que vivieron las casas que antes estaban en el barrio cuando se empezaron a construir edificios de ocho pisos. “Es algo que pasa en todas las ciudades del mundo cuando empiezan a crecer y redensificarse”.

Contra el decreto

Pero la preocupación de los vecinos va más allá de la construcción de ese edificio. A Alberto Mendoza, quien ha vivido en la zona por más de 20 años, le preocupa lo que pasará después de que se posicione la primera torre en el Country. “Nos veremos invadidos por edificios que rompen por completo la estética del barrio”.

Es por esto que ha estado luchando activamente contra la construcción del edificio Balcony y del decreto 562 de 2014, que autoriza las construcciones de altura, porque cree que dará vía libre para que se construyan torres cada vez más altas, sin importar las consecuencias.

A pesar de estar enfrentados, Mendoza y el arquitecto Rincón tienen una opinión común: el verdadero problema es la falta de claridad del “decreto de rascacielos”, que no es preciso en temas tan fundamentales como la cantidad y calidad de las vías de acceso, y la obligación de un análisis previo frente a la capacidad de las redes de acueducto y alcantarillado para soportar las cargas de la nueva construcción.

Por eso este decreto ha sido ampliamente cuestionado por entidades como la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), ya que no limita la altura de los edificios sino que se limita a definir el área del terreno en el que pueden ser construidos. Es decir, las constructoras pueden hacer edificios altos siempre y cuando el área base sea amplia y paguen beneficios equivalentes a las cargas que ponen sobre el suelo.

Para algunos expertos, como Camilo Santamaría, este vacío jurídico deja en manos de las constructoras la decisión de dónde construir edificios altos. De ese modo barrios como Santa Bárbara y Chicó, y otros más al sur, como Santa Isabel y Ciudad Montes, podrían empezar a cambiar de silueta de acuerdo con los designios de los empresarios de la construcción. “No es bueno que los ciudadanos sean quienes decidan cómo crece la ciudad. Esa es competencia del gobierno distrital”, explica Santamaría.

Y concluye: “El decreto no está bien pensado y se va a caer. Pero si la licencia que otorgó el Distrito basada en él queda en firme antes de que se derogue el decreto, no habrá marcha atrás y ese edificio se construirá”.

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