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La alcaldesa López ha dicho, incluso después de la reunión con el presidente y el concesionario chino, que el contrato suscrito y en ejecución sobre la primera línea del metro (PLM), continuará sin interrupción alguna. Esta afirmación, a más de ser rigurosamente apegada a la ley, pone a prueba la seriedad de la palabra de la mandataria distrital. Los bogotanos esperan que los esfuerzos gubernamentales se concentren en terminar la construcción de la primera línea y en dejar contratada la segunda.
La definición del trazado y la contratación de la PLM, en la administración de Enrique Peñalosa, se halla soportada en rigurosos y planificados estudios técnicos, ambientales, económicos, financieros y jurídicos. Los estudios ambientales, por ejemplo, responden a exigentes estándares del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, que además fueron un requerimiento especial para el otorgamiento del crédito para este proyecto férreo. Los términos de la licitación adelantada y la contratación suscrita, se ciñen y soportan en todos ellos.
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El cambio pretendido por el presidente Gustavo Petro, corresponde al adelantamiento de otro proyecto muy diferente al actual, que no pudo llevar a cabo cuando este fuera alcalde mayor. Por esta razón, resulta jurídicamente improcedente, a estas alturas, reemplazar el objeto de un contrato suscrito y en ejecución (18%) por otro, que responde a exigencias y características técnicas y jurídicas muy diferentes a las que se tuvieron en cuenta en el proyecto efectivamente materializado por Enrique Peñalosa como alcalde mayor, previa la realización de una admirable licitación pública internacional.
Es de tal protuberancia la imposibilidad jurídica de acceder a la sugerencia presidencial, que el mismo concesionario chino señaló, con toda la razón y una responsabilidad que merece destacarse, que los riesgos jurídicos de actuar como lo pretende la Presidencia y el Ministerio, son mayúsculos. ¡Lo son!
El ministro de transporte anunció que cuenta cinco (5) conceptos de reconocidos juristas a quienes se les ha pagado para que emitan su opinión al respecto. Mencionó a los exmagistrados Enrique Gil Botero y Jaime Orlando Santofimio, por quienes tengo el mayor aprecio y respeto personal y profesional. Sin embargo, resulta difícil advertir bajo cuáles criterios legales y jurisprudenciales vigentes, los juristas dan -supuestamente- viabilidad a semejante absurdo de hacer una adición contractual cuando realmente se está frente a la indebida sustitución del objeto de un contrato estatal.
Para conceptos de abogados, el que diera Néstor Humberto Martínez, sobre la adición al contrato de la Ruta del Sol. Lo prudente y diligente, es que el Gobierno Nacional acudiera -o acuda- a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, como instancia natural de consulta del Gobierno, donde quienes se pronunciarían son magistrados en ejercicio -no abogados de parte- y con la independencia requerida para conceptuar sobre los asuntos del Estado.
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El contrato de la PML es del orden distrital. Por eso, es la alcaldesa y su equipo quienes deben sopesar las decisiones al respecto. El presidente y el ministro no pueden obligarlos a modificar contrato alguno, sin que al hacerlo no resulten violando la Constitución y la Ley. La invitación del ministro a la alcaldesa, para entrar en un terreno jurídico riesgoso, fangoso y resbaladizo, solo tendrá efectos sobre ella y su equipo.
La inoportunidad y carencia de sustento de la sugerencia presidencial para la modificación de este contrato, se enfrenta, adicionalmente, a la necesidad de modificar la ley de metros, que no permite al Gobierno Nacional cofinanciar estos sistemas en más del 70% y, Bogotá, llegado el hipotético caso, señaló que no aportará un peso más. ¿De dónde saldrán, entonces, los billones de pesos adicionales para sufragar este capricho presidencial?
Aclaración: Frente al anuncio mediático del ministro de transporte de contar con varios conceptos de juristas, entre ellos el del exmagistrado Jaime Orlando Santofimio Gamboa, a propósito de la modificación del contrato del metro de Bogotá, debo señalar que conversando con el doctor Santofimio Gamboa, me ha indicado que no tiene contrato alguno con el Estado para pronunciarse sobre este caso en específico. Lo que ha realizado es un ejercicio académico general sobre la posibilidad de modificación de los contratos estatales, pero no aborda de manera concreta y a fondo el contrato distrital del metro. A la fecha, el gobierno no ha contratado al profesor Santofimio Gamboa para pronunciarse al respecto.
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