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FRENTE A ASUNTOS COMO LOS CRÍmenes de lesa humanidad, la violación de los derechos humanos y la explotación masiva de indígenas, existen dos actitudes bien distintas: una minoría activista y militante se consagra a combatir lo que considera intolerable, mientras que la mayoría indiferente menosprecia, minimiza o desconoce estos problemas.
Los primeros, con frecuencia, se estrellan contra la indolencia y el desdén de los muchos. Del contrapunto entre unos y otros surgen conflictos y, a veces, leyendas.
Ambas actitudes aparecen con nitidez en El sueño del celta, la última novela de Vargas Llosa. El protagonista, Roger Casement, como tantos otros en las obras del Nobel peruano, es una especie de quijote en busca de causas nobles que le permitan ofrendar la generosidad de su alma.
Casement emprendió, con el ánimo de un redentor, cuatro misiones en su vida: en su juventud, la del idealista promotor de una civilización que debía llevar el progreso, el cristianismo y el libre mercado a África. Cuando se desengañó de este sueño, embistió con su pluma contra los belgas que expoliaban al Congo, asesinaban y torturaban a los nativos. Más adelante, denunció los horrores de la Casa Arana en el Putumayo. Y fiel a su temperamento, al final, alcanzó el martirio: fue ahorcado después de promover la insurrección de la Irlanda católica contra el imperio británico, el mismo que antes lo había honrado como su caballero.
Casement se estrelló contra la indiferencia de belgas y británicos que justificaban o negaban la explotación de los nativos en África. Polemizó con el cónsul británico y los miembros del gobierno de Iquitos que no querían ver lo que estaba frente a sus ojos: los castigos inhumanos, las torturas y los asesinatos de los indios de la Amazonia. Y fracasó en su empeño por contagiar a la mayoría irlandesa de sus sueños independentistas.
El campeón de la indiferencia fue el gobierno de Colombia, un país en cuyo territorio —la selva entre los ríos Putumayo y Caquetá— se llevó a cabo el grueso de la explotación de la Casa Arana, y cuyos ciudadanos, los caucheros y, sobre todo, los indígenas de la zona, fueron objeto de crímenes horrendos que escandalizaron al mundo civilizado.
El gobierno de Colombia nada dijo frente a los abusos de Arana en la primera década del siglo XX. No protestó ni participó en las discusiones que se dieron en Inglaterra y Estados Unidos a raíz de las publicaciones de Casement y otros observadores. Es más, autores como Ovidio Lagos, el biógrafo de Arana, sugieren que hubo cierta complicidad de sus agentes con las actividades del cauchero peruano.
Colombia, paradójicamente, se benefició de la cruzada de Casement, un personaje que hizo lo que hoy hacen las ONG que defienden los derechos humanos, cuyos reportes y denuncias debilitaron seriamente a Arana. A causa de las sanciones de los británicos y su presión sobre el gobierno peruano, el cauchero fue forzado a reducir el volumen y la intensidad de sus operaciones en el territorio colombiano (a partir de 1910, la Casa Arana entró en franca decadencia, no sólo por los efectos de las denuncias de Casement, sino, sobre todo, por el desarrollo de la explotación del caucho asiático, de mejor calidad y menores precios). El celta, sin quererlo, contribuyó a salvar a Colombia de las consecuencias de su propia indiferencia.