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La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación, representada en el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y la Policía Nacional, por las omisiones en la protección de la población civil de La Gabarra (Norte de Santander) que permitió constantes incursiones de grupos paramilitares en la región.
Esta ausencia de la fuerza pública permitió que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) incursionaran a la población. Con lista en mano cometieron asesinatos selectivos en contra de un grupo de personas señaladas de ser colaboradores de la guerrilla, lo que causó además temor y zozobra en la población civil que tuvo que abandonar sus viviendas.
Para el Consejo de Estado es evidente que se presentó una violación sistemática de los Derechos Humanos. “Es así como se manifiesta en la preexistencia de dos masacres cometidas en La Gabarra por grupos insurgentes que actuaba en el municipio de Tibú, frente a la inexistencia de seguridad pública”.
Para el Consejo de Estado es evidente que se presentó una violación sistemática de los Derechos Humanos. “Es así como se manifiesta en la preexistencia de dos masacres cometidas en La Gabarra por grupos insurgentes que actuaba en el municipio de Tibú, frente a la inexistencia de seguridad pública”.
Debido a esto el alto tribunal le pidió a la Fiscalía General, la Procuraduría General y la Justicia Penal Militar adelantar las investigaciones correspondientes para establecer la participación de la Fuerza Pública en las omisiones paramilitares registradas el 29 de mayo, 29 de julio y 17 de agosto de 1999.
Esto debido a que existe evidencia que permite inferí que facilitaron y contribuyeron “al desarrollo de las actividades delincuenciales desplegadas por los grupos armados insurgentes” que delinquían en dicha región. Además se pide establecer las causas de dicho ataque generalizado.
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