Los 100 días del gobierno Santos

La fobia antitécnica, el desmonte del estado regulador, la entrega de muchas de sus partes al paramilitarismo y a mafias locales y nacionales, condujeron todos a un  deterioro de la gestión del Gobierno y a un fenomenal desperdicio de los recursos públicos con que contribuimos penosamente los ciudadanos. Además, el desconocimiento del conflicto interno y la cara dura frente al despojo y dolor de las víctimas, que afecta a millones de ciudadanos, no podía continuar.

Todos estos vicios y políticas protervas fueron advertidas y denunciadas en las campañas electorales del Partido Verde, del Partido Liberal y del Polo Democrático y recibieron un apoyo considerable del electorado. La administración Santos decidió llevar a cabo muchos de los programas de la oposición, desde una perspectiva de buen gobierno que se venía elaborando desde hace dos décadas en una fundación del propio Juan Manuel Santos. Allí se habían trabajado los temas de la corrupción y del papel que deben jugar la tecnocracia y el sector privado en la gestión pública.

En estos 100 días el Gobierno ha presentado varios proyectos de ley que pretenden atacar cada uno de los problemas enunciados. Como el Congreso colombiano funciona con base en los intercambios que hace con un Ejecutivo muy fuerte, es posible que se apruebe mucha legislación a cambio de puestos y contratos. Acá la ideología cuenta menos que la reproducción del electorado del honorable Congreso y el ex presidente y sus ideólogos pueden desgañitarse sin lograr cambiar mucho el rumbo del Gobierno. De todas maneras, en el Legislativo están sobrerrepresentados intereses de grandes terratenientes y de la mafia que actuarán para afectar lo menos posible sus intereses.

Lo que puede ocurrir en el trasfondo militar y en los territorios bajo el control de señores de la guerra no es previsible, pero de nuevo, si se reduce la connivencia del Gobierno con los ejércitos ilegales, éstos tenderán a debilitarse y sobre todo a perder legitimidad. De todas maneras, serán factores duros de poder local que impedirán la puesta en práctica de la ley de víctimas y de la ley de tierras, si es que el Congreso les deja dientes para actuar.

En el tema fiscal el Gobierno ha hecho avances importantes, como retirar las gabelas más costosas, inequitativas e innecesarias: el fin de las deducciones por adquisición de bienes de capital, la suspensión de zonas francas, el retiro de las deducciones por intereses de deuda externa y las exoneraciones que recibía el sector minero, que ya cuenta con una enorme renta que poco comparte con el Estado. Un anuncio importante fue el de que la DIAN recaudará las regalías y no un Ingeominas debilitado y capturado por las grandes empresas del sector.

Pero estos avances están lejos de cubrir el déficit estructural y el aumento sistemático del endeudamiento externo que lo financia. En últimas, la calidad del gobierno Santos va a ser medida por su capacidad de hacer una reforma tributaria integral y profunda que le devuelva al Estado su equilibrio y lo fortalezca para acelerar el desarrollo económico y social del país.