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El gol a la reforma de las regalías

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EL GOBIERNO SANTOS APLAUDIÓ ESta semana la aprobación, en tercer debate en el Congreso, de la reforma constitucional con la que pretende volver a barajar cómo se reparte la jugosa torta de las regalías petroleras y mineras.

Con esto quiso disfrazar lo que a mi modo de ver es una derrota demasiado temprana en la larga batalla que se propuso dar. Quedó eliminado uno de los seis fondos que proponía, y que era un mecanismo clave para hacer más visible y controlable el manejo que hicieran municipios y departamentos de sus regalías directas.

Por semanas, los políticos de estas entidades territoriales han venido invocando indignados las urgentes necesidades de sus regiones, la autonomía regional, y cómo necesitan millones para contrarrestar las siete plagas que les caen cuando se descubre un yacimiento. Usando la graciosa expresión del senador Laserna, en realidad no son más que “objeciones de chequera”. Cínicos sin parangón, pues por dos décadas han gozado de estos dineros a chorros y aún muestran sin sonrojo índices sociales deplorables en sus territorios.

Un vistazo general pone en evidencia la doble moral de estos dirigentes. Ahí están los elefantes blancos construidos en Arauca. Ahí, las 21.681 irregularidades detectadas por Planeación Nacional en el manejo de regalías en los últimos cinco años, que la ha llevado a retener giros a 237 entidades territoriales. Ahí, el alcalde de Arauca destituido este año, y el ex alcalde de Castilla La Nueva hace unos meses, los seis que han salido mal parados en la Jagua de Ibirico, y los tres mil millones embolatados por los últimos alcaldes de Neiva, según denunció La Nación. Y en la justicia está la evidencia del desvío generalizado de regalías hacia las arcas de guerrilleros en Arauca y de paramilitares en Sucre.

Pero aún si estos municipios hubiesen sido gobernados por Gandhi y Sor Teresa de Calcuta, es probable que tampoco hubieran podido manejar bien las regalías. Cómo podía, por ejemplo, Aguazul en Casanare, un municipio de 32 mil habitantes, administrar bien los 56 mil millones de pesos de regalías que recibió en 2009, sin los funcionarios idóneos, ni la fortaleza institucional, ni el desarrollo político, ni una ciudadanía con el poder y la información suficientes.

La idea del Gobierno de distribuir una parte de las regalías en varios fondos, con vigilancia y participación nacional y regional, busca que los 95 mil millones que llegarán con la bonanza minero-energética entre 2012 y 2020 se inviertan mejor. Pero el último gol de los políticos deja el esquema cojo, pues los productores seguirán como antes, decidiendo y ejecutando directamente sus regalías. Los casanareños, los metenses y los araucanos continuarán sufriendo de sed, mientras ven pasar ríos de plata por sus pagos.

El Gobierno tenía con qué pelearla, pues son más los municipios y departamentos que se ven beneficiados por la reforma a las regalías, pero no lo hizo. ¿Y, si cedió en esta etapa relativamente fácil, qué no entregará cuando tenga que sacar en 2011 la ley que sí definirá el tema álgido de cuál será el porcentaje de regalías que irá a los municipios productores, y cuál se repartirá a todo el país?

Me temo que la concesión es un síntoma de que los compromisos políticos de Santos y de Vargas Lleras con las élites políticas regionales de siempre pueden pesar más que sus intenciones de ayudar a los más marginados. Y si recién estrenando gobierno, ya empiezan a comprar gobernabilidad nacional de corto plazo, cediendo a la ambición de largo aliento de los peores líderes territoriales, no habrá reformas, ni estatutos que valgan, para frenar el despilfarro y la corrupción.

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