Inmuebles rematados: negocio de carteles

Durante los seis años siguientes le pagó al banco $82 millones y le realizó mejoras a la casa por $70 millones. Pero en 2004, cuando él asegura que estaba al día en los pagos, la entidad financiera inició un proceso jurídico que en noviembre de 2006 significó el remate de su casa por $80 millones, en ese momento valorada en $230 millones.

Las irregularidades en su caso no pararon ahí. En enero de 2007, Salcedo le pagó al banco $3 millones, cuando se suponía que el proceso ya había terminado, pero el juez del caso no declaró ninguna anomalía y continuó con el proceso.

Hoy, Salcedo espera la reestructuración de la liquidación de su deuda y tiene demandado al banco por fraude procesal y al juez, por cuatro delitos, entre ellos prevaricato.

Pero en el caso de este deudor del sistema Upac, existe una preocupación adicional: durante una conciliación, el comprador

de su vivienda le confesó que él era testaferro de un grupo, que se dedica a comprar los inmuebles rematados en condiciones irregulares.

Las alarmas sobre esta problemática las prendió el ministro de Medio Ambiente y Vivienda, Juan Lozano, la semana pasada, cuando aseveró que su cartera había confirmado la existencia de varios grupos de ‘carteles’, que “van a los remates de los inmuebles que deben ser desalojados y posteriormente los venden a un precio mucho menor”.

El director general de la Asociación Nacional de Usuarios del Upac (Anupac), Fernando Salzar, asegura que estos nuevos grupos se han dedicado a promocionarse en los medios de comunicación, “ofreciendo asesorías para el remate de inmuebles y luego de lograr que los usuarios acepten sus servicios, se ponen de acuerdo en quién se queda con que inmueble. Cuando llegan a los juzgados sólo pagan el monto mínimo por cada casa o apartamento y de esa manera no se cumple el proceso de subasta, que establece la ley.

Por esa razón, los deudores del sistema Upac le solicitaron a las autoridades que se cree un grupo que investigue quién está detrás de estos carteles y a la DIAN que establezca de dónde salen los dineros con los que los ofertantes se hacen a inmuebles rematados y que en muchos casos pagan menos de la mitad del valor real.

“Es muy raro ver a muchachos de 20 años comprando 20 o 30 inmuebles de $300 millones. Además, nosotros sabemos que muchos de esos ‘carteles’ son propiedad de banqueros y jueces que tienen intereses en el negocio para quedarse con los inmuebles pagando casi nada por ellos”, agrega Salazar.

Ante estas denuncias y otras, como que los jueces de los procesos y sus secretarios reciben regalos, bonos de mercado y tarjetas prepago de parte de los nuevos compradores para que ordenen de manera casi inmediata el remate de las viviendas hipotecadas, el Ministerio de Ambiente y Vivienda anunció que le solicitará a la Fiscalía General que investigue estas denuncias y dé a conocer cuanto antes las irregularidades y los delitos que se estén presentando.

“Lo que no puede pasar es que colombianos que, por razones ajenas a su voluntad, que se habían quitado el pan de la boca por pagar unas cuotas, pierdan su casa, y, por un valor inferior, comerciantes y traficantes de inmuebles compren sus propiedades para lucrarse”, afirmó el ministro Lozano.

Otra de las medidas que anunció esta Cartera es que creará una oficina para que inmediatamente se inicie la revisión de las liquidaciones de los procesos del Upac, como lo dispuso la Corte Constitucional y que, según Anupac, el superintendente financiero se ha negado a realizar.

Los deudores de este sistema de financiación de vivienda esperan que los resultados de estas disposiciones se empiecen a ver en el corto plazo y que las autoridades cumplan, además, con el compromiso de no usar la fuerza durante los desalojos.