Respuesta a Santiago Montenegro sobre Transmilenio en la Séptima

Con lo que no estoy de acuerdo es cómo la comienza: “La construcción del Transmilenio sobre la carrera Séptima de Bogotá ha recibido muchas críticas, en su inmensa mayoría injustificadas y en gran medida basadas en el resentimiento y la envidia de los opositores políticos del alcalde.” Argumento que se volvió caballito de batalla y que descalifica, de plano, cualquier comentario sobre lo propuesto. No tengo ningún resentimiento contra el alcalde Peñalosa y sí una enorme gratitud, tampoco soy uno de sus opositores políticos; jamás he votado por el Polo Democrático, su gran opositor, ni creo que lo haré. 

Digo lo anterior porque después de haber seguido con juicio el proceso de diseño de la Troncal por la carrera séptima, estoy convencido de que éste bien se puede mejorar, especialmente en uno de los sectores más críticos y más relevantes de su trazado, si no el más, su paso por el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera y que además, se hubieran podido evitar perjuicios como la pérdida de la ciclovía dominical desde la calle 32 hasta la calle 100, perjuicio este último que la Alcaldía ha negado con insistencia. 

La suma es fácil. Desde su apertura en 1974, cuando la población de la ciudad apenas llegaba a los tres millones de habitantes, se ha dedicado para la ciclovía dominical en este sector una calzada de aproximadamente 9mts de ancho. En el diseño que se ejecutará, se dedicará, para una ciudad de siete millones de habitantes una calzada de poco más de seis metros, además de que será necesario instalar algún tipo de barrera que proteja a los usuarios de la ciclovía  del carril de Transmilenio, es decir que se le reduce el área fácilmente en un 40% para el doble de usuarios. En términos reales, en la ciclovía propuesta para la nueva troncal en el sector señalado, habría cuatro veces más personas de las que hubo en 1974. O dicho de otro modo, cada persona tendría cuatro veces menos espacio en la ciclovía planeada, del que se tuvo en sus inicios. 

En lo que tiene que ver con el Parque Nacional éste será mutilado en 11 metros a lo largo de todo su frente (algo más de 200 mts). Es decir perderá su alameda principal, parte de los senderos históricos y zonas verdes, para ser reemplazados por los dos carriles del tráfico mixto y el andén de servicio, y, frente a él, lo que en el lenguaje de la conservación patrimonial se denomina “área de influencia”, y que como tal se debe tratar con especial cuidado en cuanto a usos, modificaciones propuestas y el impacto que sobre la ciudad estas puedan tener (para el caso, nefastos) se instalará una de las más grandes estaciones del sistema; 30.000 usuarios día y 4.000 en hora pico. Eso generaría una sólida barrera con la manzana occidental de la carrera Séptima en este sector, en una manzana que, dicho sea de paso, contiene dos edificios declarados Bien de Interés Cultural. Además de lo anterior, la presencia de esta estación modifica radicalmente la vocación recreativa y de encuentro que representa este icónico lugar, así como la arquitectura del sector. 

Estación que se localiza en donde no está la demanda, pues es claro que la demanda está en el sector de las Universidades Javeriana, la Distrital, la Universidad Piloto y la Gran Colombia, y claro, del Hospital San Ignacio además de sus enormes servicios complementarios. ¿La razón? Porque en este punto “no cabe”, dice el acta del Consejo Nacional de Monumentos del 8 de marzo del 2018. Yo digo, no cabe, tal como está diseñada.

La mutilación del Parque Nacional Olaya Herrera para dar paso a la instalación de una enorme estación de Transmilenio, tiene tres implicaciones de alta gravedad. 1. Urbana. Se está localizando una terminal de buses en donde no está la demanda. 2. Se está mutilando un Bien de Interés Cultural de la Nación. Es como quitarle a la Custodia de la Lechuga una media docena de esmeraldas porque estas desentonan con el diseño de la vitrina en que se expone. Ni más ni menos. 3. La última y por ello la más grave: seguramente aprovechando una rendija que dejó alguna de las normas de protección del patrimonio, se pretende pisotear toda la normatividad concebida para la protección del patrimonio de la nación. Esto, por vía de la resolución expedida por la señora exministra Mariana Garcés su último día hábil en funciones autorizando este atropello al tal vez más importante Bien de Interés Cultural de la Nación de carácter urbano de la capital, y que no nos llamemos a engaños, no es nada distinto a un acto de corrupción. El peor de todos los actos de corrupción, el minar la credibilidad del Estado frente a sus ciudadanos. Mientras a una viuda que tiene una gotera en su casa en la Candelaria se le exige gran cantidad de trámites para curarla, a riesgo de que tenga que dejar su casa por las exigencias hechas por el Ministerio de Cultura, la exministra Garcés se carga con cerca de 4.000 mts 2 del Parque Nacional y le instala en su lugar una terminal de buses.

Enrique Uribe Botero.

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