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En las últimas semanas, el concepto de “constituyente universitaria” ha recobrado relevancia en los pasillos de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). La razón principal es que el Consejo Superior Universitario (CSU), el máximo órgano de decisión de la institución, dio luz verde para iniciar formalmente este proceso. “Gracias a la comunidad universitaria por sus aportes en la construcción de esta propuesta inicial que busca la democratización del gobierno y la vida universitaria”, fue el mensaje con el que el rector Leopoldo Múnera anunció la iniciativa. La noticia generó revuelo dentro de la comunidad educativa, pues algunos creen que aún persisten dudas sobre cómo se desarrollará ese proceso.
Óscar Mejía Quintana, profesor titular de la Universidad Nacional y doctor en Filosofía del Derecho, por ejemplo, calificó este proceso en su cuenta de X como ‘absolutamente burocratizado’ y carente de fundamentos sólidos. Luis Eduardo Gallego, docente de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la institución, también aprovechó esta red social para expresar su inconformidad y cuestionar la falta de consulta previa. “Resulta incoherente esta iniciativa sin la consulta a la comunidad. Recuerde usted (Leopoldo Múnera) que tener la mayoría absoluta en el CSU no implica que tenga la mayoría absoluta en la UNAL”, señala el mensaje.
Múnera, en entrevista con este diario, considera que esas críticas son comunes en cualquier proceso de transformación o reforma, pues, dice, no todos los profesores, estudiantes o miembros de la comunidad universitaria comparten la misma visión sobre la iniciativa. Por eso, agrega que uno de sus principales desafíos es poder desarrollar este proceso con la mayor participación posible. Aclara, además, que por el momento no hay un proceso predefinido y no se va a imponer ningún proyecto. Para fomentar la participación masiva, desde la rectoría han apostado por estrategias pedagógicas como videos en redes sociales, debates y encuentros internos. A pesar de eso, al proceso todavía le queda un largo camino al interior de la institución.
Los puntos clave de la constituyente de la Universidad Nacional
Como había explicado a este diario Santiago Roldán, politólogo y especialista de políticas públicas de la Nacional, cuando se habla de constituyente universitaria se busca la creación de espacios con una participación más democrática dentro de la institución. Básicamente, se trata de construir un Congreso universitario, en un primer momento, “donde diferentes estamentos (trabajadores, estudiantes, egresados y profesores) decidan cuáles van a ser los estatutos en la universidad y generar un ambiente más democrático en las diversas elecciones, desde decanos hasta rectores”, añade.
Aunque ahora toma impulso, la propuesta de una constituyente no es nueva. Según Ronald Vargas, exrepresentante estudiantil en el CSU, organizaciones estudiantiles que son tradicionales como la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios o la Federación de Estudiantes Universitarios, llevan décadas buscando impulsar este proyecto. “La figura de Constituyente no existe, eso es un nombre que se le dio en la universidad y, si bien tiene diferentes interpretaciones por parte de un bando o de otro, finalmente lo que busca es cambiar los estatutos de la universidad con un objetivo específico”, aclara. Esta vez, el respaldo del CSU ha permitido que avance con mayor firmeza.
Múnera explica que su propósito es que la constituyente tenga cinco puntos esenciales: la composición, funciones y características de los cuerpos colegiados; la designación y elección de autoridades académicas; las formas y mecanismos de participación democrática; el fortalecimiento de la cultura política democrática y el reconocimiento de las organizaciones de la comunidad universitaria.
Uno de los cambios que se plantea en este proceso es el de definir una nueva estructura administrativa y de gobierno para la universidad. El rector cree que “los cuerpos colegiados, que son las instancias que hoy toman las principales decisiones de la institución, como el CSU, no están conformados mayoritariamente por representantes de la comunidad universitaria. Tampoco hay un proceso democrático en términos generales para nombrar las autoridades académicas”.
