Sin ley se puede

La expectativa de que el proyecto se aprobará con mínimos retoques en marzo, cuando el Congreso retome sus funciones, no es tan viable. En primer lugar, porque entonces estará más caldeado el ambiente político y tendrá más peso la verdadera razón por la cual se hundió el proyecto: la mayoría de los congresistas no se convencen con argumentos sino con conveniencias.

En segundo lugar, porque aunque en el proyecto todo parecía deseable —un único organismo regulador, incentivos para la industria, subsidios para los contenidos y la conectividad—, en su trámite aparecieron fantasmas como el de los contratos que se celebran para programar los canales públicos.

Es verdad que muchos de ellos se adjudican a dedo y que son una velada forma de control gubernamental a la información, pero desde hace décadas se hace lo mismo. Ciertamente nuestro sistema público de radio y televisión está al vaivén de los gobiernos de turno —en el ámbito nacional y en el regional— y dista demasiado de modelos que añoramos, como el de la BBC. Además, nunca ha existido una evaluación seria de la rentabilidad social que tienen los ingentes recursos que se destinan a financiar a los operadores públicos.

Es paradójico que los opositores acérrimos del proyecto del Gobierno, adalides de la independencia periodística, no hayan reparado en que esta iniciativa legislativa no hace nada para cambiar la amenaza más grande que desde siempre pesa sobre la libertad de información en este país. Las autoridades administrativas en Colombia, sin intervención de un juez, pueden castigar a los operadores por los contenidos que emiten e imponer su criterio de programación.

@jcgomez_j