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Con la eliminación de la reelección presidencial, aprobada ayer en tercer debate por la comisión primera de la Cámara de Representantes empezó formalmente la discusión de la reforma de reequilibrio de poderes en esta corporación. Aunque las mayorías de la coalición de la Unidad Nacional son amplias, el debate en la Cámara será difícil. Por eso, el Gobierno dedicará todas sus fuerzas a sacar adelante los temas que el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, ha considerado que son prioritarios.
Para evitar la tentación de que un presidente en ejercicio, con la influencia que tiene el Ejecutivo sobre el Congreso, busque revivir la figura de la reelección, fue ratificado un artículo que plantea que una reforma de este tipo sólo podrá realizarse vía referendo, para que esta facultad sea sólo de los ciudadanos y no de los legisladores o del gobernante de turno.
El Gobierno es consciente de lo complejo que se ha tornado el tema, ya que en los debates del Senado fueron incluidos puntos que hicieron difícil la discusión, y ahora se habla de un recorte en su articulado para mantener los “puntos de honor”, como los ha calificado el ministro Cristo.
Recorte que en voz baja califican de necesaria, porque hay artículos que consideran, no contribuyen a reequilibrar los poderes, y la iniciativa puede terminar convertida en un ‘monstruo’, tal y como calificó el presidente Juan Manuel Santos a la fallida reforma a la justicia, que tuvo que objetar en su primer mandato y cuyo contenido coincide en algunos puntos con la que se está tramitando en este proyecto.
Las prioridades están claras, y así se lo ha hecho saber el ministro Cristo a los ponentes de la Cámara, a quienes planteó que para el gobierno los puntos de honor son: la eliminación de la reelección del presidente y de altos funcionarios del Estado; la liquidación del Consejo Superior de la Judicatura; el fin del carrusel de nombramientos entre magistrados de las altas cortes; la implementación de listas cerradas, eliminando el voto preferente; la silla vacía por corrupción y la creación de curules regionales que permitirían que todos los departamentos tengan representación en el Senado.
La decisión del Gobierno de reducir el contenido a lo necesario no es improvisada. En primer debate fue incluido el supertribunal de aforados que se convirtió en la manzana de la discordia. El Ejecutivo quiere que este tribunal investigue pero que el juzgamiento le corresponda a la Corte Suprema de Justicia. Los parlamentarios, en su mayoría, consideran que la investigación y el juzgamiento debe darse en el supertribunal que se cree.
También hay temas que pueden dilatar la discusión y poner en riesgo la reforma, como la posibilidad de que los congresistas renuncien para aspirar a cargos públicos, dar vía libre a coaliciones para las elecciones a Congreso, Asambleas y Concejos, limitar las reelecciones de congresistas, permitir reemplazos cuando se trate de licencias de maternidad y las modificaciones a los juicios disciplinarios.
También puede ser dilatante la propuesta de Cambio Radical, que permitiría que el vicepresidente de la República, en este caso Germán Vargas Lleras, aspire a la presidencia en 2018. El artículo 197 de la Constitución de 1991 dejó abierta la posibilidad de que el vicepresidente aspire a la presidencia sin necesidad de renunciar a su cargo.
Por eso, durante los debates en Senado fue incluida la prohibición para el “coequipero” del Presidente de la República. Consciente de las implicaciones de este artículo, el representante a la Cámara de Cambio Radical, Rodrigo Lara trató de eliminar esa inhabilidad de la reforma y señaló que estaba intencionalmente dirigido al jefe natural de su partido.
Sus argumentos no fueron acogidos por la Comisión Primera en donde los representantes dejaron claro que de no incluir esta modificación, se estaría dando paso a una participación electoral de Vargas Lleras, como eventual candidato a la presidencia, entregando obras de infraestructura y viviendas que son las principales funciones que desempeña hoy como vicepresidente.
Pero precisamente por estas polémicas el Ministro del Interior quiere que el proyecto sea depurado y concentrarse en la aprobación de los llamados puntos de honor. Más cuando de modificar temas que involucren a parlamentarios, los congresistas tendrían que presentar sus impedimentos. Por ello, se corre el riesgo de que el proyecto se empiece a llenar de “articulitos” que, con aire de se prioritarios, hagan caer la rama de la principal iniciativa del Gobierno en este primer semestre legislativo.
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