Pero, para lograrlo, desde la rectoría le apuestan a dos etapas. La primera estará a cargo de una Comisión facilitadora, aprobada por el CSU e integrada por algunos de sus miembros. Su propósito será promover diálogos con diversos estamentos y cuerpos colegiados para formar la llamada mesa constituyente. Esta, en la segunda etapa, será el órgano encargado de recoger y debatir propuestas.
En los planes de Múnera está que la mesa constituyente cuente con representantes o voceros de los estudiantes, de los profesores, de los trabajadores, de los egresados, de los pensionados y de diferentes grupos que componen la universidad. La idea es que esté conformada por más de 100 personas que serán elegidas por la comunidad universitaria. Su labor será recibir propuestas a través de tres canales: cuerpos colegiados (consejos de facultad, académico, de sede y superior), claustros y colegiaturas institucionalizadas, y espacios autónomos organizativos.
Una vez discutidas y consensuadas las propuestas, estas serán enviadas al CSU, que tendrá la última palabra en su evaluación y aprobación. La meta de la rectoría, que Múnera cataloga de ambiciosa, apunta a que la mesa quede establecida en junio, inicie el debate en julio y, a final de año, se presenten las propuestas definitivas. En su opinión, “todo depende de cómo quede organizada la mesa constituyente y de cuáles son las reglas que se establezcan allí para su autorregulación”.
Las dudas que han surgido de la constituyente de la Universidad Nacional
Este proceso, no obstante, ha sido recibido con escepticismo por otros sectores de la universidad. Diego Torres, físico y representante de los docentes en el CSU, cree que “hay mucha apatía al respecto, porque no sabemos exactamente eso que es”. En su opinión, se ha creado una confusión. Según dice, la Universidad Nacional no tiene una constitución como la de un país, que pueda ser modificada a través de mecanismos como una constituyente. De entrada, el concepto no encaja dentro del organigrama de la universidad”, cree el físico.
Otro punto a considerar, agrega Camilo Younes, ingeniero electricista y docente de la UNAL, es que aunque la constituyente está siendo impulsada como una propuesta del rector Múnera, no se mencionaba este proceso en su programa de gobierno. A sus ojos, esta iniciativa nació después de la crisis que se generó durante el proceso de designación de rector. Entonces, añade, como fue un tema que no se presentó durante esa campaña electoral, “en estricto sentido, no contó con el respaldo de los diferentes estamentos de la universidad”. Esto, en su opinión, generó que se impulse un proceso lleno de vacíos e incertidumbres. “Solo tenemos un nombre y muchas inquietudes sin certeza”.
Vargas, exrepresentante estudiantil en el CSU, coincide en que, aunque el tema se ha discutido por años, todavía no se comprende del todo su alcance. “La participación en las mesas que han instalado ha sido baja”, cuenta y, anota, las razones que ha logrado percibir es porque la mayoría de estudiantes se han enfocado en sus problemas cotidianos, como su cupo en la universidad o su carga académica. “El tema político de cómo se eligen autoridades o quiénes están en los cuerpos colegiados incluso pasa desapercibido. No es algo muy relevante”.
Frente a estos vacíos, Younes le plantea una propuesta a la rectoría: realizar una consulta a la comunidad educativa para conocer qué entienden por constituyente. De hecho, desde el estamento docente han impulsado una petición en la plataforma change.org con el fin de recolectar firmas de quienes se oponen a este proceso. Hasta el momento, la iniciativa ha recopilado 363. El principal temor de algunos maestros y sectores de la universidad, cree Torres, es que se apruebe una iniciativa que responda más a intereses políticos, que académicos.
A pesar de las críticas e incertidumbre, Múnera insiste en que el proceso seguirá adelante, priorizando los espacios pedagógicos y de deliberación. “Puede que quizás haya un momento en que el debate lleve a que se deba hacer una consulta informada, pero será después de la deliberación con la comunidad”, anota.
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